Jorge Ivan Gastelum Avila
Expediente 1719/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1719/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/12/2017
Partes del expediente
- Edgar Coronel Aispuro y Otros.
- Jorge Ivan Gastelum Avila
- Jorge Ivan Gastelum Avila y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; quince de diciembre de dos mil diecisiete. De la primera certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Edgar Coronel Aispuro, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de ocho de noviembre del presente año, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, de la segunda certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Jorge Iván Gastelum Ávila no recurrió la determinación dictada el veintiuno de noviembre del presente año, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Se declara que han causado estado para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues, se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la constancia de notificación practicada al quejoso Jorge Iván Gastelum Ávila, el diecisiete de noviembre del año en curso, practicada por el Actuario de la adscripción, de la cual se desprende que el quejoso ratificó el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, manifestando "Sí me desisto.". A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido por los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Y, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Expuesto lo anterior, es claro que en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio..". Por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Cinthya Castillo Castillo, en representación de Jorge Iván Gastelum Ávila, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; pues la voluntad para promover éste es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada y con la sola declaración de la conformidad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, porque el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete por el presente auto, pues en aras de la pronta y expedita administración de justicia, no obliga a este órgano jurisdiccional a decretarlo hasta la celebración de la audiencia constitucional, por tanto se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad a lo ordenado en auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, la audiencia fijada para la celebración de la denuncia de violación a la suspensión de plano señalada para las doce horas del veintisiete de noviembre del presente año. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, dura te el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraría consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiuno de noviembre pasado, en cumplimiento al citatorio de veintitrés de los actuales. I. Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la constancia de notificación practicada al quejoso Jorge Iván Gastelum Ávila, el diecisiete de noviembre del año en curso, practicada por el Actuario de la adscripción, de la cual se desprende que el quejoso ratificó el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, manifestando "Sí me desisto.". A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido por los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Y, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Expuesto lo anterior, es claro que en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio..". Por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Cinthya Castillo Castillo, en representación de Jorge Iván Gastelum Ávila, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; pues la voluntad para promover éste es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada y con la sola declaración de la conformidad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, porque el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete por el presente auto, pues en aras de la pronta y expedita administración de justicia, no obliga a este órgano jurisdiccional a decretarlo hasta la celebración de la audiencia constitucional, por tanto se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad a lo ordenado en auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, la audiencia fijada para la celebración de la denuncia de violación a la suspensión de plano señalada para las doce horas del veintisiete de noviembre del presente año. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, dura te el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraría consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jorge Iván Gastelum Ávila, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo. Ahora, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover juicio de amparo puede también válidamente desistirse de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa del agraviado para que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional; sin embargo, dicha manifestación de voluntad para que produzca todos sus efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial. Lo anterior con la finalidad de no dejar duda o incertidumbre de que efectivamente es la voluntad del quejoso la vertida en el escrito de desistimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, con número de registro 174481, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso, a fin de que notifique el presente proveído a Jorge Iván Gastelum Ávila, y con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, lo requiera para que en el momento de la diligencia, manifieste si es su deseo desistirse del presente juicio de amparo, entendido de las sanciones y delitos previstos en los artículos 238 y 261 de la Ley de Amparo, para el caso de no haber signado el escrito que se provee. Con el apercibimiento que de no desistirse, se continuará con la secuela procesal del presente expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso Jorge Iván Gastelum Ávila en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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