Jorge Ivan Carlos Silva

Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
943/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Jorge Ivan Carlos Silva

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el que se transcribe el proveído de once de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 2/2021-IX, del que se advierte que acusa recibo; asimismo, informa que el aludido juicio de amparo lo remitió para su conocimiento al Juzgado Decimosegundo de Distrito en dicha entidad, por lo motivos que señala. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Jorge Iván Carlos Silva, contra un acto del Juez Primero de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, con cuatro copias y dos anexos que acompaña; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112 y 117, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 943/2020-Vl. Ahora bien, examinada la demanda de cuenta, conforme con el artículo 37 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer del referido líbelo constitucional, conforme con las consideraciones siguientes. El aludido precepto legal establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo transcrito, se pone en evidencia que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso; en el caso del juicio de amparo, el referido artículo 37 del citado ordenamiento legal, prevé tres supuestos básicos para que los Jueces de Distrito conozcan de un juicio, a saber. 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. En la especie, del escrito inicial de demanda y constancias que se adjuntaron, se desprende que el acto reclamado consiste en el oficio mediante el cual se ordenó hacer efectivo el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del juicio promovido por María Brenda Hernández Flores, en favor de la menor de iniciales A.G.C.H., el cual tiene ejecución en Satevo, Chihuahua. Ahora, dadas las características y naturaleza del acto que por esta vía se pretende combatir, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el punto 1, ya que la orden dictada por la Juez Primero de lo Familiar, en esta ciudad, tiene ejecución en el municipio de Satevo, Estado de Chihuahua; por tanto, el juez competente para conocer del amparo de que se trata, es el del lugar en donde tiene verificativo la ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, procede declinar la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, esta juzgadora de plano declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda constitucional de que se trata; en consecuencia, remítase la demanda de amparo con las copias y anexos que se acompañaron al mencionado Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno. Se solicita al referido juzgador en turno que, de no tener inconveniente legal alguno, informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada; por separado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de amparo y del presente auto. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; asimismo, ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Glósense a los presentes autos las copias autógrafas de los oficios que dirige el Director Jurídico de la Fiscalía General del Estado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables y la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, mediante los cuales le requiere para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. Asimismo, agréguense a los presentes autos, los oficios de cuenta y anexos, signados por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y por el Fiscal adscrito a la Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables y la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, mediante los cuales informan respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Al efecto, téngaseles por acompañando a sus oficios de cuenta las documentales que exhiben, entre las que destacan: Los oficios relativos a las comisiones encomendadas a Adán Michel Banda Pinal y Norberto Castillo Morales, por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con motivo de la medida de protección ordenada para el quejoso; Resguardo de la portación de armas de los agentes policiales, con motivo del desempeño de su comisión; El resguardo del radio portátil (radio matra) asignado al agente policiaco, para el desempeño de su comisión; La asignación de vehículo a los elementos policiales, para el desempeño de su comisión; Bitácoras rendidas por los agentes policiales, con motivo del desempeño de su comisión; Oficios de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, signados por el Secretario de Seguridad Pública del Estado; el primero en el que se comunica que se da por concluida la comisión al custodio Adán Michel Banda Pinal y que se comisiona Jacobo Álvarez Corpus, a partir del diez de diciembre de dos mil veinte y hasta el nueve de febrero de dos mil veintiuno. Oficio de nueve de diciembre de dos mil veinte, signado por el Director General adjunto de la Unidad de Evaluación de Riesgos, por el cual informa que el botón de asistencia del quejoso, se encuentra en condiciones para su uso y al efecto acompaña el reporte de incidencias reportado por el quejoso, así como el seguimiento diario por medio de geolocalización de dicho dispositivo, desde el primero de julio y hasta el nueve de diciembre del presente año. Con el contenido de los oficios y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, glósense a los presentes autos los dos escritos de cuenta signados por el quejoso y anexos que acompaña; en atención a su contenido, así como a lo acordado por autos de veintitrés y veintiséis de noviembre, primero y ocho de diciembre del año en curso, en los que se reservó proveer lo conducente, respecto del incidente de inejecución de sentencia solicitado por el aquí quejoso, se provee: Toda vez que el citado quejoso en diversos escritos ha manifestado de manera reiterada, que a pesar de los requerimientos e informes rendidos a este juzgado, las responsables han sido omisas en brindarle la protección ordenada, que solo esporádicamente lo acompañan, que debido a ello ha sido objeto de agresiones, que no existe coordinación entre las responsables no obstante que se ha informado a este juzgado que estén cumpliendo la sentencia, pues dichas autoridades han informado falsedades, habiendo acompañado para demostrar lo anterior, 1) testimonios certificados por el notario público adscrito a la Notaría Pública número 22, en ejercicio en esta ciudad, relativas a las actas de hechos de fechas tres y nueve de diciembre de dos mil veinte, en los que se describe que al momento de acudir dicho agraviado ante la oficina referida, no se encontraba acompañado de custodia policial alguna y 2) constancia relativa a la denuncia que refiere haber interpuesto ante el Ministerio Público, en contra de la titular de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, por los hechos acontecidos el ocho de diciembre del presente año, en el que sin fundamento ni motivo alguno, dicha funcionaria decidió quitarle la custodia policial, la que insiste solo es esporádica, por todo lo cual considera que aún cuando las autoridades han informado a este juzgado el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto, lo cierto es que no se han concretado las medidas de protección ordenadas por el Representante Social señalado como responsable, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, previa la integración del cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito para los efectos que refiere dicho numeral. Lo anterior atento a lo previsto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su acuerdo general 5/2001. Con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el sobre cerrado que refiere el quejoso contiene una memoria USB y pónganse a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado. Finalmente, en cuanto a lo solicitado en el oficio por la diversa responsable Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativo a la multa impuesta en proveído de cuatro de diciembre del año en curso; por los motivos que expone en el de cuenta, se deja sin efectos la multa impuesta por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, gírese oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1", del Servicio de Administración Tributaria y a la autoridad oficiante para su conocimiento y fines legales conducentes. Finalmente, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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