Jorge Enrique Ferrera Avila
Expediente 90/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Enrique Ferrera Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 90/2021-V. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su observancia se realice de forma oficiosa, al tratarse de una cuestión de orden público y preferente, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En concepto de esta juzgadora, en relación con la medida de protección de que se trata, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La citada fracción establece la improcedencia del juicio de protección de derechos fundamentales debido a que los actos que se reclaman han surtido en forma total todos sus efectos; y ello hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. En el caso en concreto, la parte quejosa demandó la tutela constitucional en contra del acuerdo dictado en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/02624/2021, por la agente responsable el veintisiete de enero pasado, en el cual se decretó una medida de protección en contra del quejoso Jorge Enrique Ferrera Ávila. La citada determinación fue notificada a la parte denunciante el veintisiete de enero del año en curso, circunstancia que se advierte de las constancias exhibidas por la autoridad responsable y que obran agregadas en autos. Luego, el plazo de sesenta días comenzó a transcurrir a partir del veintiocho de enero y concluyó el pasado veintiocho de marzo, ambos de dos mil veintiuno. Así entonces, resulta indiscutible que, como la subsistencia de la medida reclamada fue limitada a cierto tiempo y éste ya trascurrió en su totalidad, es claro que constituye un acto que se encuentra consumado de manera irreparable y, por tanto, dejó de surtir sus efectos a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. En consecuencia, al haber sobrevenido la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos, el oficio remitido por la agente fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, así como el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación; con su contenido y anexo acompañado al primero de los referidos, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado a la licenciada Mónica de la Garza Hernández, agente fiscal adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a fin de que remita copia certificada de la carpeta investigación CDI/FGE/I/D01/02624/21; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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