Jorge Hernandez Vega

Expediente 655/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
655/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Jorge Hernandez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Jorge Hernández Vega y Jessica Carreón Carrizales, contra actos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 655/2021-V. Ahora, del análisis integral del escrito inicial, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama de la autoridad responsable: - El "desechamiento" de la inscripción al procedimiento relativo a la elección de persona Comisionada Numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública para el periodo comprendido del primero de julio de dos mil veintiuno al treinta de junio de dos mil veinticinco. En concepto del suscrito, sobre el precisado acto reclamado, el cual se encuentra inmerso en el procedimiento de elección de persona Comisionada Numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales es necesario que el acto reclamado produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo); señalando además, en el párrafo cuarto, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control, que bajo el marco constitucional y legal actual, consiste en la protección de los derechos humanos y garantías reconocidos por la Constitución y su consiguiente restitución. En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo. En el caso en concreto, los quejosos promovieron juicio de amparo contra la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, de la que reclaman el "desechamiento" de su inscripción al procedimiento relativo a la elección de persona Comisionada Numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, debido a que no fueron seleccionados para conformar la terna propuesta al Pleno del Congreso Local. Al respecto, es necesario destacar que en el recurso de queja 77/2020, resuelto en sesión de catorce de abril de dos mil veintiuno, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país determinó que era improcedente la demanda de amparo promovida por una persona que participó en el procedimiento de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que era claro que no contaba con interés jurídico ni legítimo para combatir dicho procedimiento. Lo anterior porque los posibles vicios o irregularidades que se hubieran suscitado en ese proceso deben repercutir en un derecho humano que tutele la parte quejosa o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos, ya sea directa o indirectamente; sin embargo no se advirtió que los actos que pretendió reclamar le causaran un agravio personal y directo a sus derechos, es decir, que las eventuales irregularidades en el procedimiento de elección no tenían un impacto que resintiera en sus derechos al debido proceso, legalidad y acceso a la justicia. Señaló que la designación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no causó afectación al quejoso, al no crear, modificar o extinguir alguna situación de derecho que impactara en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico. Bajo ese contexto, es claro que los quejosos carecen de interés jurídico o legítimo para instar la acción constitucional para combatir actos inmersos en el procedimiento de elección de persona Comisionada Numeraria de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Es así, ya que el acto reclamado no causó una afectación a los demandantes de la tutela, al no crear, modificar o extinguir alguna situación de derecho que impactara en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o por su especial situación frente al orden jurídico. Cierto es que el procedimiento para la selección de una persona Comisionada Numeraria del organismo garante de acceso a la información pública se encuentra abierto a cualquier persona que estime cumplir con los requisitos previstos en la convocatoria respectiva y seguir el procedimiento por todas sus etapas hasta su conclusión; sin embargo, como lo destacó la Segunda Sala en el recurso de queja 77/2020, ello no legitima a los aspirantes para impugnar la legalidad del procedimiento interno. De tal forma, que el participar en una o más de las etapas del procedimiento de designación de ninguna forma implica la adquisición de algún derecho, pues desde la etapa selectiva de los aspirantes que se inscriban para participar en el referido procedimiento, el Congreso del Estado, como órgano con la atribución exclusiva para realizar la elección y designación respectiva, ejerce su facultad constitucional para elegir a las personas que serán admitidas. Es decir, conforme a los requisitos de elegibilidad, en cada etapa, el Congreso dispondrá quienes serán los aspirantes más idóneos para proseguir el procedimiento hasta la designación final. Ante dichas consideraciones, no puede concebirse a los quejosos como violentados en sus derechos o intereses, pues el procedimiento en todo momento se rige por la facultad constitucional soberana y discrecional del Congreso del Estado para decidir las personas que serán admitidas, llamadas a comparecer, integrarán la terna y, finalmente, ocupará el cargo. Tampoco se advierte la existencia de un vínculo entre tales actos que ponga en evidencia un agravio diferenciado, por lo que los quejosos no cuentan con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma tal que la anulación del acto reclamado pudiera producirles un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, dada la naturaleza y particularidades que revisten al procedimiento de selección de las personas Comisionadas de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. De tal manera que ante la actualización manifiesta, notoria e indudable de la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la persona que menciona, toda vez que la cédula que proporciona no se encuentra registrado en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano