Jorge Humberto Fernández Jacobo y Otros.

Expediente 1229/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1229/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Jorge Humberto Fernández Jacobo y Otros.
  • Jorge Humberto Fernández Jacobo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    V... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Ahora, conforme al capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), de la normatividad en consulta, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán destruirse y depurarse, respectivamente; conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. De conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), se establece que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado Federal a la destrucción del mismo, en términos de lo establecido en el Acuerdo en comento.

  2. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de Norma Laura..., representante de los menores de edad de iniciales A. F. C. y J. A. F. C., por medio del cual desiste del presente juicio; atendiendo a su contenido, se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Del precepto invocado, se advierte que la voluntad para promover el juicio es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir la parte quejosa en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. En el caso particular, el escrito de cuenta fue presentado vía electrónica por la solicitante de amparo expresando su voluntad de desistir del juicio, por lo cual es válido decretar el sobreseimiento del asunto. No se soslaya que no se ratificó el escrito aludido; sin embargo, aquel fue presentado vía electrónica y contiene la evidencia criptográfica. Al respecto, tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento, en concordancia con los artículos 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En este contexto, del artículo 3º de la Ley de Amparo se evidencia que la tramitación del juicio podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Del mismo numeral se advierte que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 45 y 52, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, señala que para la presentación de demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica vigente. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda sea firmado electrónicamente. Por su parte, el artículo 45 del referido acuerdo, establece que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. Finalmente, el artículo 52 de la misma norma señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. En el caso se advierte que el escrito de cuenta cumple con lo establecido en los citados preceptos, pues contiene la Firma Electrónica de la mama de los menores quejosos, quien tiene facultad para desistir del juicio; además, obra la evidencia criptográfica de la cual se aprecia que se firmó electrónicamente y ello demuestra la manifestación de la voluntad de la promovente. Establecido lo anterior, cabe señalar que el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que la voluntad para promover el juicio es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que la parte quejosa pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola manifestación de su voluntad. Por consiguiente, con el escrito de desistimiento presentado en forma electrónica, del cual se advierte la evidencia criptográfica, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, en relación con el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós.

  3. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio que remite el apoderado del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, mediante el cual solicita que se requiera a la solicitante de amparo para que informe en qué sede fueron inoculados los quejosos menores para estar en condiciones de exhibir los certificados de vacunación contra el virus SARSCoV-2. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días remita la información solicitada por la autoridad responsable. Se apercibe a la promovente del amparo que de no dar cumplimiento a lo solicitado se impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    V... Agréguese a los autos el escrito de Norma Laura ..., a través del cual en atención al requerimiento efectuado en autos, manifiesta que los menores quejosos ya recibieron el cuadro básico de vacunación contra el virus SARSCoV-2; sin embargo, no cuenta con los comprobantes completos por haberlos extraviado, por lo que solicita se requiera a las autoridades responsables para que emitan el certificado respectivo; además, pide se aplique el refuerzo del fármaco respectivo. En atención a su contenido, requiérase al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días exhiba los documentos que acrediten que los menores de iniciales A. F. C. y J. A. F. C., han recibido el cuadro de vacunación completo. Con el apercibimiento... Por otra parte, en relación a su petición de que se requiera a las responsables para que informen si a los quejosos menores debe aplicarse el refuerzo correspondiente (tercera dosis) de la vacuna referida y en el caso se imponga, no es dable acordar en forma favorable, pues aun cuando se considera que el acceso a la vacuna en contra del virus SARS-COV-2 para la prevención del COVID-19 está relacionado con el derecho a la protección de la salud contemplado en el artículo 4º de la Constitución Federal, lo cierto es que la omisión reclamada de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer a los menores quejosos, como una tercera dosis, para la prevención de la COVID-19, no es acto que importe peligro de privación de la vida. Lo anterior porque no existe en autos prueba alguna en la cual se evidencie que la omisión de aplicar una tercera dosis al esquema de vacunación que les fueron aplicados les pueda generar a los menores quejosos un peligro inminente que ponga en riesgo su salud; además, del escrito de cuenta se aprecia que fueron vacunados de la primera y segunda dosis, por lo que cuentan con un esquema de protección de vacuna que activa las defensas naturales del organismo para que aprenda a resistir a infecciones específicas, y fortalezcan el sistema inmunitario. Después de la aplicación de la vacuna el sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando se expone a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicación. Por lo que, aun y cuando le fuera aplicada la tercera dosis a los quejosos, como todo ser humano, se encuentra en riesgo de contagiarse de la enfermedad COVID-19 o cualquier otra. Es así porque no existe comunicado por las autoridades sanitarias mexicanas y/o documento oficial en el que se exprese con exactitud la procedencia de la aplicación de una tercera dosis del biológico de aquellas personas que ya recibieron el esquema completo autorizada por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en las que se establezca la necesidad de su aplicación -menores de doce a dieciséis años-.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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