Jorge García Pascacio
Expediente 717/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge García Pascacio
Actuaciones
- Principal
IX... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior al quejoso y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
IX... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge García Pascacio y Jaquelina Conzuelo Rivera, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 717/2021-IX. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, como a continuación se verá: Es así en virtud de que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen materialmente derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Ahora, el acto reclamado consiste en el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral mercantil 359/2020, por el que, de conformidad con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formularon los quejosos, la Juez responsable no justificó su asistencia a la audiencia de juicio señalada para las once horas de esa fecha, en virtud que los comprobantes que presentaron con posterioridad a la celebración de esa audiencia las pruebas de que padecieron Covid-19, y como consecuencia de ello los declaró confesos y tuvo por desierta la prueba confesional que ofrecieron. De lo anterior, válidamente se infiere que el acto aquí reclamado, no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha determinación, solo implica la continuación del juicio en el que los quejosos son parte demandada, prescindiendo del desahogo de los medios probatorios señalados. Ello refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien el auto reclamado, tuvo como consecuencia por una parte se les declarara confesos respecto de la prueba que ofreció su contraparte y por otra, se declaró desierta la ofrecida por ellos, ello no da pauta en automático a obtener una resolución adversa a sus intereses. De manera que, si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que materialmente derechos sustantivos, no pueden ser considerados como tal aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como en la especie acontece, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si la afectada obtiene una resolución favorable, o si ésta le fuera desfavorable, supuesto en el que la violación procesal podría ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva contra la sentencia que ponga fin al juicio del que emana. De modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido por la Constitución General o los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Se afirma lo anterior, en virtud de que la determinación aquí reclamada, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra la sentencia definitiva, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos, no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. A mayor abundamiento, los artículos 34 fracción II, 170 y 172, fracción III, de la Ley de la materia, establecen que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo y con ello evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo indirecto tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que los afectados con la resolución correspondiente, al impugnarla, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimaran le hubieran sido cometidas. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ésta y únicamente las de carácter personal, se les practicarán vía electrónica en el correo con usuario lalolaw31, como expresamente lo solicita la parte quejosa, en el entendido que queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. CONSULTA ELECTRÓNICA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los solicitantes de amparo la consulta vía internet de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, en virtud que al realizar la búsqueda correspondiente se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el usuario que mencionan. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Jorge García Pascacio, por así designarlo la parte quejosa. AUTORIZADOS No ha lugar autorizar en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a las personas que para tal efecto señala, toda vez que no proporcionan el número de cédula profesional para estar en aptitud de verificar que se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y que no se trata de homónimos, por ello, únicamente se les autoriza para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del párrafo segundo, última parte, del citado numeral 12 con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la ley en cita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gustavo Medrano González, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Encargado del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1625/2021, asistido de Ivett Bobadilla Hernández, Secretaria que da fe. Doy fe.
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