Jorge Humberto García Ortega

Expediente 1099/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1099/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Humberto García Ortega
  • Jorge Humberto García Ortega y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    XI... Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    xi... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el solicitante del amparo Jorge Humberto...; al respecto, se le tiene desahogando la prevención de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Jorge Humberto..., por derecho propio y en representación de sus hijos de iniciales ... y .... cuyos nombres se omiten en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar la privacidad de los menores, contra actos del ... Previo a realizar pronunciamiento sobre la procedencia o no de la demanda -atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, los cuales imponen a los juzgadores de amparo examinar en su totalidad los escritos para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y de esa manera emitir un pronunciamiento congruente e integral- debe destacarse que de la lectura integral de la demanda, y escrito de desahogo, se observa que la causa de pedir de la parte quejosa estriba como a continuación se precisará. En el presente caso la parte quejosa indica que acto reclamado lo constituye: El acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ..., del índice del juzgado responsable, en el que se le informó que actualmente tiene un adeudo de pensión alimenticia en favor de la acreedora ...., por la cantidad de ...., asimismo, se le requirió de pago, apercibido que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo citado. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora, es preciso destacar que si bien es cierto, ha sido criterio del Máximo Tribunal de la República que la cesación de efectos del acto reclamado surge en aquellos casos en que se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, de tal manera que vuelvan las cosas al estado que guardaban con anterioridad; sin embargo, tratándose de actos que hayan sido sustituidos por otros independientemente de que se haya restituido al quejoso en completo goce del derecho estimado violado, lo cierto es que surge una nueva situación que impide al juzgador de amparo abordar el estudio del acto reclamado por quedar insubsistente; lo que obliga a la parte quejosa a señalar la nueva resolución como acto reclamado al promover el juicio de amparo, y no la que ha dejado de tener eficacia, toda vez que ésta ha sido sustituida procesalmente por la otra. De la interpretación de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, como ya se adelantó, en la especie la parte quejosa reclama el acuerdo de..., dictado en el expediente ..., del índice del juzgado responsable, en el que se le informó que actualmente tiene un adeudo de pensión alimenticia en favor de la acreedora ..., por la cantidad de..., asimismo, se le requirió de pago, apercibido que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo citado. Acto que como indica en el ocurso de desahogo de demanda bajo protesta de decir verdad -a su vez lo combatió a través de la interposición del recurso de revocación resuelto el diez de julio de dos mil veintitrés-; de ello, es evidente que el acto que por esta vía reclama ha quedado substituido procesalmente por la revocación de mérito, por ende, dicho recurso es el que rige la situación jurídica del solicitante de amparo. Máxime que sus manifestaciones expuestas, se traducen en una confesión judicial expresa, que constituye una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, .... Así, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues no puede abordarse al estudio de la resolución sustituida por una nueva determinación, ya que ningún caso práctico tendría el analizarla si queda subsistente la que se dictó con posterioridad. En efecto, el quejoso refiere que contra el auto aquí reclamado, promovió recurso de revocación, medio de impugnación que fue admitido; y luego, fue resuelto mediante sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés, en el que la autoridad familiar señalada como responsable determinó declarar infundados, inatendibles e inoperantes los agravios; y por ende, confirmar el proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, como se advierte de las documentales que exhibió con su escrito de desahogo. Por tanto, si bien en un primer momento el acto reclamado en esta instancia constitucional lo es el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés; lo cierto es, que el referido auto fue impugnado por el justiciable, a través del recurso ordinario de revocación; mismo que fue confirmado por el juez responsable el diez de julio del año en curso. Entonces, resulta que el acto reclamado, fue sustituido procesalmente por la emisión de la interlocutoria dictada en el medio de impugnación hecho valer por el aquí agraviado, pues aquélla determinó confirmar el auto recurrido de veintidós de junio de dos mil veintitrés; por ende, se tiene que la resolución emitida en el recurso de revocación es la que rige actualmente el sentido de lo determinado con relación al proveído reclamado en el juicio de origen, toda vez que aquél ya fue motivo de estudio. Al respecto, es preciso destacar que si bien es cierto, ha sido criterio de nuestro Máximo Tribunal el que la cesación de efectos del acto reclamado, se da en aquellos casos en que se ha restituido al quejoso en el goce de la garantía individual violada, de tal manera que vuelvan las cosas al estado que guardaban con anterioridad, de tal forma que pareciera que no se dio dicha violación; sin embargo, tratándose de actos respecto de los cuales se haya promovido el medio de defensa correspondiente y éste ya se haya resuelto, aun cuando no se haya restituido al quejoso en completo goce la garantía estimada violada, surge una nueva situación que impide al juzgador de amparo abordar el estudio del acto reclamado sin afectar la nueva resolución; toda vez que ésta sustituyó procesalmente a la otra; por tanto, se reitera, no puede abordarse al estudio del acto reclamado en el presente sumario, si respecto de aquél se ha pronunciado una nueva determinación, pues ningún caso práctico tendría el analizar el acto de que se duele el solicitante de amparo, si la ejecutoria que subsiste es la que se dictó con posterioridad; es decir, la que se emitió en el recurso de revocación correspondiente. ... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V, del precepto 63 y 113 de la ley en cita, se desecha la demanda de amparo. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

  3. Principal

    XI... Naucalpan de Juárez, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Humberto ...., por derecho propio y ostentándose como representante de sus menores hijos de iniciales J.G.N. y N.G.N. cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar la privacidad de los menores, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1099/2023-XI. Previo a realizar algún pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo, establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte promovente para que aclare su demanda. En ese orden, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y IV, 112 y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito aclare su demanda en los términos citados a continuación: 1. Acredite con documento fehaciente la representación de los menores de iniciales J.G.N. y N.G.N., pues no exhibe alguno del cual se advierta la personalidad que ostenta dicho quejoso; lo cual es un presupuesto procesal que debe ser inicialmente demostrado en el juicio de amparo. 2. Bajo protesta de decir verdad, aclare el acto que reclama, toda vez que si bien es cierto, en el rubro de su demanda indica como tal: El acuerdo de veintidós de junio de dos ml veintitrés, dictado en el toca 645/2023, en el que se le decretó el pago de pensión alimenticia en favor de María ..., por la cantidad de $37, 339.20 (treinta y siete mil trescientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N). Luego, al narrar los antecedentes, refiere que el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el diez de julio de dos mil veintitrés (sin precisar en qué sentido resolvió tal medio de impugnación); posteriormente indica que el dos de agosto de dos mil veintitrés, interpuso recurso de apelación; empero, -no señala contra qué auto o actuación hizo valer dicho medio de impugnación-; asimismo, manifiesta que no se le dio trámite al citado recurso. Circunstancia que genera incertidumbre, pues no se advierte si ello tiene relación con el acto reclamado o bien, si ese precedente incide en lo reclamado a través de la demanda de amparo; lo que se estima correcto aclarar para la fijación correcta de la litis. De igual forma deberá precisar la fecha en que se le notificó; se enteró o se hizo sabedor del acto que señale como el reclamado. Ahora, si bien es cierto que la demanda de amparo debe ser estudiada como un todo, también lo es que la parte quejosa tiene la obligación de satisfacer los requisitos que precisa el artículo 108 de la Ley de Amparo, en el particular lo previsto en la fracción IV, lo que desde luego no acontece, lo anterior porque el artículo 76 de la ley de la materia no autoriza a cambiar actos reclamados, ni antecedentes, ni llamar a autoridades no designadas, por lo que este órgano jurisdiccional no puede, ni debe de oficio ordenar que se admita la demanda respecto de un acto que la parte quejosa no señaló de forma concreta. De ahí, que resulte necesario que indique, específicamente, los actos que reclama a fin de proveer lo conducente sobre la procedencia de la demanda y la fijación correcta de la litis constitucional. 3. En ese sentido, una vez precisado el acto reclamado deberá indicar si el recurso de revocación lo interpuso contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés; de ser así, transcriba la resolución dictada en el aludido medio de impugnación, o exhiba copia de la misma, o indique los puntos resolutivos de dicha interlocutoria. Aunado a lo anterior deberá aclarar contra qué determinación interpuso recurso de apelación y los motivos por los cuales no se le dio trámite. 4. Exhiba cuatro copias de su escrito de desahogo, para ser distribuidas de la siguiente manera, una para la autoridad que señaló como responsable en su carácter de ordenadora, una para la tercera interesada, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y una para formar el incidente de suspensión solicitado. Se apercibe al promovente que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se tendrá por no presentada la demanda en términos del numeral 114 de la ley en la materia. Se autoriza a ...., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a ...., únicamente para oír notificaciones, aun las de carácter personal e imponerse de autos, conforme al párrafo segundo, última parte, del citado numeral con relación al diverso 24, párrafo segundo, en razón de que no se acreditó que se encuentren registrados en el referido sistema; por lo que una vez que realicen lo anterior se acordará lo conducente; asimismo, términos por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 63, 65, 66 y 67, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario.... el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del día siguiente de la publicación de la resolución para notificarse; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. De conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el citado usuario, por encontrarse registrado en el referido Portal. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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