Jorge Huberto Solis Cabrera

Expediente 280/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
280/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
02/07/2015

Partes del expediente

  • Jorge Huberto Solis Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de julio del dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha quince de junio del año en curso (foja 40), por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde, se declaró sin materia la suspensión definitiva; y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Por otra parte, tomando en cuenta que en el incidente de suspensión conexo a este juicio de garantías el quejoso Jorge Huberto Solís Cabrera, exhibió el billete de depósito N 740662, valioso por la cantidad de dos mil pesos, a efecto de garantizar la suspensión provisional que se otorgó; en consecuencia, requiérasele para que en días y horas hábiles se presente a recogerlo, debidamente endosado a su favor; en el entendido que en caso de no hacerlo dentro de la legal notificación de este proveído, dicho numerario se prescribirá a favor del Erario Federal. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIA

  2. Incidental

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara sin materia este incidente de suspensión, en términos del considerando tercero de esta resolución incidental. SEGUNDO. Por otra parte, vista la certificación secretarial realizada en la audiencia incidental, con fundamento en el capítulo Segundo, punto cuarto, Capítulo Quinto, puntos vigésimo fracción III, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurrido más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, procédase únicamente a la destrucción del duplicado de este incidente, previa certificación de que en este último no existen documentales originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del citado acuerdo. Notifíquese. IIA

  3. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de junio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, los informes previos rendidos por el Juez Sexto de Distrito en el Estado y Encargada Provisional de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la PFM de la Agencia de Investigación Criminal, residentes en esta ciudad, con los mismos, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Notifíquese. IIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a quince de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por el Juez Sexto de Distrito en el Estado y Encargada Provisional de la Subsede de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, residentes en esta Ciudad; para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, advirtiéndose del informe justificado rendido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, en el que acepta la existencia del acto reclamado, precisando que con fecha con fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, dentro de la causa penal 216/2012, libró orden de reaprehensión contra el peticionario de garantías, por haber incumplido con las presentaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo del año dos mil catorce. De lo anterior y de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la orden de reaprehensión y su ejecución, reclamados en este juicio de amparo, fueron materia del diverso juicio de garantías 325/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso y contra la misma autoridad responsable ordenadora; por tanto, al encontrarse planteados en este juicio de amparo los mismos actos reclamados, este juicio es improcedente. Así es, pues fue estudiada la constitucionalidad de la orden de reaprehensión que ahora reclama el quejoso (veinticinco de abril de dos mil catorce), dictada en el proceso penal número 216/2012, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta Ciudad, y su ejecución, en el diverso juicio de amparo 325/2014, tramitado ante este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en los que se da la identidad de elementos de la relación procesal que fungen en este juicio, pues se trata del mismo quejoso - JORGE HUMBERTO SOLIS CABRERA- e igual acto reclamado -litis constitucional-; es inconcuso que los actos reclamados en este expediente ya fueron materia de estudio en el aludido juicio de amparo 325/2014, causando ejecutoria la sentencia ahí dictada; ello, imposibilita a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo en este asunto. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en este juicio de garantías, fuera de audiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiocho, Tomo 39 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDENTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". De igual forma, por tratar sobre el tema, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación visible en la página 3414, tomo LXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 354110, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Así también, se invoca la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, del tomo XCIX, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que refiere: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual forma, la diversa Tesis de Jurisprudencia 2a./J.10/2003 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto de ejecución que se atribuye a la Encargada Provisional de la Subsede de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Crimina, con sede en esta Ciudad; en razón de que su inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento, y no se combate por vicios propios, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página ciento cincuenta y seis, tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice textualmente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado la orden de aprehensión y del informe justificado de la autoridad responsable ordenadora se desprenda la existencia, de una orden de reaprehensión, pues no resulta jurídico dejar de examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la reaprehensión son actos de naturaleza jurídicamente diferentes, ambas tienen como consecuencia mantener privado de la libertad al quejoso, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado; máxime que el juzgador de amparo debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de garantías, que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos ochenta y siete, tomo XIV, correspondiente al mes de julio de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es como sigue: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN." Por lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, a saber, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil quince, por lo que se ordena realizar la anotación respectiva en la agenda de audiencias de este Juzgado. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Finalmente, por separado, acuérdese lo procedente en el incidente de suspensión. Notifíquese; IIA

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