Jorge Gonzalez Perez
Expediente 484/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 84 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 84
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Gonzalez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 84.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que las partes no se inconformaron dentro del término legal con el acuerdo de uno de febrero del actual, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde por una parte se negó la suspensión definitiva, por la otra se concedió la misma, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes, que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de febrero de dos mil dieciocho. Advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que dentro del término legal de tres días concedido al quejoso Jorge González Pérez, por auto de veintitrés de enero del actual (foja 1465 segundo tomo), el que se le notificó personalmente al autorizado legal de la parte quejosa el veinticuatro de enero siguiente, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y Director de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos residentes en la Ciudad de México,, por lo que se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las aludidas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el dos de agosto de dos mil dieciséis (fojas 590 a 614 primer tomo), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge González Pérez. Sentencia que fue recurrida por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, con sede en esta ciudad; y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, con residencia en la Ciudad de México (fojas 628 y 657 primer tomo). El siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 1032 a 1061 primer tomo), el Tribunal Colegiado en Materias Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de revisión, confirmó, la sentencia recurrida, y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, en los términos siguientes: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia controvertida. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida en la materia de este recurso. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a JORGE GONZÁLEZ PÉREZ, contra las autoridades, por los efectos especificados en los considerandos sexto y séptimo del fallo reclamado." Este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge González Pérez, para el efecto de que las autoridades responsables Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, todos residentes en la Ciudad de México: 1) Deje insubsistente el acuerdo reclamado de dos de septiembre de dos mil quince, que dictaron en la indicada averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDTMPO/268/2014, así como el oficio SEIDO/UEITMPO/11524/2015, de fecha siete de septiembre de dos mil quince, signado por el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y por el Titular de Subprocuraduría de Investigación de Delitos de Delincuencia Organizada. 2) De estimarlo pertinente emita otro acuerdo, en el que purgue los vicios formales en comento y resuelva lo que en derecho corresponda de manera fundada y motivada, atento a los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16, Constitucionales. Concesión que se hizo extensiva respecto del acto de ejecución reclamado al Director de Atención adjunto a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, en razón de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento y no se reclamó por vicios propios. Por tal razón, por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (foja 1061 y 1062 primer tomo), se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Por lo que, por oficios números SEIDO/IEITMPO/11631/2017 y SEIDO/UEITMPO/11629/2017, y PGR/SEIDO/DGAJCMDO/12566/2017 (fojas 1118, 1125 a 1143 y 1174 a 1175 segundo tomo), signados por el Titular y Agente del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; y Director General adjunto, adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de Delincuencia Organizada en suplencia por ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, todos con sede en la Ciudad de México, con los diversos SEIDO/IEITMPO/11631/2017 y PGR/SEIDO/DGAJCMDO/12566/2017, informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Lo que se advierte, ya que en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento de cuentas bancarias de dos de septiembre de dos mil quince, dictado por esa autoridad ministerial, en la averiguación previa PGR/SEIDO/UIETMPO/268/2014, así como el oficio número SEIDO/UIETMPO/11524/2015, de fecha siete de septiembre de dos mil quince, signado el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y por el Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ordenando el desbloqueo y levantamiento de aseguramiento de la cuenta bancaria número 0216389032, aperturada en Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo financiero BANORTE. Mediante oficio SEIDO/UEITMPO/11530/2017, dicha autoridad, remitió copia del oficio número SEIDO/UEITMPO/11548/2017 con folio SIARA SEIUDOUEITMPO/2017/000045 de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el desbloqueo de la cuenta bancaria del aquí quejoso. Por su parte, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, por oficio 212-3-444400/2018, remitió a este Juzgado, copia certificada de los diversos números 214-4/6705045/2017 al 214-4/6705523/2017, a través de los que se retrasmitió a la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo financiero BANORTE, la solicitud de desinmovilización correspondiente. Mediante Oficio 214-4/6705524/2017, la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo financiero BANORTE, informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que la cuenta 0216389032, cuyo titular es Jorge González Pérez, se encontraba activa (foja 1212 segundo tomo). De lo expuesto, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, dejó insubsistente el acuerdo de aseguramiento de cuentas bancarias de dos de septiembre de dos mil quince, dictado por esa autoridad ministerial, en la averiguación previa PGR/SEIDO/UIETMPO/268/2014, así como el oficio número SEIDO/UIETMPO/11524/2015, de fecha siete de septiembre de dos mil quince, signado el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y por el Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; y por su parte, la institución financiera Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo financiero BANORTE, informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que la cuenta 0216389032, a nombre de Jorge González Pérez, se encontraba activa, es decir, ya no cuenta con bloqueo alguno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Delegado del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, por el que remite diversas constancias por los que dice dar cumplimiento con la sentencia dictada en este juicio de amparo. Ahora bien, con el escrito de cuenta, y los diversos oficios SEIDO/IEITMPO/11631/2017 y SEIDO/UEITMPO/11629/2017, y PGR/SEIDO/DGAJCMDO/12566/2017, remitidos vía correo electrónico y postal; signados por Titular y Agente del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores Personas y Órganos; y Director General adjunto, adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de Delincuencia Organizada en suplencia por ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, todos con sede en la Ciudad de México; acordados en proveídos de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete y nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 1144 y 1176 segundo tomo), por los cuales, dicen dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia de referencia, conforme al artículo 2, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto, el criterio sostenido en la Jurisprudencia 26/2000, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. I-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la copia del oficio 0051/2018, signado por la Jefa de Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló por oficio I-88, solicitó a su similar de San Ángel en la Ciudad de México, remita el acuse o en su defecto copia del formato 78 o pieza devuelta, relativo al oficio número I-2940 dirigido a la Delegada del Director General Adjunto de Atención a Autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Por ello, requiérase al Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano de San Ángel en la Ciudad de México, para que en el plazo de veinticuatro horas siguiente al en que quede notificado de este acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional, el acuse de recibo antes citado, o en su caso, copias certificadas del formato F-78, apercibido que de no cumplir, se hará acreedor a una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización vigente (UMA), para el año dos mil dieciocho, anexándole copia del oficio 0051/2018, por el que su similar de esta ciudad le requirió la devolución del acuse de referencia. Notifíquese y Cúmplase. I-A
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