Jorge Galvez Rean-Cont

Expediente 59/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
59/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Jorge Galvez Rean-Cont

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Como esta ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. DESTINO. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantías que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. ARCHIVO RECIENTE. Así también, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Cúmplase. III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, advirtiéndose que el veinticinco de julio pasado (fojas 266 y 267), se tuvo por consentido el acuerdo de cuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 259 a 262), en el que se declaró por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, al respecto se prevé lo siguiente: ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. ARCHIVO RECIENTE. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Notifíquese. III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de cuatro de junio del año en curso (fojas 259 a 262), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído para los efectos legales procedentes. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y tomando en cuenta que dentro del plazo legal de tres días otorgado por acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso (fojas 253 y 254), el quejoso JORGE GÁLVEZ REAN-CONT, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, no hizo manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por los aludidos magistrados responsables. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 196 a 218), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que los integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca: a) Dejaran insubsistente la resolución que dictaron el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 137 a 147), en la que declararon improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación formulado por el imputado JORGE GÁLVEZ REAN-CONT, y como consecuencia, confirmaron el auto de vinculación a proceso de diez de septiembre de dos mil dieciocho, decretado contra el quejoso por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, en la causa penal 220/2018, por el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, cometido en agravio de la sociedad; b) Hecho lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, determinaran que no se acredita el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, previsto en el artículo 233, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca; y, como consecuencia de ello, revocaran el auto de vinculación apelado y dictaran auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso, pues solo así se le restituía en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Sentencia que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 233 y 234), causó ejecutoria, requiriéndose su cumplimiento a los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Por tal razón, por oficio 422, el Magistrado Presidente de la aludida Sala Penal, remitió copia certificada de la resolución que dictaron los integrantes de ese cuerpo colegiado el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el toca penal JOTP/97/2018 (fojas 241 a 251), en la dejaron insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en la que se declaró improcedente en cuanto al fondo el recurso de apelación formulado por el imputado JORGE GÁLVEZ REAN-CONT, y como consecuencia, se confirmó el auto de vinculación a proceso de diez de septiembre de dos mil dieciocho, que el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, dictó a dicho imputado por el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, cometido en agravio de la sociedad, en la causa penal 220/2018. De igual forma, declararon procedente en cuanto al fondo el recurso de apelación hecho valer, ya que no se acreditó el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, previsto en el artículo 233, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca; y, revocaron el auto de vinculación a proceso de diez de septiembre de dos mil dieciocho, que el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, dictó al imputado, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, cometido en agravio de la sociedad, en la causa penal 220/2018, y en su lugar, dictaron auto de no vinculación a proceso a su favor, únicamente por lo que a ese delito se refiere. De lo expuesto, se advierte que los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acataron en sus términos la sentencia de amparo, pues dejaron insubsistente la resolución reclamada. Hecho lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la resolución constitucional, determinaron que no se acreditó el hecho que la ley señala como delito de usurpación de profesiones, previsto en el artículo 233, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca; como consecuencia de ello, revocaron el auto de vinculación a proceso de diez de septiembre de dos mil dieciocho, que el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, dictó al imputado por el aludido delito, en la causa penal 220/2018. Y, en su lugar, dictaron auto de no vinculación a proceso a su favor, únicamente por lo que a dicho delito se refiere. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Sala Penal responsable para los efectos legales consiguientes. Notifíquese en términos de ley. III-A

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