Jorge Hernández Reyes

Expediente 237/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
237/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Jorge Hernández Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, como el promovente del amparo JORGE HERNÁNDEZ REYES, no recurrió el proveído de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Devuélvase a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado copia certificada de las constancias deducidas del Expediente número 181/2017 y el Toca Civil de Queja número 418/2017, que remitió al rendir su informe justificado, levantándose la certificación correspondiente. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    ****Visto el oficio 4168, que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al que adjunta el juicio de amparo D-164/2018, que contiene la demanda de amparo promovida por JORGE HERNÁNDEZ REYES, por derecho propio, contra el acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Diligenciario de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza; Secretario de Acuerdos Non del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara competente para conocer de la demanda planteada; fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 237/2018-I; Acúsese el recibo. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "[.] Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. [.]". Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de la Materia disponen: "[.] Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "[.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, en la especie, de la lectura integral de la demanda de derechos humanos, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Civil de Queja 418/2017, que confirma la diversa de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco,Tlaxcala, dentro del recurso de revocación, deducido del expediente 181/2017, relativo al juicio ordinario civil de exclusión, cesación y pérdida de todo derecho de copropiedad, posesión y tildación del nombre Patricia Escamilla Maldonado, que consta en escrituras públicas y acción de restitución del bien inmueble, promovido por el hoy quejoso, en la que se tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda, se le reconoció la personalidad, opuso excepciones y se admitió la demanda reconvencional hecha valer, relativa a la división de la copropiedad y de la coposesión, ordenándose correr traslado con las copias de la demanda reconvencional a la parte actora (hoy quejoso); por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Civil de Queja 418/2017, que confirma la diversa de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco,Tlaxcala, dentro del recurso de revocación, deducido del expediente 181/2017, relativo al juicio ordinario civil de exclusión, cesación y pérdida de todo derecho de copropiedad, posesión y tildación del nombre Patricia Escamilla Maldonado, en la que se tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda, y además, se admitió la demanda reconvencional; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que la juez natural seguida la secuela procesal dicte la sentencia definitiva que corresponda. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Por otra parte, el acto reclamado tampoco produce una afectación exorbitante, puesto que no concurren las circunstancias señaladas en párrafos precedentes para considerar que se trata de una violación en grado extraordinario, ya que los efectos de dicho acto sólo consisten en la continuación del procedimiento. En consecuencia, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos ni constituir una afectación exorbitante, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha por notoriamente la demanda en estudio. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Porfirio Díaz número diecinueve, altos, Segundo Piso, Colonia Centro de la ciudad capital, y por autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, primera parte, a Joaquín Manuel Moctezuma Carvajal y Adrián Ilhuicatzi Altamirano, y para oír y recibir dichas notificaciones a Oscar Mota Díaz, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º, apartado a, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    *** Visto el oficio de cuenta, signado por la Delegada Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual manifiesta que se adhiere al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto por el Subdelegado de Prestaciones de dicha delegación; en tales condiciones, con el contenido de dicho oficio y el diverso del mencionado subdelegado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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