JORGE HERNÁNDEZ MORA y Otros.
Expediente 1165/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jorge Hernández Mora
- JORGE HERNÁNDEZ MORA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese a sus autos el correo electrónico del Jefe del Departamento de la Dirección General de Derechos Humanos Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual acusa recibo del oficio 19429/2021, por el que se le comunicó el acuerdo dictado el veinte de septiembre del año en curso, y se le proporcionó la información solicitada; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y en cumplimiento al diverso acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se atiende la petición relativa a la comunicación individual 3996/2021, presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en nombre de *************, quien actúa en representación del fallecido *************, y de las presuntas víctimas ***************, formulada por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, en los siguientes términos: 1. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del juicio de amparo indirecto de mérito, así como los relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las sentencias que se hubieran emitido. El presente juicio de amparo fue promovido por los quejosos **********************en contra de la autoridad responsable Licenciada Adriana Cabrera Pérez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, señalando como acto reclamado la omisión de resolver en definitiva a la averiguación previa AP 218/2004/TLAX-2 y su acumulada AP 602/2012/TLAX-2, a pesar de que ha transcurrido en exceso el plazo razonable para que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizara las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y resolviera en definitiva la indagatoria señalada, e indicaron que hasta esa fecha habían sido desahogadas las diligencias necesarias para la comprobación del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de los inculpados. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se formuló prevención a los quejosos para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que quedaran debidamente notificados del acuerdo, por escrito y con las copias necesarias de éste, por ser parte integral de la demanda de amparo, deberían manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado. Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado en el término señalado, se tendría por, no presentada la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en atención a que los quejosos no cumplieron con la prevención que se les hizo por auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis y que el término que se les concedió para tal efecto transcurrió sin que lo hubieran hecho, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído y con apoyo en el artículo 114 párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se declaró que el acuerdo mencionado en el párrafo que antecede, causó estado, por no haberse recurrido por la parte quejosa, ordenándose el archivo del presente juicio de amparo. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se remitió materialmente al archivo definitivo. 2. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de la sentencia emitida y la fecha en que fue notificada. En el caso no existieron razonamientos jurídicos relevantes, ya que en el presente juicio de amparo, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. 3. Informe si en los expedientes en mención las presuntas víctimas manifestaron violaciones a su derecho de libertad personal derivado de una posible detención arbitraria, violenta y prolongada, así como haber sido víctima de incomunicación y de abuso de autoridad. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. En su escrito inicial de demanda, los quejosos, refirieron que fueron víctimas de detención arbitraria, violenta y de abuso de autoridad, pues al respecto manifestaron lo siguiente: "(.)VI. ANTECEDENTES. l. El 13 de Agosto de 2002, agentes policiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) se trasladaron al Estado de México y al Distrito Federal simulando que actuaban en ejecución de las órdenes de comparecencia. Una vez ahí, en ejercicio excesivo de sus facultades, detuvieron arbitrariamente en distintos lugares y momentos al suscrito, además de los CC. Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas, Mario Ricardo Almanza Cerriteño, José María Cirilo Ramos Tenorio y Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra, mientras nos desempeñábamos en nuestras labores cotidianas. Las detenciones se realizaron por agentes vestidos de civiles, quienes no se identificaron y conducían vehículos no oficiales y sin placas. 2. Después de la detención, entre las 10:00 y 12:00 horas del mismo 13 de agosto, los agentes de la policía retuvieron injustificadamente a los suscritos. Lo anterior se hizo a fin de reunir al suscrito y demás detenidos en dos grupos y simular que nuestra detención fue realizada casi simultáneamente como resultado de un operativo planeado en conjunto con la PGR, cuyo sustento jurídico eran las ordenes de comparecencia. 3. De ahí, fuimos llevados a las instalaciones de la PGJET donde fuimos torturados por los mismos agentes policiales que nos detuvieron. La tortura se infringió en distintos episodios que sucedieron entre las 11:00 y las 23:00 horas del 13 de agosto de 2002. La tortura consistió en: simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, golpes, ahogamiento con agua, provocación de desvanecimiento y reanimación para seguir la tortura, introducción de agua gasificada por los conductos nasales, inmovilización por largos periodos de tiempo, insultos y amenazas. 4. Los suplicios a los que fuimos sometidos tenían el mismo objetivo: doblegar nuestra voluntad, agotar nuestra resistencia, admitir nuestra participación en el secuestro de personas que no conocíamos y consolidar una mentira en torno a dos hechos delictivos distintos de secuestro en los cuales ninguno de nosotros participamos. 5. A las 15:00 horas los agentes policiales entregaron partes ministeriales "fabricados". En ellos, los policías sostienen que nos detuvieron para ejecutar la orden de comparecencia y que por ello realizaron una "revisión de rutina" en la que supuestamente encontraron narcóticos, por lo que se nos detuvo con base en la flagrancia. Cabe notar que la PGJET, para "calificar" la detención realizada en flagrancia, asumió la competencia en asistencia de la PGR; después tendría que remitir la averiguación a dicha autoridad, pues es quien cuenta con la competencia legal sobre el tipo de delito que se investigaba. 6. A las 18:00 horas, fuimos exhibidos en una rueda de prensa convocada por la PGJET, donde se nos señaló como miembros de la banda de secuestradores "Los Kempes" y se nos atribuyó la culpabilidad de diversos secuestros cometidos en Tlaxcala. 7. Después de la rueda de prensa, entre las 20:00 y las 23:00 horas, fuimos torturados nuevamente. Fue en ese contexto que se obligó a todos los suscritos a participar en la fabricación de pruebas que la PGJET utilizaría para vinculamos a dos diversas averiguaciones previas. Así pues, todos fuimos forzados a realizar grabaciones de voz fingiendo ser secuestradores. La totalidad de los seis, incluido el suscrito, fuimos presentados en dos diligencias de confrontación cada uno, sin que se nos permitiera nombrar a un defensor y sin contar con defensa de oficio efectiva; tampoco se respetaron las formalidades legales. Todo esto lograría "fabricar" las pruebas que serían utilizadas para incriminar a los suscritos. 8. Durante la noche del 13 de agosto de 2002 la PGJET acumuló las indagaciones por posesión de narcóticos con las indagaciones por secuestro. Entonces consideró que además existía el delito de "Delincuencia Organizada". De esa forma, la PGJET declaró que la competencia legal correspondía a la PGR, y remitió la indagatoria donde se señalaba a los suscritos como probables responsables de los tres delitos: posesión de narcóticos, secuestro y delincuencia organizada. 9. El 14 de agosto de 2002 fuimos presentados ante la PGR, dónde se tomaron nuestras declaraciones preparatorias y por primera vez se nos informó de la acusación en nuestra contra. El 17 de agosto de 2002 se ejercitó la acción penal y se radicó el proceso 95/2002-D ante el Juez Noveno de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. La imposición de esta medida se sustentó en las pruebas obtenidas ilegalmente por la PGJET, en suma, se basó en pruebas obtenidas mediante tortura (.)" 4. Si refirieron vulneración a su derecho a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura de los que manifestaron fueron objeto a efecto de autoincriminarse, en específico, durante su detención, traslado y puesta a disposición a las autoridades ministeriales. En su caso, la fecha y las medidas que se hubieren tomado al respecto. Si a los autores de la comunicación se les realizaron pruebas conforme al protocolo de Estambul, de ser así, cuáles fueron los resultados y, en un supuesto caso negativo, las razones por las que no se les aplicó. Además, si alegaron la dilación en la integración de dichas probanzas y la presunta falta de imparcialidad de las autoridades que las realizaron. Por cuanto hace a este punto, del escrito de demanda presentado por los quejosos se advierte lo siguiente: "(.) 10. Debido a estos hechos, nuestros familiares interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los días 14 y 16 de agosto del 2002, organismo que dio vista a la Procuraduría General de la República. Del estudio, investigación y análisis realizado de los hechos denunciados, la CNDH concluyó que a los seis implicados nos fueron transgredidos nuestros derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad personal y dignidad humana. Sin embargo, también se determinó que los responsables de dichas violaciones eran servidores públicos estatales pertenecientes a la PGJET; por lo que, en razón de la competencia la investigación se remitió al fuero estatal. .16. En el mes de febrero del año 2013 se practicó al suscrito y a los CC. Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas, Mario Ricardo Almanza Cerriteño y José María Cirilo Ramos Tenorio, el Dictamen Médico-Psicológico para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos, mejor conocido como Protocolo de Estambul, a fin de probar el cuerpo del delito de tortura, mismo que fueron exhibidos y ratificados ante la agencia del ministerio público a finales del 2013. 18. El día 30 de diciembre de 2015 la autoridad ministerial responsable determinó la culminación de las investigaciones y sometió para su revisión y análisis una propuesta de no ejercicio de la acción penal a la Unidad Jurídica de esa Institución, para efectos de determinar la conclusión definitiva de la averiguación previa AP 2l8/2004/TLAX -2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, al estimar que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de tortura, y que los delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública se encuentran prescritos todo ello a pesar de que existen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito de tortura y la probable responsabilidad penal del mismo y someter a un nuevo análisis por lo que respecta a los dos delitos restantes. 19. La Unidad Jurídica de la PGJET notificó su respuesta a la autoridad investigadora responsable mediante oficio U.J.314/2016 de fecha 11 de abril de 2016, donde resolvió no confirmar la propuesta del no ejercicio de la acción penal, al considerar que la determinación carece de debida fundamentación y motivación por cuanto hace al estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ilícitos considerados, principalmente por el delito de tortura, ya que se fundó conforme a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Tlaxcala, en tanto que la Unidad Jurídica estimó que los artículos que tipifican la tortura fueron derogados y trasladados al artículo 189 del Código Penal estatal vigente(.)" En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo narrado en el escrito inicial de demanda los quejosos refirieron que fueron torturados y les fue practicado el Dictamen Médico-Psicológico para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos, mejor conocido como Protocolo de Estambul, a fin de probar el cuerpo del delito de tortura. Asimismo, se adujo que el día treinta de diciembre de dos mil quince, la autoridad ministerial responsable determinó la culminación de las investigaciones y sometió para su revisión y análisis una propuesta de no ejercicio de la acción penal a la Unidad Jurídica de esa Institución, para efectos de determinar la conclusión definitiva de la averiguación previa AP 2l8/2004/TLAX -2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, al estimar que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de tortura, y que los delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública se encuentran prescritos. De igual forma, agregaron que la Unidad Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio U.J.314/2016 de fecha once de abril de dos mil dieciséis, resolvió no confirmar la propuesta del no ejercicio de la acción penal. Por otra parte, en el presente juicio de amparo, no se ordenó la práctica de pruebas conforme al protocolo de Estambul, en razón de que por auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento los quejosos a la prevención realizada, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. 5. Si alegaron transgresiones a su derecho al debido proceso, derivado de la presunta detención llevada a cabo con una supuesta orden de colaboración expirada del gobierno de Tlaxcala con la entonces PGR; la aparente fabricación del supuesto de flagrancia con el que fueron detenidos; así como la transgresión al principio de presunción de inocencia, por su exhibición ante los medios de comunicación, en los que adujeron haber sido señalados como miembros de una banda de secuestradores; y, por la alegada realización de certificados médicos superficiales y carentes de una verdadera valoración técnica. De igual manera, indique si refirieron ser obligados a firmar documentos sin conocer su contenido, así como a llevar a cabo pruebas bajo supuestos actos de tortura o malos tratos -como grabaciones de voz, entre otras-; lo que consideran llevó una indebida valoración de pruebas al haber sido obtenidas de manera ilícita. Los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron que fueron objeto de actos de tortura consistentes en simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, golpes, ahogamiento con agua, provocación de desvanecimiento y reanimación para seguir la tortura, introducción de agua gasificada por los conductos nasales, inmovilización por largos periodos de tiempo, insultos y amenazas. Asimismo refirieron que fueron obligados a participar en la fabricación de pruebas, alegaron transgresión al principio de presunción de inocencia, por su exhibición ante los medios de comunicación y al debido proceso, como se puede apreciar, en los puntos números 3, 4, 7, 8 y 9, del escrito de demanda en los que expusieron: ".3. De ahí, fuimos llevados a las instalaciones de la PGJET donde fuimos torturados por los mismos agentes policiales que nos detuvieron. La tortura se infringió en distintos episodios que sucedieron entre las 11:00 y las 23:00 horas del 13 de agosto de 2002. La tortura consistió en: simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, golpes, ahogamiento con agua, provocación de desvanecimiento y reanimación para seguir la tortura, introducción de agua gasificada por los conductos nasales, inmovilización por largos periodos de tiempo, insultos y amenazas. 4. Los suplicios a los que fuimos sometidos tenían el mismo objetivo: doblegar nuestra voluntad, agotar nuestra resistencia, admitir nuestra participación en el secuestro de personas que no conocíamos y consolidar una mentira en torno a dos hechos delictivos distintos de secuestro en los cuales ninguno de nosotros participamos. . 7. Después de la rueda de prensa, entre las 20:00 y las 23:00 horas, fuimos torturados nuevamente. Fue en ese contexto que se obligó a todos los suscritos a participar en la fabricación de pruebas que la PGJET utilizaría para vinculamos a dos diversas averiguaciones previas. Así pues, todos fuimos forzados a realizar grabaciones de voz fingiendo ser secuestradores. La totalidad de los seis, incluido el suscrito, fuimos presentados en dos diligencias de confrontación cada uno, sin que se nos permitiera nombrar a un defensor y sin contar con defensa de oficio efectiva; tampoco se respetaron las formalidades legales. Todo esto lograría "fabricar" las pruebas que serían utilizadas para incriminar a los suscritos. 8. Durante la noche del 13 de agosto de 2002 la PGJET acumuló las indagaciones por posesión de narcóticos con las indagaciones por secuestro. Entonces consideró que además existía el delito de "Delincuencia Organizada". De esa forma, la PGJET declaró que la competencia legal correspondía a la PGR, y remitió la indagatoria donde se señalaba a los suscritos como probables responsables de los tres delitos: posesión de narcóticos, secuestro y delincuencia organizada. 9. El 14 de agosto de 2002 fuimos presentados ante la PGR, dónde se tomaron nuestras declaraciones preparatorias y por primera vez se nos informó de la acusación en nuestra contra. El 17 de agosto de 2002 se ejercitó la acción penal y se radicó el proceso 95/2002-D ante el Juez Noveno de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. La imposición de esta medida se sustentó en las pruebas obtenidas ilegalmente por la PGJET, en suma, se basó en pruebas obtenidas mediante tortura (.)" 6. Si señalaron la vulneración a su derecho a una defensa adecuada, en virtud de no haber sido informados de los motivos de su detención y no haber contado con asistencia legal calificada, al referir que la defensa de oficio fue negligente lo que ocasionó que el proceso penal se retrasara. Al respecto debe señalarse que los quejosos señalaron que desde el momento de su detención, no contaron con un defensor, ni se respetaron las formalidades; siendo hasta el día catorce de agosto de dos mil dos, al ser presentado ante la Procuraduría General de la República, cuando fueron informados de la acusación en su contra, como se aprecia del punto 7 del escrito de demanda antes transcrito. 7. Comunique si se alegó la transgresión del derecho a la vida de José María Cirilo Ramos Tenorio, toda vez que falleció bajo custodia del Estado, así como la falta de atención médica, adecuada y oportuna para atender sus padecimientos y la omisión en proporcionarle medicamentos. Los promoventes no alegaron transgresión del derecho a la vida de José María Cirilo Ramos Tenorio 8. Informe si las presuntas víctimas indicaron transgresión a su derecho de acceso a la justicia, debido al supuesto retraso por parte de las autoridades investigadoras en la integración de las averiguaciones previas que esclarecieran la presunta tortura de la que señalaron ser objeto y el fallecimiento de José María Cirilo Ramos Tenorio y, por ende, la dilación en el dictado de una sentencia. Es oportuno reiterar que el presente juicio de amparo fue promovido por los quejosos JORGE HERNÁNDEZ MORA, SERGIO RODRÍGUEZ ROSAS, OSWALDO FRANCISCO RODRÍGUEZ SALVATIERRA y MARIO RICARDO ANTONIO ALMANZA CERRITEÑO, en contra de la autoridad responsable Licenciada Adriana Cabrera Pérez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, señalando como acto reclamado la omisión de resolver en definitiva a la averiguación previa AP 218/2004/TLAX-2 y su acumulada AP 602/2012/TLAX-2, a pesar de que había transcurrido en exceso el plazo razonable para que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizara las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y resolviera en definitiva la indagatoria señalada, e indicaron que hasta esa fecha habían sido desahogadas las diligencias necesarias para la comprobación del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de los inculpados. 9. Informe si el señor Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra alegó la transgresión a su derecho a la libre circulación y al establecimiento de residencia, con motivo del desplazamiento forzoso que tuvo que efectuar por los hostigamientos de diversas autoridades. Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra no alegó transgresión a su derecho a la libre circulación y al establecimiento de residencia, en virtud de que la demanda de amparo fue promovida únicamente por Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño. 10. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado mexicano en el presente asunto. En la especie, no se remite observación ni información alguna. Para justificar lo anterior, y como lo solicita la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia certificada de manera electrónica de las constancias relativas al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que remita el oficio y la copia certificada de las constancias que solicita ordenados en el presente proveído, de manera digital a los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese vía correo electrónico a la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y cúmplase.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que los promoventes dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuseron recurso de queja en contra del proveído de tres de noviembre del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado y apareciendo de la misma que ya transcurrió el término que se concedió a los promoventes ****, para que cumplieran con la prevención que se les hizo por auto de catorce de octubre del presente año, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído y con apoyo en el artículo 114 párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda de garantías. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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