Jorge González Figueroa

Expediente 1070/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1070/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge González Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    ***Apizaco, Tlaxcala, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Ahora, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, toda vez que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio de amparo, el mismo es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Por tanto, una vez que transcurra dicha temporalidad, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y dentro de los treinta días siguientes, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General de referencia, dicho cuaderno es conservable, por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años, este Juzgado de Distrito solicitará su trasferencia; mientras tanto, consérvese por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional y agréguesele una impresión de este acuerdo. En diverso aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable, Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento integrado para conocer de la causa penal ******************** en su etapa de juicio oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, las copias autentificadas de dicho proceso, así como dos discos compactos en formato DVD, los cuales anexó a su informe justificado, sin que se requiera el acuse de recibo, toda vez que el mismo obrará agregado en autos una vez realizada la devolución de que se trata. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos exhibidos por la parte quejosa, consistente en un tomo de pruebas; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento su entrega en caso de que así se solicite, en el entendido que de no hacerlo en el término de noventa días naturales, contado a partir de su legal notificación de este auto, las referidas documentales serán destruidas, como lo establece el artículo 20 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Ahora, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, toda vez que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio de amparo, el mismo es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Por tanto, una vez que transcurra dicha temporalidad, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y dentro de los treinta días siguientes, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General de referencia, dicho cuaderno es conservable, por lo que una vez que transcurra el plazo de tres años, este Juzgado de Distrito solicitará su trasferencia; mientras tanto, consérvese por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional y agréguesele una impresión de este acuerdo. En diverso aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable, Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento integrado para conocer de la causa penal ******************** en su etapa de juicio oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, las copias autentificadas de dicho proceso, así como dos discos compactos en formato DVD, los cuales anexó a su informe justificado, sin que se requiera el acuse de recibo, toda vez que el mismo obrará agregado en autos una vez realizada la devolución de que se trata. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos exhibidos por la parte quejosa, consistente en un tomo de pruebas; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento su entrega en caso de que así se solicite, en el entendido que de no hacerlo en el término de noventa días naturales, contado a partir de su legal notificación de este auto, las referidas documentales serán destruidas, como lo establece el artículo 20 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con siete minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1070/2023, promovido por Cristina Pérez Cuatecontzi, en su carácter de defensora particular del quejoso Jorge González Figueroa, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- la demanda de amparo presentada por Cristina Pérez Cuatecontzi en su carácter de defensora particular del quejoso Jorge González Figueroa; 2.- auto admisorio de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés; 3.- informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juez Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento Integrado para conocer de la causa judicial 263/2019 en su etapa de juicio oral de las radicadas en el Juzgado de Control y de Juicio Oral Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y 4.- escrito signado por la parte quejosa registrado con el número 15426. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que interviene en la causa judicial 263/2019, así como las víctimas de iniciales Y.Z.C., K.D.P.Z. y K.A.P.Z. se encuentran debidamente emplazados por conducto de su Asesor Jurídico. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y terceros interesados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció copia certificada del expediente médico relativo a Jorge González Figueroa que obra en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, con el cual se formó un tomo de pruebas. Por su parte, la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado, copia autentificada de la causa judicial 263/2019 y un disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de las audiencias de siete de julio y tres de agosto de dos mil veintitrés. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. A lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos y que el fiscal federal no formuló pedimento se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 1070/2023, promovido por Jorge González Figueroa, por conducto de su defensora particular Cristina Pérez Cuatecontzi; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día veintiocho siguiente en este órgano jurisdiccional, Jorge González Figueroa, por conducto de su defensora particular, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. ACTO RECLAMADO: La resolución de seis (sic) de julio de dos mil veintitrés dictada en audiencia de revisión de medida cautelar en la que se determinó la prolongación y no modificación de la prisión preventiva oficiosa impuesta el quince de septiembre de dos mil diecinueve dentro de la causa judicial 263/2019. Acto que considera viola los derechos contenidos en el artículo 4°, 14, 16, 17 y 20, apartado b), fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. Mediante proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Además, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, que interviene en la causa judicial 263/2019, así como las víctimas de iniciales Y.Z.C., K.D.P.Z. y K.A.P.Z. Finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación para promover el juicio de amparo. Cristina Pérez Cuatecontzi está legitimada para promover el presente juicio de control constitucional, en representación de Jorge González Figueroa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, segundo párrafo, y 14, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el Defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente." Ello es así, toda vez que de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que la promovente se ostentó como defensora particular de Jorge González Figueroa, lo cual efectivamente se encuentra demostrado, pues de la causa penal de origen se advierte que dicha profesionista fue nombrada con tal carácter y aceptó y protestó el cargo respectivo (fojas 52, 53 y 69 de la causa penal). TERCERO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de julio de dos mil veintitrés dictada en audiencia de revisión de medida cautelar en la que se determinó la prolongación y no modificación de la prisión preventiva oficiosa impuesta el quince de septiembre de dos mil diecinueve dentro de la causa judicial 263/2019. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, toda vez que al rendir su informe justificado, el cual obra a foja 25, la Juez Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento Integrado para conocer de la causa judicial 263/2019 en su etapa de juicio oral de las radicadas en el Juzgado de Control y de Juicio Oral Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, aceptó el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias autentificadas de las constancias escritas de la causa judicial 263/2019 (foja 277) y con el registro de audio y video de la audiencia llevada a cabo por el Tribunal de Enjuiciamiento, que como apoyo a su informe justificado anexó la autoridad judicial responsable, esto en un disco versátil digital donde obra el acto reclamado por el quejoso, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad pueda resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. En el caso, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la posible trasgresión constitucional. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Tocante al tema se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo alguna de sus consecuencias, dicha causa no operaría. Sirve de apoyo al argumento expuesto, la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 197367 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. CL/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, noviembre de 1997, página 71 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Además, en relación con dicha causa de improcedencia se ha establecido que concurre en dos supuestos: por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto que, en su caso, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir la tesis I.3°. C.92 K, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.". Así, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, por no poder producir ya efecto alguno. Esto es, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario que, mediante una conducta de hacer por parte de la autoridad, deje sin efecto el acto reclamado, o bien, se sustituya por otro. En el caso a estudio, para considerar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, es necesario señalar que el quejoso reclama la resolución de siete de julio de dos mil veintitrés dictada en audiencia de revisión de medida cautelar en la que se determinó la prolongación y no modificación de la prisión preventiva oficiosa impuesta el quince de septiembre de dos mil diecinueve dentro de la causa judicial 263/2019. Ahora bien, mediante escrito acordado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, Cristina Pérez Cuatecontzi, en su carácter de defensora particular del quejoso Jorge González Figueroa, informó a este Juzgado de Distrito sobre la causal de improcedencia de que se trata, al referir que la autoridad responsable dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior se corrobora con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en el que comunicó que dentro de la causa judicial 263/2019, el tres de agosto de dos mil veintitrés, celebró la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y determinó su cese, para imponer en su lugar, las diversas contenidas en las fracciones I, V, VII, VIII y XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, si la parte quejosa señaló como acto reclamado, la resolución en la que se determinó la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, posteriormente, el tres de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable celebró la audiencia de revisión de dicha medida y la dejó sin efectos para imponerle las diversas establecidas en el artículo 155, fracciones I, V, VII, VIII y XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconcuso que los efectos del acto combatido han cesado, pues se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que la condición actual del quejoso es como si se hubiera otorgado el protección constitucional. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se les informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario y tienen acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge González Figueroa por conducto de su defensora particular Cristina Pérez Cuatecontzi, atento a lo expuesto en el considerando quinto de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Cristina Pérez Cuatecontzi en su carácter de defensora del imputado Jorge González Figueroa, mediante el cual hace del conocimiento que en el caso se ha actualizado una causal de sobreseimiento, toda vez que la autoridad responsable ha dejado insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa señalada como acto reclamado e impuso diversas medidas al investigado; atento a ello, se tienen por hechas las manifestaciones de la promovente, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

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