Jorge Gutierrez Esparza
Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/08/2023
Partes del expediente
- Jorge Gutierrez Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las trece horas del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 564/2023-G, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, estando presente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario con quien actúa y da fe; sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias relevantes que conforman el presente juicio: a) demanda de amparo; b) acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por recibido el escrito inicial, se ordenó su registro con el número de juicio 564/2023, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; c) informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California. A lo que la Secretaria encargada del Despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Seguidamente, se abre el periodo probatorio y se da cuenta que solo la autoridad responsable ofreció los siguientes medios de prueba: Documental pública consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en los autos de la causa penal 4329/2020. A lo que la Secretaria encargada del Despacho acuerda: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas anteriormente relacionadas, las cuales, dada su propia y especial naturaleza, por no ameritar formalidad alguna para su recepción, se tienen por desahogadas en este acto. Desahogadas que fueron las pruebas, sin más por relacionar, se declara cerrado el período y se pasa al siguiente periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo anterior la Secretaria encargada del Despacho acuerda: De conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Doy fe. Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 564/2023-G, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California -en su denominación correcta-, con residencia en esta ciudad. "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable reclamo la omisión de dar seguimiento a H. petición de audiencias más seguidas y/o en un tiempo razonable. Segundo. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el escrito inicial de demanda, ordenó su registro con el número de expediente 564/2023, se ordenó formar el expediente físico y electrónico, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin que exista tercero interesado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos omisivos dentro de un procedimiento penal; cuya ejecución tiene lugar en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido a las autoridades responsables en su correcta denominación, es: La omisión de dar respuesta a la petición de señalar fecha de audiencia en un tiempo razonable. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo dicha negativa debe tenerse por desvirtuada, en virtud de que la propia autoridad reconoce que el trece de junio del presente año, se emitió el acuerdo en el cual se da respuesta a la pretensión del quejoso, que se advierte fue recibida el dieciséis de mayo del presente año. Y se corrobora con las copias certificadas que anexó en apoyo de su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo XIV-Julio de 1994, publicada en la página trescientos noventa y uno, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Con relación al acto reclamado, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya se precisó, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable. Luego, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California con sede en Tijuana, informó que el trece de junio de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo en el que se dijo al hoy quejoso, que no era procedente acordar su petición, al haber fenecido su competencia jurisdiccional, por lo que su solicitud debe dirigirla al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento. Documentales, que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo. Con dichas constancias, se dio vista al quejoso en acuerdo de diecinueve de junio de este año, a efecto de que manifestara si era su intención ampliar su demanda, sin que lo haya hecho dentro del plazo establecido para ello. Por lo que es evidente que, del análisis de esas constancias, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado al promoverse el juicio de amparo, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintidós de mayo de dos mil veintitrés -, el acto reclamado subsistía, en virtud de que la autoridad responsables no había dado respuesta a la petición del quejoso; también lo es que, con posterioridad; es decir, el trece de junio de este año, el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, dio respuesta al escrito presentado por el quejoso, y que fue recibido dieciséis de mayo del año en curso. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables por los razonamientos expuestos en el quinto considerando del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas del artículo 161 del citado ordenamiento, por vacaciones de la Titular autorizadas mediante oficio CCJ/ST/3169/2023, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días a que alude el numeral 111 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa, a efecto de que ampliara la demanda de amparo, sin que lo realizara; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, y resuélvase el presente juicio de amparo únicamente respecto al acto y autoridad responsable precisados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se agregó el informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por lo que transcurre el plazo de ocho días a que alude el numeral 117 de la Ley Amparo a efecto de que las partes se impongan de su contenido. Asimismo, se obtiene, que transcurre el plazo de quince días otorgado en esa misma determinación a la parte quejosa, a efecto de que manifieste si es su interés ampliar la demanda de amparo, en términos del artículo 111 de la invocada Ley. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
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