Jorge David Herrera Maclis

Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
65/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Jorge David Herrera Maclis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de adscripción para emplazar a juicio a Jessica Éricka Rivera Rodríguez y Wendy Berenice Gutiérrez Castro, en su calidad de asesoras jurídicas de las víctimas A.P.A., C.B. y R.B.R., por las razones que en la misma expone. Atento a lo anterior, requiérase al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que en la medida de lo posible proporcione diverso domicilio donde puedan ser localizadas las asesoras jurídicas de las víctimas A.P.A., C.B. y R.B.R, designadas dentro de la causa penal 3094/2019, de su índice, en el entendido que de ser el caso en que no cuente con uno diverso domicilio, comunique a este órgano jurisdiccional que autoridad las designó, ello, para estar en aptitud de girar las instrucciones correspondientes para ser requeridas por conducto de su superior jerárquico y ser emplazadas al presente juicio de garantías. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible entregar los oficios 7814, 7815 y 7816 dirigidos a los terceros interesados Ángel Pantoja Pantoja, Marcela Sandez Tello y José Raymundo Rojas Naranjo, todos Agentes de Ministerio Público, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse la actuaria judicial, le fue informada que no puede recibir los referidos oficios, en virtud de que los agentes antes mencionado no están adscritos a la Unidad de Investigación contra la Vida y la Integridad. Atento a lo anterior, de autos se advierte que los Agentes de Ministerio Público Ángel Pantoja Pantoja y Marcela Sandez Tello se encuentran adscritos a la Unidad de Investigación con detenido, con sede en esta ciudad, en el domicilio ubicado Avenida Murua Martínez, sin número, colonia Chapultepec Alamar, en esta ciudad. Por tanto, gírese oficio a las autoridades en comento, a su adscripción y domicilio correcto, a fin de que sean legalmente emplazados a juicio, como lo establece el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de Amparo, en los términos y condiciones precisados en auto de seis de diciembre del año en curso. Por otra parte, requiérase al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que en la medida de lo posible brinde a este órgano jurisdiccional, la adscripción y domicilio del Agente del Ministerio Público José Raymundo Rojas Naranjo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, el oficio y anexos de cuenta, por medio del cual rinde su informe justificado la autoridad señalada como responsable, mismo que fue enviado en evidencia criptográfica, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; déjense a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el precepto 119, del citado ordenamiento legal, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjuntó al informe la autoridad responsable. Asimismo, la autoridad responsable ofrece como prueba dos discos compactos, relativos a las audiencias celebradas en el procedimiento penal de origen; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, lo que se relacionará al momento de celebrarse la audiencia constitucional; sin que sea el caso celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido del referido disco compacto, dado que dicho medio de convicción tiene la naturaleza de una documental pública, las cuales se tienen por desahogadas dadas su naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, cuyo rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". En consecuencia, resguárdense los discos compactos en la Secretaría de este Juzgado, que agregó la autoridad responsable en su informe justificado, a fin de evitar el daño de éstos por manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que si es su deseo imponerse de los mismos, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. En diverso tenor, de las referidas probanzas y anexos que remitió la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se advierte que los agentes del Ministerio Público que participaron en dicha audiencia, fueron los licenciados Ángel Pantoja Pantoja, José Raymundo Rojas Naranjo y Marcela Sandez Tello; asimismo, se advierte la participación de las licenciadas Wendy Berenice Gutiérrez Castro y Jessica Éricka Rivera Rodríguez, como asesoras jurídicas de las víctimas u ofendidos; en consecuencia, a fin de llamarlos al presente juicio como terceros interesados, requiérase a la autoridad judicial mencionada en primer término, para que a la brevedad posible, informe a este juzgado lo siguiente: La adscripción actual de los agentes del Ministerio Público que intervinieron en dichas audiencias. Si las licenciadas Wendy Berenice Gutiérrez Castro y Jessica Éricka Rivera Rodríguez, fungen como asesoras jurídicas de las víctimas u ofendidos; en caso afirmativo, proporcione el domicilio en que puedan ser emplazadas al presente juicio de garantías. En seguimiento a lo anterior, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 inciso c) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 9, 10, 12 fracciones IV, VI y XII, 14 y 124 fracciones I, VIII y IX, de la Ley General de Victimas; así como en estricto acatamiento a los principios de equidad e igualdad procesal, se advierte que existen víctimas directas del hecho que la ley señala como delito de secuestro express, se requiere a la autoridad judicial citada en párrafos anteriores, para que remita por separado y en sobre cerrado el nombre y domicilio de las víctimas, ya que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a resguardar dicha información con el debido sigilo, al tratarse de datos personales referentes a la identidad de las víctimas directas de un delito. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a. LXXXI/2017(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 65 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo 1, con registro electrónico 2014698, cuyo rubro y texto dicen: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN Y CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN III, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). Esta Primera Sala ha sostenido que el derecho de las víctimas a participar y ser escuchadas en el juicio de amparo (incluso en su carácter de terceros) no debe limitarse a los aspectos relativos a la reparación del daño. De acuerdo con la interpretación sostenida por este alto tribunal, el derecho fundamental de acceso a la justicia y a la verdad exige que la víctima u ofendido del delito sea llamada y escuchada en relación con otros aspectos del proceso penal, como sería la acreditación del delito, la atribución de responsabilidad y la individualización de las sanciones. De acuerdo con lo anterior, esta Sala estima que el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada, al señalar que tendrá el carácter de tercero perjudicado el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño "siempre que los actos reclamados afecten dicha reparación o responsabilidad", resulta infraincluyente tratándose de la víctima u ofendido del delito, pues claramente excluye la posibilidad de reconocerle el carácter de parte dentro del juicio y, por tanto, de que sea debidamente escuchada y que esté en aptitud de hacer valer sus intereses, en aquellos casos en los que no se vea afectado, directa o indirectamente, el derecho a una justa indemnización. En ese sentido, a fin de no hacer nugatorios o restringir desproporcionadamente los derechos de las víctimas, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, no debe leerse de manera literal o textual, sino de conformidad con el principio de acceso a la justicia, de tal manera que se permita su participación dentro del juicio de amparo con el carácter de tercero perjudicado, aun y cuando el acto reclamado no afecte o incida en la reparación del daño. En otras palabras, el operador jurídico debe tomar en consideración que la porción normativa que señala "siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad", aunque pudiera ser constitucional en otros supuestos (por ejemplo, en el caso de aquellas personas que sin tener el carácter de víctimas u ofendidos del delito tengan derecho a la reparación del daño), no resulta aplicable tratándose de la víctima u ofendido del delito." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Una vez que se reciba dicha respuesta, provéase lo que en derecho corresponda respecto al emplazamiento de los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Juan Domingo Valadez Rivera, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: Único. Se concede a Jorge David Herrera Maclis, la suspensión definitiva, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida del Juan Domingo Valadez Rivera, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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