Jorge Francisco Sandoval Mendez

Expediente 638/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
638/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Francisco Sandoval Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en consecuencia, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que, feneció el plazo de cinco días hábiles, otorgado al promovente del presente juicio, en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que desahogara la prevención que le fue formulada en el mismo; esto así, ya que se le notificó el doce de septiembre de dos mil veintidós, por tanto, el plazo le transcurrió del diecinueve al veintitrés de septiembre del año en curso (previo descuento de los correspondientes días inhábiles), sin que haya hecho lo propio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Jorge Francisco Sandoval Méndez. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, para notificar personalmente el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, al quejoso Jorge Francisco Sandoval Méndez; por las razones que en ella expone. Por tanto, dado que del escrito de demanda, no se advierte un diverso domicilio en el cual pueda ser localizado el quejoso en cita; con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele al quejoso, el presente proveído, así como el de dos de septiembre de dos mil veintidós y las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado; hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese por lista al quejoso Jorge Francisco Sandoval Méndez. Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Jorge Francisco Sandoval Méndez, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 638/2022- Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III y IV, así como el diverso 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]". Ahora bien, en principio, de la certificación secretarial de cuenta y del contenido íntegro del escrito de demanda se advierte que, el quejoso no señala con precisión cuál es el acto que reclama, dado que en su capítulo correspondiente, solo manifiesta: queda claro con lo narrado en su capítulo de antecedentes, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad, diversos posibles actos de molestia, esto así, ya que refiere: Lo anterior, sin referir con precisión el día, lugar y hora en que se suscitaron los actos de molestia o qué autoridad o autoridades en específico los han realizado, ya que solo menciona que fue en diversas ocasiones, en el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós; lo que genera una incertidumbre de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejecutó el acto reclamado en perjuicio del quejoso. Continuando en ese orden de ideas, respecto al acto reclamado, del capítulo de conceptos de violación, en el marcado como único, específicamente en la página 17 de su demanda, el quejoso narra que: Entonces, se podría inferir conforme a lo narrado que al parecer el quejoso ha señalado como actos reclamados: 1. No ser molestado dentro del territorio mexicano por ninguna autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus ámbitos federal, estatal y municipal de los Estados Unidos Mexicanos (sin especificar con claridad en qué consiste el acto de molestia); 2. La imposibilidad de trasladarse libremente por el territorio nacional; y/o, 3. La detención. Lo que lleva a concluir que del escrito de demanda no se advierte que el quejoso dé cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 108 de la ley de la materia, esto así, ya que no señala con precisión a qué autoridad (es) le (s) reclama el o los actos reclamados. Se afirma lo anterior, en atención a que en su capítulo de autoridades responsables precisó: "A).- COMO ORDENADORA:------------------ CUALQUIER AUTORIDAD DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". B).- COMO EJECUTORAS: ------------------------- CUALQUIER AUTORIDAD DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Sin que sea suficiente que en su antecedente número 1 precise a la Secretaria de Seguridad, ya que en inicio no precisa lugar de residencia de ésta y tampoco se desprende con claridad en qué consiste el acto de molestia. A mayor abundamiento es de establecerse que si bien el artículo 1041 Constitucional establece los asuntos Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; V. De aquellas en que la Federación fuese parte; VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda requiérase al promovente para que al momento de la notificación, o bien en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: 1. Aclare con precisión y de forma concreta a qué autoridad o autoridades les reclama su acto reclamado; y, 2. Precise con claridad y en específico cuál es el acto que en su caso les reclama. 3. Narre, bajo protesta de decir verdad, de forma cronológica y ordenada su capítulo de antecedentes. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad, por lo que se advierte al aquí quejoso que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: Es aplicable, por identidad de razón, la tesis P./J. 35/2001, visible en la página setenta y nueve, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XIII, de abril de dos mil uno, cuyo rubro es: En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Por otra parte, dado que de la certificación secretarial se advierte que Rigoberto Rojas Núñez, Raymundo Montes de Oca Dávila y Amada Luisa Pérez Corona, no cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), página 197, libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por Jorge Francisco Sandoval Méndez, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 638/2022- Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III y IV, así como el diverso 114, fracción I y II, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]". Ahora bien, en principio, de la certificación secretarial de cuenta y del contenido íntegro del escrito de demanda se advierte que, el quejoso no señala con precisión cuál es el acto que reclama, dado que en su capítulo correspondiente, solo manifiesta: queda claro con lo narrado en su capítulo de antecedentes, ya que manifiesta bajo protesta de decir verdad, diversos posibles actos de molestia, esto así, ya que refiere: Lo anterior, sin referir con precisión el día, lugar y hora en que se suscitaron los actos de molestia o qué autoridad o autoridades en específico los han realizado, ya que solo menciona que fue en diversas ocasiones, en el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós; lo que genera una incertidumbre de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejecutó el acto reclamado en perjuicio del quejoso. Continuando en ese orden de ideas, respecto al acto reclamado, del capítulo de conceptos de violación, en el marcado como único, específicamente en la página 17 de su demanda, el quejoso narra que: Entonces, se podría inferir conforme a lo narrado que al parecer el quejoso ha señalado como actos reclamados: 1. No ser molestado dentro del territorio mexicano por ninguna autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus ámbitos federal, estatal y municipal de los Estados Unidos Mexicanos (sin especificar con claridad en qué consiste el acto de molestia); 2. La imposibilidad de trasladarse libremente por el territorio nacional; y/o, 3. La detención. Lo que lleva a concluir que del escrito de demanda no se advierte que el quejoso dé cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 108 de la ley de la materia, esto así, ya que no señala con precisión a qué autoridad (es) le (s) reclama el o los actos reclamados. Se afirma lo anterior, en atención a que en su capítulo de autoridades responsables precisó: "A).- COMO ORDENADORA:------------------ CUALQUIER AUTORIDAD DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". B).- COMO EJECUTORAS: ------------------------- CUALQUIER AUTORIDAD DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Sin que sea suficiente que en su antecedente número 1 precise a la Secretaria de Seguridad, ya que en inicio no precisa lugar de residencia de ésta y tampoco se desprende con claridad en qué consiste el acto de molestia. A mayor abundamiento es de establecerse que si bien el artículo 1041 Constitucional establece los asuntos Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; V. De aquellas en que la Federación fuese parte; VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. En consecuencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda requiérase al promovente para que al momento de la notificación, o bien en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: 1. Aclare con precisión y de forma concreta a qué autoridad o autoridades les reclama su acto reclamado; y, 2. Precise con claridad y en específico cuál es el acto que en su caso les reclama. 3. Narre, bajo protesta de decir verdad, de forma cronológica y ordenada su capítulo de antecedentes. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. Apercibimiento. Lo anterior, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad, por lo que se advierte al aquí quejoso que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: Es aplicable, por identidad de razón, la tesis P./J. 35/2001, visible en la página setenta y nueve, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XIII, de abril de dos mil uno, cuyo rubro es: En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Señalamiento de domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Por otra parte, dado que de la certificación secretarial se advierte que Rigoberto Rojas Núñez, Raymundo Montes de Oca Dávila y Amada Luisa Pérez Corona, no cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), página 197, libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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