Jorge González López
Expediente 273/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge González López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1 Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no le depara perjuicio alguno a ésta. 6. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 7. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 273/2023, promovido por ********************, y por alegada violación de los artículos 735 y relativos a la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, y 1, 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 41, 114, 120 y relativos de la Ley de la Materia; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La violación a la garantía de impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 Constitucional y las omisiones subsecuentes, al no observarse los plazos términos legales, establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo que se traduce en la omisión de la responsable para acordar y tramitar las actualización de las planillas de liquidación presentadas ante la responsable con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y el escrito de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se solicitó autorizar al actuario para tal efecto y realizar las actuaciones necesarias para ejecutar el laudo. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos existentes. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman, anexando constancias para acreditar su dicho. Las constancias remitidas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no obstante la existencia del acto reclamado consistente en la violación a la garantía de impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 Constitucional y las omisiones subsecuentes, al no observarse los plazos términos legales, establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo que se traduce en la omisión de la responsable para acordar y tramitar las actualización de las planillas de liquidación presentadas ante la responsable con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y el escrito de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se solicitó autorizar al actuario para tal efecto y realizar las actuaciones necesarias para ejecutar el laudo, el suscrito Juzgador Federal estima que sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado, que opera cuando los efectos del acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso, a manera de preámbulo cabe de las constancias que integran el juicio laboral 137/2009, que se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, se advierte lo siguiente: El veintidós de febrero de dos mil trece la responsable dictó laudo en cumplimiento de ejecutoria, en el que resolvió: "...PRIMERO: La parte actora acreditó la procedencia de las acciones, en tanto de que la demandad no demostró las defensas y excepciones opuestas. SEGUNDO. Se condena a la demanda -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (STASPE)- a que restituya de inmediato a los trabajadores JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO ESPINOSA CALVILLO, EMIGDIO MOLINA ALMANZA Y ROSALIO MANRÍQUEZ COSS, en sus derechos sindicales cubriendo además todas y cada una de las prestaciones sindicales de que deben gozar como cualquiera de sus agremiados y que deberían haber percibido a partir de su indebida e ilegal expulsión; Se condena al GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, el reconocimiento inmediato de los C.C. JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO ESPINOSA CALVILLO, EMIGDIO MOLINA ALMANZA Y ROSALIO MANRÍQUEZ COSS, en cuanto agremiados activos del SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (STASPE). TERCERO.- Se concede a las partes demandadas el término de 72 setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del presente para que en forma voluntaria dé cumplimiento al resolutivo que antecede...". Posteriormente el treinta y uno de enero del dos mil veintidós, la autoridad responsable en cumplimiento de ejecutoria de amparo 778/2021, resolvió: "...PRIMERO: La parte actora acreditó la procedencia de las planillas presentadas, las que se aprueban en sus términos, en tanto que la demandada solo demostró en forma mínima los argumentos de defensa que expuso. SEGUNDO. Se autoriza liquidación de laudo hasta por la cantidad de $1'620,236.89 (un millón seiscientos veinte mil doscientos treinta y seis pesos 89/100 M.N.), a favor de los trabajadores actores JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO ESPINOSA CALVILLO, EMIGDIO MOLINA ALMANZA Y ROSALIO MANRÍQUEZ COSS, que deberán cubrir el SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (STASPE) y/o PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, en términos de las planillas de liquidación anexas en la parte final del considerando cuarto de este laudo, sin perjuicio de lo que se siga generando hasta la total restitución de los accionante en sus derechos sindicales, en términos el laudo pronunciado...". Finalmente, el treinta de marzo de dos mil veintitrés, la responsable dictó acuerdo en el que tuvo por recibidos los escritos presentados los días once, dieciséis, veintiocho de febrero, veintinueve de marzo, veintisiete de junio, todos del año dos mil veintidós, acordando lo correspondiente. Asimismo, ordenó ejecutar el laudo, para lo cual comisionó al Actuario de su adscripción, para requerir a la parte demandada el pago hasta por la cantidad de $1'620,236.89 (un millón seiscientos veinte mil doscientos treinta y seis pesos 89/100 M.N.), que se le adeuda a los trabajadores actores. Ahora, se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que el Tribunal responsable el treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictó acuerdo en el que dictó auto en el que ordenó se despachar ejecución en contra de la parte vencida del juicio laboral, para lo cual comisionó al Actuario de su adscripción, para requerir a la parte demandada el pago hasta por la cantidad de $1'620,236.89 (un millón seiscientos veinte mil doscientos treinta y seis pesos 89/100 M.N.), que se le adeuda a los trabajadores actores. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda -siete de marzo de dos mil veintitrés- el treinta de marzo de dos mil veintitrés, se dio respuesta a las omisiones de que se duele la parte quejosa, por lo que se advierte que cesó en sus efectos los actos reclamados, lo cual pone de manifiesto continuidad al proceso laboral de origen. Con lo anterior, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que el acto del que se pretendía el análisis constitucional, ha dejado de interferir en la esfera jurídica del amparista, puesto que las consecuencias que derivaban del mismo y que, en su caso, le inferían agravio, ya no se materializara. En efecto, la esencia del reclamo de la parte quejosa constituye la omisión de la autoridad responsable de acordar lo conducente respecto de la planilla de liquidación en la que se condenó a la parte demandada del juicio laboral de origen, al pago de la cantidad de $1'620,236.89 (un millón seiscientos veinte mil doscientos treinta y seis pesos 89/100 M.N.), de modo que, si la responsable posterior a la presentación de la demanda de amparo, ordenó despachar ejecución en contra de la parte vencida por la cantidad aludida, es inconcuso, que los peticionarios de amparo han sido resarcidos en el pleno goce de sus derechos fundamentales por lo que ve a esta parte de la ejecución de laudo. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto de los actos reclamados precisados en este considerando; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Remite constancias. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad; a través del cual cumple con el requerimiento formulado en auto de cuatro de abril del presente año, y remite copia certificada del expediente 137/2009, así como del proveído de fecha treinta de marzo del dos mil veintitrés; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. 2. Informe justificado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, con el que se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2.1. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada responsable ofreciendo pruebas de su parte, las cuales no resultan de utilidad para resolver el presente juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque las constancias que adjuntó la responsable, no se encuentran certificadas en su totalidad, toda vez que dos de las tres certificaciones insertas carecen de firma autógrafa; lo que provoca incertidumbre sobre su contenido; por tanto, mediante oficio mediante oficio que al efecto se libre, y toda vez que se estima necesario requerir al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que en el plazo máximo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva remitir las constancias que anexó a su oficio TCA/P/178/2023, de treinta y uno de marzo del año en curso, debidamente certificadas; lo anterior, para estar en condiciones de resolver el presente juicio de amparo, para lo cual se ordena devolver las mismas, a fin de que esté en condiciones de llevar acabo el cotejo correspondiente. Apercibimiento. Apercibida la autoridad en mención, que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. 3. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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