Jorge Gustavo Del Río Reséndiz

Expediente 1429/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1429/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Gustavo Del Río Reséndiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintitrés 1. Estado procesal. Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a estas. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1429/2022, promovido por Jorge Gustavo del Río Reséndiz o Gustavo del Río, por alegada violación a sus derechos atribuida al Congreso del estado de Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: I. Gobernador Constitucional del Estado y II. Congreso del Estado de Michoacán a) El proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, específicamente el artículo 26, fracción I, inciso B), numeral 5, en relación con el último párrafo de dicho precepto y relativos. III. Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán b) El primer acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucionalidad, esto es, el cobro de los recibos con números de folio W06200947/D, W06207189/D, W06207087/D y W06211075/D, expedidos el primero el dos, los dos siguientes el trece y el último el diecinueve, todos de diciembre de dos mil veintidós. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse la constitucionalidad de una ley general del Estado, cuyo primer acto de ejecución tuvo verificativo en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica, en representación del gobernador, Congreso del estado de Michoacán, por conducto de la presidenta de su Mesa Directiva y el director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo cual se encuentra probado con el hecho de que dichos actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios, mayormente porque la Ley impugnada se encuentra publicada en el Periódico Oficial de la Federación, el cual es un medio oficial de difusión. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierten actualizadas las siguientes causas de improcedencia. I. Extemporaneidad en la presentación de la demanda. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal. En esa tesitura, la fracción del segundo artículo referido, contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando la parte quejosa haya consentido tácitamente el acto reclamado, esto es, cuando no presentó la demanda en los plazos previstos en la Ley de la materia. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción procesal que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, por su simple desinterés de haberlo controvertirlo en el tiempo dispuesto por la Ley, pero aun así, pretende impugnarlo a pesar del consentimiento posterior que manifestó al no redargüirlo. Cobra aplicación la tesis sustentada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". Los preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, contemplan como término genérico para la interposición de la demanda, el de quince días computados a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. De aquélla data en que haya tenido conocimiento; 3. De la fecha en que se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Ahora bien, el quejoso en su demanda de amparo, manifestó bajo protesta de decir verdad que el dos de diciembre de dos mil veintidós, acudió a las instalaciones del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, con residencia en la ciudad a solicitar diversas copias y certificaciones, entre ellas, la que dio origen al recibo W06200947/D, del cual indica efectuó el pago el dos de diciembre de dos mil veintidós, lo cual constituye el primer acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. De ahí que respecto de la erogación económica que indica haber sufrido con tal acto de aplicación, tuvo conocimiento el propio dos de diciembre de dos mil veintidós, entonces, el término que la parte quejosa tenía en su favor para presentar la demanda conforme a la regla del artículo 18 de la Ley de Amparo, inició el día siguiente hábil, esto es el cinco de dicho mes y año y feneció el veintitrés posterior, periodo del que se descontaron los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho, por ser inhábiles y la demanda de amparo fue presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder judicial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. II. Ausencia de interés jurídico. Por otra parte, también se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XII, en relación con los numerales 5o, fracción I y 6o, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la quejosa no justificó su interés jurídico. La norma constitucional invocada establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la propia Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Así pues, indica que tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye el interés jurídico y por exclusión, los que no se originen por dichas autoridades atañe al interés legítimo. Como complemento a lo anterior, los dispositivos de la Ley de la materia invocados disponen que el juicio de amparo puede ser promovido por quien tiene el carácter de quejoso, que es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales previstos en el artículo 1o, de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. Luego, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de forma genérica se debe demostrar: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y, La transgresión de dicha prerrogativa por los actos de autoridad tildados de inconstitucionalidad, lo cual faculta al gobernado a solicitar la protección constitucional en su favor. Ahora bien, respecto de los actos reclamados, consistentes en el proceso legislativo de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, específicamente el artículo 26, fracción I, inciso B), numeral 5, en relación con el último párrafo de dicho precepto y relativos, y su primer acto de aplicación consistente en el cobro de los recibos con números de folio W06207189/D, W06207087/D y W06211075/D, expedidos los dos primeros el trece y el último el diecinueve, todos de diciembre de dos mil veintidós; y para demostrar que los actos reclamados transgreden su interés, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo presentada vía electrónica copia simple de esos comprobantes. Documentos que al ser copia simple, únicamente hacen prueba de la existencia de los originales de los que fueron tomados, de conformidad con el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Empero, dichas copias simples son incapaces por sí solas de producir certeza al no haber sido adminiculadas con diverso medio de convicción, por tanto, carecen de valor convictivo acorde al numeral 207, en relación con el diverso 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de la materia. Lo anterior se afirma así, pues la demanda de amparo fue presentada vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea y el quejoso en el capítulo "VI. Protesta de decir verdad", manifestó acompañar en copia simple los documentos anexos. En ese aspecto, el artículo 12,inciso f) del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como al dispositivo 3°, fracción V, del Acuerdo general 12/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, disponen que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas informáticos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Así pues, que los documentos públicos que se ingresen por esa vía (electrónica) no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, con la condicionante de que se haga la manifestación expresa bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Sustenta lo anterior la tesis de registro 384155, emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo CXXVI, página 102, de literalidad: "COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS QUE CARECEN DE AUTENTICIDAD. Una copia fotostática simple carece de validez probatoria al igual que una copia simple, porque no se ha dado autenticidad a su contenido por autoridad competente o sea aquélla en cuyos archivos se encuentra el original, y la sola presentación de esa copia no puede conferirle tal autenticidad". En esa tesitura, al quejoso le correspondía la carga de manifestar bajo protesta de decir vedad que los documentos que adjuntó a su demanda de amparo son copia íntegra e inalterada del documento físico original, o bien, de su copia certificada, con la finalidad de que este órgano estuviera en aptitud de conferirles valor probatorio, lo cual no realizó, contrario a ello, aseveró expresamente que son copia simple, por tanto, no se cuenta con la certeza de que sean fidedignos, en consecuencia, carecen de valor convictivo, toda vez que debe otorgarse el valor equiparable a los exhibidos de forma física, como quedó precisado y fundamentado. Sirve de apoyo la tesis de registro 2017112, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 55, junio de 2018, tomo IV, página 3045, de contenido siguiente: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SU SIGNIFICADO PARA EFECTO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS NÚMERO 1/2013 Y 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). En atención a la creciente demanda del uso de medios electrónicos en la actualidad, la Ley de Amparo en su artículo 3o. establece que los gobernados pueden realizar promociones por escrito o vía oral, y que si es por escrito, prevé la posibilidad de hacerlo mediante el uso de medios electrónicos, para lo cual instituyó el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que está regulada por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento impreso. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como "documento electrónico", para lo cual debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en cuyo numeral 2, fracción IV, dispone que el documento "digitalizado", es la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo, y en su fracción V indica que el "documento electrónico", es el que se genera, consulta, modifica o procesa por medios electrónicos. Por tanto, el documento público que puede adjuntarse al expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo 12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique, consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, modificación de la información". Máxime que al advertirse tal omisión de la parte quejosa, en acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, le fue requerida la exhibición de los documentos originales que adjuntó a su ocurso inicial, para lo cual le fue conferido el término te tres días hábiles siguientes a aquél en que surtiera efectos la notificación realizada para tal fin. Notificación que fue efectuada al justiciable vía electrónica el trece de febrero de dos mil veintitrés, surtiendo efectos en la misma data de conformidad con el numeral 31, fracción III, de la Ley de Amparo, por tanto, dicho término transcurrió del catorce al dieciséis de dicho mes y año, sin que lo hubiere hecho. Es por ello por lo que el quejoso no acreditó su interés jurídico para solicitar el amparo y, por tanto, el derecho para que se ejerza la función jurisdiccional federal para dar respuesta de fondo al reclamo de justicia que pretende, siendo uno de los presupuestos que debe verificarse fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia estudiadas, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. En consecuentica, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia de registro 239006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, no pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Gustavo del Río Reséndiz o Gustavo del Río, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se requiere a la parte quejosa. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa con su escrito de demanda promovida vía electrónica ofertó diversas documentales consistentes en los recibos folios ********************y********************; sin embargo, al haberlo hecho a través del sistema de juicio en línea mediante su firma electrónica, omitió cumplir con el requisito que establece al artículo 3 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el cual establece que las documentales que se anexen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. En tales condiciones, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le realice, exhiba los documentos originales relativos a las pruebas documentales que exhibió con su escrito de demanda. Apercibida que de no hacerlo, se acordará lo que en derecho corresponda. 2. Se difiere audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial que antecede, de donde se advierte que transcurre el plazo para que la parte quejosa se imponga del informe rendido por la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por lo que dicho término le transcurre del veinticuatro de enero al dos de febrero de la presente anualidad. 2. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las nueve horas con cincuenta minutos del siete de febrero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

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