Jorge Gonzalez Lopez

Expediente 773/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
773/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge Gonzalez Lopez
  • JORGE GONZALEZ LOPEZ y Otros.
  • ANTONIO ESPINOSA CALVILLO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que la parte quejosa no impugnó en el término legal, el acuerdo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. VALORACIÓN DE EXPEDIENTES. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JORGE GONZALEZ LOPEZ Y OTROS LA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. 1. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." De acuerdo con el precepto en cita, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que tiene como objeto reparar las violaciones a derechos fundamentales cometidas mediante un determinado acto de autoridad generadas sobre la esfera jurídica del particular que acuda al mismo, para solicitar se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Respecto a lo anterior, se tiene que el legislador ha establecido y la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, cuya condicionante de tal procedencia consiste en que el fallo protector, en su caso emitido, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo derivadas del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió (en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional), jurídicamente se tornaría imposible restituir a la solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental estimado como violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Ahora, en el presente asunto los quejosos Jorge González López, Antonio Espinosa Calvillo, Emigdio Molina Almanza y Rosalío Manríquez Coss, promovieron demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, esencialmente por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, prevista en el artículo 17 constitucional y las omisiones subsecuentes, al no observarse los plazos y términos legales, establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, al referir que desde el año dos mil nueve, presentaron demanda laboral para la restitución de sus derechos sindicales y sigue sin cumplirse el laudo de veintidós de febrero de dos mil trece; por tanto, sin restituírseles en sus derechos sindicales. Y, con base en ello, reclaman: ? El acuerdo de seis de mayo de dos mil veintidós, por medio del cual ordenó notificar a la parte demandada Poder Ejecutivo del Estado el laudo de veintidós de febrero de dos mil trece. ? Omisión de acordar, tramitar resolver y ejecutar su solicitud presentaron por escrito el veintiocho de marzo del dos mil veintidós, sobre la ampliación, actualización y cuantificación económica de sus prestaciones laborales extralegales previstas en las condiciones generales de trabajo. ? La omisión de acordar su solicitud de embargo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós; autorizar al actuario y realizar las actuaciones necesarias para obtener la cantidad líquida establecida por la autoridad responsable, en resolución incidental de liquidación de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Así, los antecedentes relevantes de los actos reclamados son: a) El nueve de junio de dos mil nueve, los aquí quejosos presentaron demanda laboral en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán (STASPE) y del Gobierno del Estado de Michoacán, sobre nulidad del acta de asamblea extraordinaria de fecha nueve de junio de dos mil ocho, en la que se decretó su expulsión del referido sindicato; como consecuencia de ello, solicitaron: 1) la restitución de todos los derechos sindicales por parte del sindicato referido; 2) el reconocimiento de tales derechos por parte del Gobierno del Estado; 3) el pago y/o restitución económica de todas y cada una de las prestaciones laborales -económicas y/o sindicales- que dejaron de percibir desde su expulsión del sindicato y posterior a dicho acto hasta el total cumplimiento del laudo que en su caso se llegara a dictar. b) Seguidos los trámites legales, con fecha veintidós de febrero de dos mil trece, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo directo 865/2012 el tribunal responsable dictó el laudo correspondiente en cuyos puntos resolutivos: "PRIMERO.- La parte actora acreditó la procedencia de las acciones, en tanto que la demandada no demostró las defensas y excepciones opuestas. SEGUNDO.- Se condena a la demandada SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (STASPE) a que restituya de inmediato a los trabajadores JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO ESPINOSA CALVILLO, EMIGDIO MOLINA ALMAZA Y ROSALÍO MANRIQUEZ COSS en sus derechos sindicales cubriendo además y cada una de las prestaciones sindicales de que deben gozar como cualquiera de sus agremiados y que deberían haber percibido a partir de su indebida e ilegal expulsión; se ordena al GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO el reconocimiento inmediato de los CC JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ, ANTONIO ESPINOSA CALVILLO, EMIGDIO MOLINA ALMAZA Y ROSALÍO MANRIQUEZ COSS, en cuanto agremiados activos del SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (STASPE), de conformidad con lo establecido en el considerando quinto del presente. TERCERO. Se concede a las partes demandadas el término de 72 setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del presente para que en forma voluntaria, de cumplimiento al resolutivo que antecede; y,[.]" c) Seguido el trámite de ejecución del laudo laboral y en cumplimiento a la sentencia de amparo 164/2021 de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el cinco de agosto de dos mil veintiuno, se dictó la resolución interlocutoria que decidió la planilla de liquidación propuesta por los actores, misma que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo 778/2021, también del índice de este órgano jurisdiccional, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal el treinta de noviembre de dos mil veintiuno; y, en cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable dictó nueva resolución interlocutoria el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 137/2009, en los siguientes términos: PRIMERO. La parte actora acreditó la procedencia de las planillas presentadas, las que se aprueban en sus términos, en tanto que la demandada solo demostró en forma mínima los argumentos de defensa que expuso. SEGUNDO. Se autoriza liquidación de laudo hasta por la cantidad de $1,620,236.89 (un millón seiscientos veinte mil doscientos treinta y seis pesos 89/100 MN), a favor de los trabajadores actores Jorge González López, Antonio Espinosa Calvillo, Emigdio Molina Almanza y Rosalío Manríquez Coss, que deberán cubrir el SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO (STASPE) y/o PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, en términos de las planillas de liquidación anexas en la parte final del considerando cuarto de este laudo, sin perjuicio de lo que se siga generando hasta la total restitución de los accionantes en sus derechos sindicales, en términos del laudo pronunciado; y,.". Con dicha resolución, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo 778/2022, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Luego, de las constancias de autos, también se advierte que el seis de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó acuerdo en el que determinó que tomando en consideración que de autos se advertía que con fecha veintidós de febrero de dos mil trece, ese tribunal emitió el laudo en cumplimiento de ejecutoria, ordenando notificar a las partes, sin que de autos se advirtiera que la parte demandada Poder Ejecutivo del Estado haya sido legal y debidamente notificada del citado laudo; entonces, ordenó las notificaciones del laudo de veintidós de febrero de dos mil trece, para los efectos legales a que hubiera lugar. Hasta aquí la narrativa, misma que se obtiene de autos, así como de los diversos juicios de amparo invocados y que constituyen un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, porque se tramitaron y resolvieron ante este juzgado. Luego, del informe justificado, se advierte que la responsable aceptó parcialmente los actos reclamados, pues dijo que si bien es cierto la parte demandada SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, no ha dado cumplimiento total al laudo de veintidós de febrero de dos mil trece; menos cierto es, que ese tribunal haya omitido llevar a cabo las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo. Enseguida aceptó parcialmente que el seis de mayo del año en curso, ordenó notificar a la parte demandada Poder Ejecutivo del Estado el laudo; sin embargo -dijo- que contrario a lo que alegan los quejosos, tal acto fue pronunciado en estricto apego a las normas sustantivas y procedimentales que rigen el acto. También aceptó no haber emitido acuerdo por el cual se haya proveído respecto del escrito de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Finalmente, informó que el tres de junio de dos mil veintidós, tuvo a la parte demandada Poder Ejecutivo del Estado, interponiendo demanda de amparo directo. En seguimiento de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se recibieron diversas constancias enviadas por la autoridad responsable, en cumplimiento al requerimiento formulado el ocho del mes y año en curso. En efecto, de dichas constancias se advierte, que el tribunal responsable, con fecha diez de junio de dos mil veintidós registró y tramitó el cuaderno de amparo correspondiente, respecto de la demanda de amparo directo promovida contra el laudo de veintidós de febrero de dos mil trece; y, concedió la suspensión del acto reclamado, a efecto de que el asunto se mantenga en el estado en que se encuentra ahora durante la tramitación y hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Así, obra constancia de que el veintisiete de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo directo 255/2022, se dictó un auto que admite la demanda de amparo directo, promovida por el Gobierno del Estado de Michoacán, por conducto de sus apoderados, contra el laudo de veintidós de febrero de dos mil trece, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 137/2009; asunto en el cual tuvo como terceros interesados a Jorge González López, Antonio Espinosa Calvillo, Emigdio Molina Almanza y Rosalío Manríquez Coss -aquí quejosos-, así como al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. De igual forma, obra documental relativa al auto de siete de julio de dos mil veintidós dictado dentro de la queja 117/2022, del cual se desprende que se admitió el recurso de queja interpuesto por los aquí quejosos, contra el auto de diez de junio de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable concedió la suspensión del acto reclamado del juicio de amparo directo; y, advertida la conexidad se determinó que el asunto relativo a la queja y el juicio de amparo directo 255/2022, se turnen a la misma ponencia para que se resuelvan simultáneamente. En estas condiciones, no obstante que los actos reclamados por la parte quejosa existan, lo cierto es que, sobre los mismos no se puede decidir, porque en este momento procesal, el objeto o materia de los mismos ha dejado de existir, al haberse combatido el laudo que les dio origen; lo que actualiza la causal de improcedencia antes apuntada, pues los actos reclamados, no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir jurídicamente su objeto o materia en este momento procesal. En otras palabras, la causa de improcedencia en mención tiene como base la imposibilidad de que en este momento procesal se realicen o se continúe con la ejecución del laudo, por haber dejado de existir su objeto; por tanto, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, se decreta el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del dos de septiembre de dos ml veintidós; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Manifestaciones de autoridad. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y atento a su contenido, informa que se encuentra materialmente imposibilitado para efecto de remitir copia certificada de las constancias que conforman el juicio laboral 137/2009 a partir de la emisión del laudo; toda vez que, los autos originales se encuentran en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, por lo que únicamente remite copia del cuadernillo 126/22, que se formó con motivo del amparo directo 117/2022, promovido por Gobierno del Estado. Lo anterior, para conocimiento y efectos legales correspondientes. Pruebas documentales. Con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de la Materia, ténganse por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable remitió, para acreditar su dicho; con las cuales, se ordena dar vista para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento audiencia constitucional. Del estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado, remitió diversas constancias relacionadas con el expediente principal 137/2009. En ese sentido, atendiendo a la facultad de ejercicio potestativo que tiene este órgano jurisdiccional para recabar medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase a la referida autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído; remita copia certificada legibles de todas las constancias que forman el expediente principal 137/2009, a partir del dictado del laudo. Se apercibe a dicha autoridad, que de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del plazo establecido, habrá la necesidad de imponerle una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, que corresponde a la sanción mínima contemplada en el artículo 260 de la Ley de Amparo, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. Para dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente Órgano Jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano