Jorge Esteban Mondragón González
Expediente 197/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Esteban Mondragón González
Actuaciones
- Principal
II... Agréguese la promoción proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 179/2022-II, del índice de este juzgado, el cual se libró con la finalidad de notificar al quejoso el auto de diecisiete de marzo del año en curso, por el que causó estado y se ordenó el archivo del presente asunto.
- Principal
II... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a los quejosos y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Ahora bien, toda vez que el quejoso Jorge ... se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS Chiapas, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso j) y 27, fracción II de la Ley de Amparo, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda se constituya en el referido centro de reclusión y le notifique la presente determinación al quejoso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se solicita al juez exhortado que habilite días y horas para que el funcionario respectivo lleve a cabo la diligencia solicitada.
- Principal
II... Agréguese la promoción proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 127/2022-II, del índice de este juzgado, el cual se libró con la finalidad de notificar al quejoso el auto de veintitrés de febrero del año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo.
- Principal
VIII... Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se le requiera el cumplimiento a la autoridad responsable. En ese tenor, visto el estado de autos, se advierte que a la fecha, no obstante que han trascurrido casi cuatro años desde que se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ha sido omisa en hacerlo; por ello, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 192, todos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado el uno de octubre de dos mil dieciocho; por ello, se le impone una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, en el entendido que cada unidad equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) y multiplicado por cien da como resultado $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, hágase del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria, para que por medio de la Administración Local de Recaudación que corresponda, proceda a hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta a la Presidenta de la sala responsable. Tal medida deriva de la conducta rebelde en que ha incurrido la autoridad, pues en auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a dicha autoridad por primera ocasión para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento al fallo protector, apercibiéndola con una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y de una análisis de las actuaciones, se desprende que ha sido omisa en hacerlo pese a varios requerimientos en el mismo sentido. Ahora, cabe precisar que la medida de apremio que se impone, por ser la mínima, no requiere el cumplimiento de los deberes de fundamentación y motivación, sin embargo debe destacarse lo siguiente: Dichas garantías deben ser consideradas a la luz de las actuaciones procesales generales que rodean el hecho así como las procesales particulares, como lo son la finalidad que se persigue con el requerimiento hecho a la interesada y respecto del cual no ha dado cumplimiento, el análisis de la gravedad de la infracción, su reincidencia o la imposibilidad del cumplimiento y las consecuencias que en el procedimiento ocasione. También se valoran los elementos que se encuentran relacionados con la persona que comete la infracción, es decir, medir la comprensión del hecho que implica la desobediencia, el grado de rebeldía y consecuentemente lo reprochable de su conducta. En el particular, la autoridad responsable se ha conducido con rebeldía en razón de que después de casi cuatro años contados a partir de que se le formuló el primer requerimiento continua sin dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin sustento jurídico o legal; conducta que se ha visto reflejada en el incumplimiento notable de una ejecutoria de amparo, trascendiendo dicho retraso a la esfera jurídica, incluso patrimonial de la parte quejosa, quien no obstante de haber obtenido una sentencia favorable, no ha podido ejecutarla; por ende, aun sabiendo de la medida de apremio con la que se le apercibió y las razones y fundamentos con las que se sustenta el requerimiento, continúa con una conducta pasiva, en razón que pese al tiempo mencionado, no se ha podido acatar la sentencia de amparo. Por otra parte, este juzgador considera que la Presidenta de la Sala responsable, al ser una profesionista calificada por el estado para fungir con el cargo que ostenta, tiene la capacidad suficiente para entender que su conducta de incumplimiento al imperio del Estado es reprochable, así como advertir la gravedad de su oposición y la necesidad de la sanción que ahora se le impone por tener una conducta rebelde para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pese a varios requerimientos. Lo anterior lleva a la imposición de la multa decretada en contra de la funcionaria que en la actualidad ostenta el cargo (Alma Juárez Bautista), con independencia de que las omisiones del cumplimiento no sean todas atribuibles a ella; sin embargo, desde que asume la función, está obligada a continuar con los juicios tramitados contra la sala a la que representa. Sin perjuicio de lo anterior, requiérasele nuevamente para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo además copia certificada legible y completa de las constancias con las que lo acredite; con el apercibimiento que, en caso de continuar con el incumplimiento, se le impondrá una multa de ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 192, todos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, el cual podría culminar con la separación del puesto y su consignación a las autoridades competentes. Del mismo modo, se requiere al Presidente del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que, de no tener inconveniente legal alguno, remita el domicilio, así como el Registro Federal de Contribuyentes, de Alma Juárez Bautista, Presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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