Jorge Fernandez Carrera

Expediente 1353/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1353/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Fernandez Carrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas para ello interpongan recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conservación del incidente de suspensión: Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable, por lo que una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las doce horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés *** SENTENCIA DEFINITIVA *** RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1353/2023-II, promovido por *** respecto de los actos de las autoridades precisados en el punto III de esta resolución, por los motivos expuestos en los diversos IV y VI. Notifíquese.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los sobres devueltos por Correos de México, que contienen los oficios *** y *** de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dirigidos a la autoridad responsable Autoridad Investigadora de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla; con la leyenda ininteligible. Por tanto, se ordena el reenvío de los oficios en mención a la Autoridad Investigadora de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla al domicilio ubicado en: *** domicilio en el que fue notificada dicha autoridad en el expediente principal del que deriva este incidente. Lo anterior, con el apercibimiento que en caso de negarse la autoridad responsable a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de la Materia, se tendrá por hecha la notificación del auto en comento. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado remite ejecutoria. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remite de manera electrónica el testimonio de la resolución de veintitrés de agosto del año en curso dictada en el incidente de inejecución de sentencia *** de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: PRIMERO. No existe imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo. SEGUNDO. Se ordena devolver los autos del juicio de amparo de origen a la jueza de distrito, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución." Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, glósense al expediente principal únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquel al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. Asimismo, acúsese recibo de la mencionada resolución, así como del original del juicio de amparo 1794/2021 de la estadística de este juzgado y un anexo. Se requiere cumplimiento. Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria del tribunal colegiado oficiante en el incidente de inejecución de sentencia ***, resulta procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cual fue precisado para los siguientes efectos: "51.Como se precisó anteriormente, la juzgadora señala la existencia de una situación jurídica que imposibilita a la autoridad responsable para actuar y dar cumplimiento a la ejecutoria, debido a que no se advierte la voluntad de la parte quejosa para que recoja el título de crédito expedido a su favor y, así se realice el pago total respecto de las cantidades que se dejaron de cubrir por concepto de la pensión de cesantía en edad avanzada, y con base en ello concluyó que no era posible cumplir la sentencia mencionada; sin embargo, como se ha destacado, si la autoridad realizó el pago retroactivo vía transferencia electrónica correspondiente al periodo del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; en esas condiciones, no se aprecia que esté acreditada una causa justificada de la autoridad responsable para que no pueda pagar por el mismo medio a la quejosa la cantidad de $***(***), por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada, correspondiente al periodo del veintitrés de enero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 52. Sobre todo porque a requerimiento de la juzgadora, mediante auto de dieciocho de abril del año en curso, la responsable en el oficio *** de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, manifestó que no puede realizar transferencia electrónica a la quejosa, ya que su sistema no le permite realizar pagos por periodos no consecutivos, sin mencionar la normatividad relativa que regula ese supuesto. 53. Ahora bien, el hecho de que la responsable haya emitido un cheque a favor de la quejosa (foja 271), ello no implica que agotado ese medio o no, sea la única vía para realizar el pago, porque como se ha reiterado, la autoridad responsable ya hizo una transferencia por el monto de $***(***), correspondiente al periodo del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 54. Por otra parte, la ahora quejosa en su escrito de desahogo de la vista presentado en este tribunal colegiado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés (fojas 5 a 9 del toca), realizó una serie de manifestaciones en relación a que la responsable sí le hizo el pago en el mes de febrero de este año, como se aprecia de los estados de cuenta bancarios que exhibe de marzo, abril y mayo de la presente anualidad, y que no hizo caso de los requerimientos de la juzgadora que se mencionan, por el temor de que la autoridad responsable al momento de acudir a sus instalaciones le pueda imputar un delito para justificar un cobro indebido de la pensión. 55. Por lo que atendiendo a dicho temor, en caso de que la autoridad responsable justifique la imposibilidad para realizar la transferencia electrónica bancaria a la quejosa por la cantidad de $***(***), por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada, correspondiente al periodo del veintitrés de enero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; la jueza de distrito deberá requerir a la autoridad responsable a fin de que le haga entrega del original del cheque certificado o de caja, o del billete de depósito, que ampare esa cantidad, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de tal requerimiento. 56. Una vez que ese medio de pago esté en poder de la jueza de distrito, deberá requerir a la quejosa para que se presente en el juzgado de distrito acompañada de su abogado, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento aludido, a fin de que se le haga entrega del mismo, y le requiera para que en el mismo término de tres días le informe sí el cheque certificado o de caja, o billete de depósito, fue debidamente cobrado. 57. Por tanto, será a partir del momento en que la autoridad responsable acredite haber realizado la transferencia bancaria a la quejosa, o que quede demostrado que le pagó la cantidad pendiente a través de cheque de caja o certificado, o billete de depósito, cuando la jueza de distrito deberá dar vista con las constancias relativas al cumplimiento, para que las partes realicen las manifestaciones que consideren pertinentes, pues en caso de no constar la recepción del pago correspondiente, la sentencia no estará cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la determinación dictada en el incidente de inejecución de sentencia ***, requiérase a la autoridad responsable, titular del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice la transferencia electrónica bancaria a la parte quejosa por la cantidad de $***(***), por concepto de pensión de cesantía en edad avanzada, correspondiente al periodo del veintitrés de enero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Se precisa que, en caso negarse a realizar la transferencia, deberá acreditar y justificar la imposibilidad que tiene debiendo mencionar la normatividad relativa que regula ese supuesto. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida titular del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que, de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización por la cantidad de $*** (***). Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Requerimiento a superior jerárquico. Se requiere a la persona titular de la Subdelegación Puebla Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, como superior jerárquico de la autoridad responsable requerida para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, la conmine a cumplir el fallo protector y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a su subordinado respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el diario de la unidad de medida y actualización vigente, es decir, por la cantidad de $*** (***). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN." Notifíquese.

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