Jorge Fernández Carrera
Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/06/2023
Partes del expediente
- Jorge Fernández Carrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de veintiocho de junio pasado causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente sumario y, en consecuencia, se ordenó el archivo del presente expediente. Ahora bien, de tal auto se aprecia que se estableció que el cuaderno incidental que deriva del sumario de trato, era susceptible de depuración. No obstante lo anterior, dicha clasificación no fue correcta, dado que la incidencia de mérito es susceptible de conservación, por lo que, en mérito de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la Materia, regularícese dicha consideración. Por lo tanto, en atención a que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, éste se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por lo que, el cuaderno incidental único, es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho cuadernillo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónico (S.I.S.E.). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión para constancia. Billetes de depósito. Por otra parte, se advierte que en la caja de valores de este Juzgado Federal, se encuentran los siguientes billetes de depósito: *** expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que ampara la cantidad de *** exhibido por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión provisional decretada a su favor, en proveído de once de abril del presente año. Mismo que se dejó a su disposición el dieciocho de abril siguiente, en virtud de que se asentó erróneamente el nombre del depositante. *** expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que ampara la cantidad de *** presentado por la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión provisional decretada a su favor, en auto de once de abril del presente año. *** expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que ampara la cantidad de *** exhibido por la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión definitiva decretada a su favor, en resolución de dos de mayo del presente año. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que una vez que transcurra el plazo de seis meses que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, comparezca ante este órgano jurisdiccional para la devolución de los billetes de depósito de referencia, lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes a que fenezca el referido plazo, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirán tales garantías a favor del Erario Federal, con fundamento en el artículo citado. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse a la Contraloría Municipal de Ayuntamiento de Izucar de Matamoros, Puebla, un tomo remitido en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de marzo del presente año, así como la documental presentada en una memoria USB que acompaño a su informe justificado, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de éste. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo en contra del proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno del incidente de suspensión para constancia. Billetes de depósito. Por otra parte, se advierte que en la caja de valores de este Juzgado Federal, se encuentran los siguientes billetes de depósito: *** expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que ampara la cantidad de *** exhibido por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión provisional decretada a su favor, en proveído de once de abril del presente año. Mismo que se dejó a su disposición el dieciocho de abril siguiente, en virtud de que se asentó erróneamente el nombre del depositante. *** expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que ampara la cantidad de *** presentado por la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión provisional decretada a su favor, en auto de once de abril del presente año. *** expedido por el Banco del Bienestar, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, que ampara la cantidad de *** exhibido por la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión definitiva decretada a su favor, en resolución de dos de mayo del presente año. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que una vez que transcurra el plazo de seis meses que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, comparezca ante este órgano jurisdiccional para la devolución de los billetes de depósito de referencia, lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes a que fenezca el referido plazo, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirán tales garantías a favor del Erario Federal, con fundamento en el artículo citado. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse a la Contraloría Municipal de Ayuntamiento de Izucar de Matamoros, Puebla, un tomo remitido en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintidós de marzo del presente año, así como la documental presentada en una memoria USB que acompaño a su informe justificado, sin que sea necesario acuse de recibo, dado que el oficio por el cual se le notifica el presente proveído hace las veces de éste. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. Litis constitucional. Visto el escrito de demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierten los datos siguientes: *** Sobreseimiento fuera de audiencia. De inicio, cabe señalar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden de público. Con base en lo anterior, este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** En relación con la citada causa de improcedencia, debe decirse que a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se pueden llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso; en consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. *** En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Precisado lo anterior, vale la pena señalar los antecedentes más relevantes que informan el presente asunto: El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad investigadora de la Contraloría del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, emitió acuerdo de inicio de investigación en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Seguida la investigación, el cinco de mayo de dos mil veintiuno, esa autoridad citó al quejoso para que se presentara en las instalaciones oficiales relativas, el trece de mayo de dicha anualidad. Al no haberse presentado el quejoso, la autoridad giró nuevos citatorios el once de junio, doce de julio, veintisiete de julio nueve de agosto, trece de septiembre, diez de noviembre, seis y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que el peticionaria se presentara en determinados días y horas en sus instalaciones. Para el dos mil veintidós, la indicada autoridad continúo formulando citatorios para que el quejoso se presentara en ciertos días ante su potestad. Finalmente, en acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad investigadora en comento, solicitó la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que localizarán al quejoso y lo presentaran ante aquélla para el quince de marzo de dos mi veintitrés, a las diez horas. Como se advierte de lo anterior, si bien la autoridad investigadora responsable solicitó a las autoridades de seguridad pública municipal, su colaboración para que ubicaran al quejoso y lo presentaran ante su potestad, lo cierto es que debe considerarse que tal eventualidad era para que se realizara una diligencia fijada para el quince de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, el objetivo pretendido por la autoridad responsable, a través del oficio reclamado, era que los elementos policiales le presentaran al quejoso, en un día y hora determinado; sin embargo, a la presenta fecha, es evidente que ya transcurrió la fecha en que debía ser presentado el peticionario de amparo ante la autoridad investigadora. Así es, como se ha vislumbrado, la finalidad del acto de autoridad era presentar el quejoso ante la investigadora para una diligencia del quince de marzo de dos mil veintitrés. No obstante, a la fecha en que se emite el presente proveído, es jurídicamente válido precisar que a pesar de existir el oficio que se giró a la autoridad policial, lo cierto es que el objetivo o finalidad perseguida, ha dejado de existir, en tanto que ya transcurrió la fecha para la cual se había considerado la presentación del quejoso ante la autoridad municipal indicada. En efecto, a pesar de que, propiamente, subsiste legalmente el oficio CM-IZ-2021-2024/0137/2023 que se envió a la Secretaría de Seguridad Pública municipal en el que se solicitó dispusiera de elementos para localizar al quejoso y presentarlo ante ella; no debe soslayarse que ya no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto o materia sobre el que recaería; debido a que la fecha que se designó para su comparecencia, ya transcurrió. Por ende, no obstante que desde una perspectiva estrictamente formal existe el mencionado oficio, debe ponderarse que sustantivamente la finalidad de la localización y presentación del quejoso ha quedado insubsistente, puesto que su pretensión era presentarlo a una diligencia fijada para el quince de marzo de dos mil veintitrés, fecha que ya ha sido superada. Consecuentemente, es notorio y manifiesto que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia dispuesta en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo Sustenta lo anterior, por su idea jurídica, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 358, tomo XII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2000, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. *** Conclusión: En ese orden de ideas, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia objeto de estudio, se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** Consecuentemente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil veintitrés. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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