Jorge Fabian López Sosa
Expediente 879/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Jorge Fabian López Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado el acuerdo en que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el escrito de la parte quejosa ***, mediante el cual formula alegatos, ofrece pruebas [documentales e inspección judicial] y pretende ampliar su demanda de amparo, atento a su contenido se provee en los siguientes términos: Alegatos y prueba documental Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa realizando manifestaciones en vía de alegatos y ofreciendo las pruebas documentales que anexa a su escrito de cuenta, los que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Desechamiento de la inspección judicial Por otra parte, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, previo a la admisión y tramitación de las pruebas documental pública y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, y la carencia de alguno de ellos generará procesalmente el desechamiento de tales probanzas. Para mejor comprensión de lo antes dicho, conviene mencionar los elementos de referencia. Elementos de valoración formales a) Se realice dentro del término de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. b) Se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, del cuestionario para los peritos o se indiquen los puntos a desahogar en la inspección. c) Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y d) Tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. Elementos materiales El elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si no se cumplen los elementos formales o materiales relacionados, deben desecharse las pruebas testimonial, pericial y de inspección, por la falta de los elementos apuntados. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente. "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. *** Establecido lo anterior, en el caso concreto la quejosa ofrece la prueba de inspección judicial, sin embargo esta no cumple con el requisito formal relativo a que el ofrecimiento se realice dentro del término de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; lo que es indispensable para tener por ofrecido el medio probatorio referido. Para determinar lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa en el escrito que se provee manifestó lo siguiente: *** Como se ve, la parte quejosa pretende desvirtuar la negación que expresaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, respecto a la existencia del horario limitado para consultar expediente; para lo cual ofrece la prueba de inspección judicial. Al respecto, debe tenerse presente que el tercer y cuarto párrafos del artículo 119 de la Ley de Amparo establecen que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; asimismo, que este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En relación con lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal de la Nación : "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. TERMINO ENTRE LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA. *** En el caso concreto se retoma que la parte quejosa pretende desvirtuar lo manifestado por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, de lo que -expresamente- reconoce que tuvo conocimiento el quince de abril de este año; del mismo modo, que en el auto que admitió la demanda de amparo se señalaron las diez horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Por tanto, es claro que la parte quejosa sí estuvo en posibilidad de ofrecer la prueba de inspección judicial antes de la fecha señalada inicialmente para la mencionada audiencia, toda vez que el plazo de cinco días con que contaba, sin contar el del ofrecimiento y el de la propia audiencia, feneció el veintidós de abril del año en curso; de tal suerte que contó con tres días para ofrecer el referido medio probatorio, saber, los días quince dieciséis y veintidós del mes y año aludidos. Lo anterior, puede apreciarse de mejor manera en el siguiente calendario: *** Por ende, es factible concluir que el ofrecimiento de la prueba de inspección judicial es extemporáneo, habida cuenta de que la parte quejosa estuvo en posibilidad de hacerlo con la anticipación de cinco días respecto de la fecha originalmente señalada para la audiencia constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se desecha la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa. No se admite ampliación de demanda propuesta: Ahora, a fin de determinar la procedencia o no de la ampliación de demanda propuesta por la parte quejosa es pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** Como se ve los requisitos para que la parte quejosa pueda ampliar su demanda de amparo consisten en que no hayan transcurrido en su totalidad los plazos para su presentación, o bien que el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en su demanda de amparo. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama del Presidente y del Encargado de la Oficialía de Partes, ambos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla los siguientes actos: - La orden de poner un horario limitativo para la consulta de expedientes. - La negativa de permitirle la consulta, en horario hábil, del expediente *** del índice del referido tribunal. En relación con esos actos, de manera sustancial en su demanda de amparo la quejosa expone que se transgreden sus derechos humanos de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la tutela jurisdiccional en razón de que no se le debe impedir la consulta al expediente de su interés, estableciéndose un horario limitado para tal efecto y, en todo caso, esa determinación no está fundada ni motivada. Por otra parte, el acto que pretende cuestionar en vía ampliación de demanda, es el siguiente: - Las publicaciones en estrados de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero de dos mil diecinueve, del expediente *** del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Luego, es evidente que no existe una estrecha relación entre los actos reclamados para estimar procedente la ampliación, en primer término, en virtud de que las publicaciones de estrados que exhibieron las autoridades responsables con su informe justificado, no guardan relación alguna con los actos reclamados, pues lo que inicialmente reclamó la parte quejosa fue la orden de establecer un horario limitativo y la negativa a que se le permitiera la consulta de un expediente, sin que fuera materia de controversia algún aspecto relacionado con las publicaciones por estrados del expediente ***. Pero además, los actos impugnados en la demanda de amparo están circunscritos al aspecto administrativo del servicio de consulta de expedientes que se otorga en el referido tribunal; de tal suerte que, la irregularidad que pudo ocurrir en la notificación por estrados de un juicio en específico no se relaciona con el referido servicio, sino con la tramitación de ese asunto, lo que claramente no puede asimilarse a los actos que son materia de este juicio de amparo, pues la ilegalidad que pueda atribuirse a la notificación por estrados es un acto que sólo pueden cuestionar las partes involucradas con el asunto de que se trate y desde la perspectiva de que se refiere a una cuestión jurisdiccional, al constreñirse a una formalidad en la sustanciación de una instancia judicial. Por ende, entre los referidos actos no existe una íntima vinculación que permita examinar su constitucionalidad de forma conjunta, dado se trata de actos de naturaleza diversa y que comportan diferentes ámbitos de acción, pues mientras en la demanda de amparo se impugnó una determinación administrativa relacionada con los servicios que presta el Tribunal de Arbitraje del Estado, en la ampliación se pretende cuestionar una cuestión de legalidad atinente a las notificaciones por estrados de un expediente en particular. Fundamenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. *** En consecuencia, al no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 111 del mismo ordenamiento, se desecha la citada ampliación propuesta por la parte quejosa, por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia y se requiere cumplimiento Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de abril de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "63. Por lo tanto, dado que para determinar la baja o separación del cargo público que desempeñaba el quejoso como Policía Municipal Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Chignahuapan, Puebla, no se substanció el procedimiento previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, lo procedente es calificar de injustificada esa separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. 64. En atención a lo anterior, las autoridades responsables deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; b) Cubrir las prestaciones relativas a los servicios de salud de la solicitante del amparo, hasta en tanto se le cubran la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho c) Ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada. 65. En el entendido de que para dar cabal cumplimiento a esta sentencia de amparo se podrá vincular a las autoridades cuya intervención resulte necesaria, aun cuando no hayan sido señaladas como responsables en este juicio.". Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. ? Se requiere autoridad encargada de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del mismo término -tres días- informe que área o autoridad deberá coadyuvar con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en la parte relativa al pago de una indemnización. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización . Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta de la presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de abril de este año, dejó sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la pericial médica y en su lugar señaló, las nueve horas con treinta minutos de dieciséis de mayo del presente año. En es sentido, reitérese a la Junta responsable que para estar en aptitud de cumplimentar el fallo protector, deberá tomar las medidas necesarias para no diferir la fecha señalada para el desahogo del material probatorio. Notifíquese.
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