Jorge Eduardo Navarrete Perez
Expediente 2492/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2492/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Navarrete Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, a catorce de julio de dos mil veintidós Téngase por recibido el oficio 1358, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad; al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 14/2022, formada con motivo del recurso interpuesto por EMMA EUGENIA MAGAÑA VALLEJO, defensora particular del imputado quejoso JORGE EDUARDO NAVARRETE PÉREZ, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; de la que aparece que la citada Superioridad en su ÚNICO punto resolutivo declara dicho recurso como INFUNDADO. Acúsese recibo a la superioridad. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 124/2022, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por EMMA EUGENIA MAGAÑA VALLEJO, defensora particular del imputado quejoso JORGE EDUARDO NAVARRETE PÉREZ, contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, formándose por tal motivo el toca 14/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
- Principal
Mérida, Yucatán, a doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito signado por EMMA EUGENIA MAGAÑA VALLEJO, defensora particular del imputado quejoso JORGE EDUARDO NAVARRETE PÉREZ, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados en sentido contrario). Ahora bien, a fin de acreditar la legalidad de la resolución recurrida, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificado a la parte quejosa la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de EMMA EUGENIA MAGAÑA VALLEJO, en su carácter de defensor particular JORGE EDUARDO NAVARRETE PÉREZ, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintidós de los corrientes; de igual forma, se advierte la demanda de amparo promovida por la citada MAGAÑA VALLEJO, contra actos que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito de cuenta, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la Ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la Ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del Juicio, ya que a nada jurídicamente practico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaria a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Lo anterior es así, toda vez que del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La resolución del toca penal 73/2021, de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, relativa a la causa penal 138/2020, del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la resolución reclamada fue emitida en la audiencia intermedia, dentro de los autos de la causa penal 138/2020, señalando la promovente del amparo que el treinta de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la referida audiencia en la causa en cita y se solicitó la exclusión de dichas documentales como medios de pruebas ofrecidos por esa defensa derivado; de esto, promovió recurso de apelación en contra de la referida exclusión, el cual se radicó bajo el toca penal número 73/2021, del índice de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral, emitiendo la determinación de treinta de noviembre del año en curso. El suscrito juzgador considera que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados en sentido contrario). Dichos preceptos establecen: De la Constitución. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:(.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)." En términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto tiene el carácter de excepcional, debido a que, tratándose de actos dentro de juicio, sólo procede contra aquellos que sean susceptibles de producir una ejecución de imposible reparación; es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos, como lo son la vida, la libertad, la salud, la propiedad, por citar algunos ejemplos. Ahora, en el caso de actos procesales, se considera que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Ahora, dentro de los actos procesales, se encuentran las determinaciones que se relacionan con pruebas ofrecidas por alguna de las partes en un juicio - admisión, exclusión o la forma en que se pretendan recibir o desahogar- y, por regla general, no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto, ya que con esas actuaciones normalmente no se transgreden derechos sustantivos, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión. Dentro de las excepciones a dicha regla general, podemos citar la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación o la pericial en genética; así, las determinaciones que ordenan el desahogo de dichas pruebas, sí pueden ser controvertidas a través del juicio amparo, por el impacto que generan de forma inmediata en la persona, al relacionarse con aspectos de su privacidad y/o intimidad, y que, aún obteniendo sentencia favorable, las cosas no volverían a ser igual (en el caso de los ejemplos citados, la información obtenida a través de la pericial contable o genética ya habría quedado revelada y no habría forma de que ésta recuperara su secrecía). Establecido lo anterior, tenemos que, en el caso concreto, se reclama la resolución dictada en apelación, que confirma la exclusión de los medios de pruebas ofrecidos por el aquí quejoso en la audiencia intermedia celebrada en el proceso penal 183/2018. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable consideró que fue correcta la decisión del juez del proceso, de desechar las dos documentales ofrecidas por el quejoso en la fase oral de la etapa intermedia; esto, al considerar que las mismas resultaban impertinentes, previstos en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado sólo trae como consecuencia la exclusión de los medios de prueba (documentales) ofrecidas por el quejoso en la audiencia intermedia y, por tanto, que éstos no serán desahogados en juicio oral. En tales condiciones, se concluye que la resolución combatida no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa (vida, libertad, salud, propiedad, etc.), debido a que, los efectos del acto reclamado se circunscriben a excluir dos documentales ofrecidas por el imputado en la audiencia intermedia y ello podría, incluso, ni siquiera trascender al resultado del fallo. Además, no debe perderse de vista que, en etapa de juicio oral y según la teoría del caso que pretenda desarrollar la defensa, ésta puede cuestionar el valor que debe otorgarse a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por citar un ejemplo; de ahí que, se insiste, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no genera una afectación de ejecución irreparable, más allá de lo procesal. Es orientador el criterio aprobado en sesión privada de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2021, del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. JUSTIFICACIÓN: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente; sin embargo, el criterio de mérito, alude a que, cuando la exclusión de medios de prueba, implique una carga injustificada al imputado, de ejecución inmediata, que trastoque derechos fundamentales, el juicio de amparo indirecto sí será procedente. Sin embargo, en el caso concreto, no se actualiza la excepción de mérito, en virtud de que: I. Los presupuestos procesales otorgan seguridad jurídica a las partes y, por tanto, no constituyen una carga injustificada. Por tanto, el hecho de que al imputado le hayan sido excluidos los medios probatorios ofrecidos en la audiencia intermedia, por considerar que éstos resultaban impertinentes, no implica una carga injustificada para dicha parte procesal, pues como ya se señaló lo contenido en las documentales excluidas puede obtenerse por otro medio. II. Los requisitos procesales para el ofrecimiento de medios de prueba en la audiencia intermedia, no son materia de análisis en el presente juicio. Ahora, para estar en condiciones de analizar si los requisitos para el ofrecimiento de pruebas en la etapa intermedia, podrían constituir una carga injustificada para el imputado, era necesario que el quejoso impugnara la constitucionalidad del numeral que prevé aquéllos, a saber, el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que en el caso no aconteció. De ahí que, al no formar parte de la litis constitucional, este juzgador no puede emprender un análisis oficioso de constitucionalidad de la norma en cita. III. No existe contradicción entre los hechos y el derecho. Es decir, su reclamo no descansa en que intentó presentar el escrito donde ofrecía sus medios de prueba -dentro del tiempo señalado por la ley- y la autoridad responsable se negó a recibirlo o a darle el trámite correspondiente; tampoco refiere que no se le notificó cuándo inició el plazo para su ofrecimiento, por citar algunos ejemplos; y, así, en su caso, poder estar en posibilidad de analizar si la actuación de la autoridad, constituyó o no una carga injustificada para el imputado. De ahí que, se insiste, en el caso concreto, se concluye que la resolución reclamada no impone una carga injustificada al imputado en el proceso penal, de ejecución inmediata, que trastoque derechos sustantivos y, por tanto, que el juicio de amparo resulte procedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye lo siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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