Jorge Eduardo Canto Zapata
Expediente 1435/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1435/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Canto Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintiuno de septiembre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de nueve de septiembre del año en curso, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el expediente 789/2016, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y las constancias remitidas por el citado Juez responsable en su informe justificado que obra en autos, así como las remitidas en su oficio de cuenta, se advierte que el seis de septiembre del año en curso, dictó un acuerdo en el que dio contestación a las peticiones realizadas por la parte quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que presentó ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado responsable el cuatro de marzo de esta anualidad; acuerdo que fue notificado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el ocho de septiembre del año en curso. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que el quejoso Jorge Eduardo Canto Zapata, reclamó en su demanda de amparo, medularmente, consistió en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, en cuanto a la omisión de proveer lo conducente al escrito de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que presentó ante ella el cuatro de marzo del propio año, mediante el cual solicitó que se modifique las bases del convenio aprobado en autos del expediente 789/2016, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, así como la falta de notificación del acuerdo recaído a dicho escrito. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del????????????acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia en cuanto a la omisión de proveer lo conducente a su escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que presentó ante ella el cuatro de marzo del año en curso, mediante el cual solicitó que se modifique las bases del convenio aprobado en autos del expediente 789/2016, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que promovió, y la falta de notificación del acuerdo que haya recaído al escrito en comento. Ahora, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por el Juez responsable, adjunto a su informe de ley y a su oficio de cuenta, se desprende que el seis de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe, dictó un acuerdo en el que proveyó respecto a las peticiones hechas por la parte quejosa en su escrito presentado ante ella el cuatro de marzo del año en curso; esto es, entre otras cuestiones, tuvo por presentado al aquí quejoso en ese juicio, haciendo las manifestaciones a que se contrae su escrito de mérito, y respecto a lo que solicitó en el sentido de que se modifiquen las bases del convenio aprobado en los autos del expediente de origen, dio vista a la representante jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y a la Fiscal de su adscripción, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su representación corresponda, y transcurrido el término señalado procederá a resolver lo conducente; mismo acuerdo que fue notificado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el ocho de los cursantes. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó las peticiones de las que se dolía en cuanto a la omisión de darle seguimiento al procedimiento de origen. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual cesó, al momento en que se emitió el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial 404/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que, por los motivos que expone, solicita, por una parte, se sobresea en el presente juicio de amparo ante la inexistencia de actos; y por otra, negar el amparo solicitado en caso de que los conceptos de violación resulten infundados; en consecuencia, hágase relación de él al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como se solicita en el alegato de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 3 de la Ley de Amparo, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la nombrada ocursante, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable informa que el seis de septiembre del presente año, dictó un acuerdo en el que dio contestación a las peticiones realizadas por la parte quejosa en su escrito de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que presentó ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado responsable el cuatro de marzo de esta anualidad; sin embargo, no remitió la totalidad de las constancias que resultan necesarias para resolver el presente asunto, en específico las constancias relativas a la notificación del referido acuerdo de seis de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. NOTIFÍQUESE.
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