Jorge Eduardo Torres Basto

Expediente 372/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
372/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
05/06/2018

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Torres Basto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA VII. Toda vez que de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de mayo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo.

  2. Principal

    MESA VII. RESUELVE ÚNICO. Sobresee. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JORGE EDUARDO TORRES BASTO, contra un acto del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma.

  3. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 233/2018, rendido por la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a éste Órgano Jurisdiccional, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    VII.VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo VII.372/2018, promovido por Jorge Eduardo Torres Basto, contra actos que reclama del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. ANTECEDENTES. PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentra el informe previo de la autoridad responsable, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la parte quejosa reclama de las responsables, la orden de aprehensión y detención decretada en su contra, y su ejecución material. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se ordenó formar el presente incidente de suspensión, por duplicado; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, y 130 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. VALORACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En el presente asunto, tal como se hizo constar en la audiencia incidental que antecede, las partes no ofrecieron prueba alguna ni realizaron manifestación en vía de alegatos; por lo que con apoyo en lo dispuesto en el artículo 144 de la anterior Ley de Amparo, se resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva concedida atento a lo expresado por las autoridades en sus informes previos. TERCERO. Al rendir sus informes previos, las responsables negaron la existencia del acto que se le reclama, sin que exista prueba en contrario de ésta; por ende, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, procede negar al amparista, en este aspecto, la medida cautelar solicitada, por falta de materia sobre la cual pueda decretarse, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a Jorge Eduardo Torres Basto, la suspensión definitiva del acto que reclamó de los Jueces Primero y Segundo Penales del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en la orden de aprehensión y detención dictada en su contra y la ejecución material de la misma; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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