Jorge David Rosas Armijo

Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
573/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Jorge David Rosas Armijo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el escrito presentado por María de Lourdes Trejo Carmona y Andrés Ramírez Jiménez, autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por medio del cual solicitan el acceso al expediente electrónico, así como la notificación electrónica del usuario "ANDRES_RAMJIM"; al respecto, se provee: Dígaseles a los promoventes que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, tomando en consideración que en términos de los artículos 35 y 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico y las notificaciones de manera electrónica, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. Ahora, conforme al contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo , el quejoso o el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien solo quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. De lo anterior, tenemos que los promoventes autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, cuentan con las facultades que dicho precepto les otorga; sin embargo, no cuentan con las diversas, de forma expresa, en el sentido de poder solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica; por tanto resulta improcedente autorizar su petición en ese sentido. Notifíquese por lista a la parte quejosa...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito presentado de manera electrónica por Andrés Ramírez Jiménez, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por medio del cual, solicita el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones derivadas de este asunto se le realicen de forma electrónica. Atento a lo anterior, dígase al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, tomando en consideración que en términos de los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. Ahora, conforme al contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo , el quejoso o el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien solo quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. De lo anterior, tenemos que el promovente, al ser autorizado por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, cuenta con las facultades que dicho precepto le otorga; sin embargo, no fue autorizado de forma expresa para poder solicitar el acceso al expediente electrónico ni las notificaciones electrónicas; por tanto, resulta improcedente autorizar su petición en ese sentido. Por otro lado, no ha lugar a tener la cuenta de correo electrónico que proporciona como medio para oír y recibir sus notificaciones, ya que éste no se encuentra contemplado en la Ley de la materia; sin embargo, téngase únicamente como medio para establecer contacto no procesal en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentarse promociones a través del mismo. Finalmente, no se soslaya que, al calce del escrito que se provee, aparece escaneada una rúbrica, la cual aparentemente se trata de la firma autógrafa de María de Lourdes Trejo Carmona, autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, al haberse presentado el escrito de cuenta vía electrónica con la firma electrónica del ya mencionado autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Andrés Ramírez Jiménez, se tiene a éste último como el autor o emisor del citado documento electrónico y se hacen suyas las peticiones que contiene. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable 9. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". Finalmente, se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 573/2020-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jorge David Rosas Armijo; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial y remitida el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Jorge David Rosas Armijo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Prevención. Por acuerdo dictado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 573/2020-A; además, previno a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, aclarara la fecha en que tuvo conocimiento de las órdenes de busca, aprehensión, detención, reaprehensión, cita de comparecencia, presentación, localización para la audiencia inicial de: 1. formulación de imputación; 2. medidas cautelares; 3. vinculación a proceso; y, 4. plazo de cierre de investigación. Tercero. Desechamiento parcial y auto admisorio. Previo cumplimiento, por acuerdo dictado el nueve de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional desechó parcialmente la demanda de amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en: a) la citación para la audiencia inicial de formulación de imputación, medidas cautelares, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación dictada en su contra; y, b) la probabilidad de imponerle la medida cautelar de prisión; asimismo, la admitió a trámite en relación a los actos reclamados, consistentes en la orden de busca, aprehensión, detención, presentación, reaprehensión, y su ejecución, se tramitó por cuerda separada el incidente de suspensión; requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Cita para audiencia. Mediante proveído de quince de octubre del actual, se fijaron las doce horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de la libertad atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Jorge David Rosas Armijo, reclama: a) La orden de busca, aprehensión, detención y/o reaprehensión; y, b) Su ejecución. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados- que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Niega. 2 2. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla. Niega. 3 3. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla. Niega. 4 4. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución en la Región Judicial Oriente, con sede en San Juan de los Llanos, Libres, Puebla. Niega. 5 5. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla. Niega. 6 6. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla. Niega. 7 7. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla. Niega. 8 8. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla. Niega. 9 9. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla. Niega. 10 10. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla. Niega. 11 11. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla. Niega. 12 12. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Niega. Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les reclama, consistentes en la orden de busca, aprehensión, detención y/o reaprehensión; y, su ejecución, sin que en autos exista prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos que ahora reclama la parte quejosa. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos; esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que los actos sí existen y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirman, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los actos reclamados. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Jorge David Rosas Armijo, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del ministerio público federal adscrito.

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