Jorge Cervantes Y Montoya
Expediente 1321/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 14/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Cervantes Y Montoya
- MARTINA OLIVIA RAMIRO JUAREZ y Otros.
- Maria del Pilar Hernandez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de julio al trece de agosto de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución con sede Regional en Puebla, consistente en tres discos digitales (DVD) relativos a la causa penal 1085/2017, de su índice; que se encuentran integrados al expediente en sobres cerrados a fojas 73 y 429, previa foja de sustitución correspondiente, devuélvasele dichas documentales y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 16 DE julio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 431 y 432), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de cinco de marzo de dos mil dieciocho (fojas 130 a 168), se concedió el amparo y protección a Jorge Cervantes y Montoya, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Jorge Cervantes y Montoya, para que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución con sede Regional en Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1085/2017; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso, a partir del momento en que Jorge Cervantes y Montoya manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por los que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del o los hechos delictivos y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales. b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso. (.) Lo anterior, porque así se subsanará la violación a las garantías constitucionales estudiadas en la presente resolución, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implica." Inconforme con tal determinación, el quejoso Jorge Cervantes y Montoya (por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo) interpuso recurso de revisión en su contra (foja 211), el cual fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número R-101/2018 de su índice (foja 340), y en ejecutoria de catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 355 a 414) confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por lo que en acuerdo de veintidós de junio del año que transcurre (fojas 416 y 417), se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 8755/2018/JC de veintiocho de junio del año actual (foja 428), el juez de control responsable informó que en audiencia celebrada el veintiocho de junio de dos mil dieciocho en la carpeta judicial administrativa 1085/2017/PUEBLA de su índice, cumplió la sentencia de amparo, y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 429). A la documental referida consistente en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictado contra el quejoso Jorge Cervantes y Montoya en la carpeta judicial administrativa 1085/2017/PUEBLA; así mismo, ordenó reponer parcialmente la audiencia inicial de esa fecha, a partir del momento en que el quejoso de mérito manifestó su deseo a no declarar (15:00:47 DVD). b) En uso de la voz, (15:01:30 DVD) la fiscalía expuso los motivos y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación y por los que consideró que se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delitos de despojo y robo y la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión, por lo que solicitó la vinculación a proceso de Jorge Cervantes y Montoya (15:19:10 DVD). c) El Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino, una vez escuchados los motivos y datos de prueba expuestos por la fiscalía, explicó al imputado los plazos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se resolviera su situación jurídica y preguntó al aquí quejoso cuál de los plazos elegía (15:19:25 DVD). d) Después de consultarlo con sus defensores, Jorge Cervantes y Montoya solicitó que se resolviera su situación jurídica en la misma audiencia (15:20:54 DVD). e) La defensa expuso la contradicción a los motivos expuestos por la fiscalía y en los que fundó su petición de vinculación a proceso (15:21:03 a 15:35:41 DVD). f) El juez de control responsable concedió a las partes el derecho de réplica y contra réplica, y después de escuchar el debate entre las partes, lo declaró cerrado (15:51:54 DVD) y realizó el análisis de los antecedentes de investigación que obran en la causa penal de origen y, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica de C.A.H.B. g) A las catorce horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho (16:27:45 DVD), decretó auto de vinculación a proceso contra Jorge Cervantes y Montoya por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo por invasión previsto y sancionado en los artículos, 408, fracción I, 409 y 410, en relación con los diversos 13, 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, auto de no vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito de robo, previsto y sancionado por los artículo 373 y 374, fracción I del código sustantivo citado. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia..."
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 431 y 432), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo indirecto; sin que el quejoso haya presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia de cinco de marzo de dos mil dieciocho (fojas 130 a 168), se concedió el amparo y protección a Jorge Cervantes y Montoya, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Jorge Cervantes y Montoya, para que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución con sede Regional en Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos parcialmente la audiencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal 1085/2017; y en su lugar, reponga la audiencia inicial, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso, a partir del momento en que Jorge Cervantes y Montoya manifestó que no deseaba declarar en relación con los hechos respecto de los cuales formuló imputación el Ministerio Público, para que así, en caso de considerarlo procedente, el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso, exponiendo los motivos por los que considera que los datos de prueba recabados, contenidos en la carpeta de investigación, acreditan la existencia del o los hechos delictivos y la probabilidad de que el imputado hubiera intervenido en su comisión; hecho lo cual, entonces, se explique y pregunte al imputado si se acoge o no al plazo constitucional o a su ampliación y se continúe con las siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales. b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica del hoy quejoso. (.) Lo anterior, porque así se subsanará la violación a las garantías constitucionales estudiadas en la presente resolución, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implica." Inconforme con tal determinación, el quejoso Jorge Cervantes y Montoya (por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo) interpuso recurso de revisión en su contra (foja 211), el cual fue radicado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número R-101/2018 de su índice (foja 340), y en ejecutoria de catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 355 a 414) confirmó la sentencia sujeta a revisión. Por lo que en acuerdo de veintidós de junio del año que transcurre (fojas 416 y 417), se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 8755/2018/JC de veintiocho de junio del año actual (foja 428), el juez de control responsable informó que en audiencia celebrada el veintiocho de junio de dos mil dieciocho en la carpeta judicial administrativa 1085/2017/PUEBLA de su índice, cumplió la sentencia de amparo, y envió el registro de audio y video generado con motivo de dicha audiencia (foja 429). A la documental referida consistente en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, pues de su reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia celebrada en el procedimiento penal, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De cuyo contenido se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino realizó lo siguiente: a) Dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictado contra el quejoso Jorge Cervantes y Montoya en la carpeta judicial administrativa 1085/2017/PUEBLA; así mismo, ordenó reponer parcialmente la audiencia inicial de esa fecha, a partir del momento en que el quejoso de mérito manifestó su deseo a no declarar (15:00:47 DVD). b) En uso de la voz, (15:01:30 DVD) la fiscalía expuso los motivos y datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación y por los que consideró que se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delitos de despojo y robo y la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión, por lo que solicitó la vinculación a proceso de Jorge Cervantes y Montoya (15:19:10 DVD). c) El Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino, una vez escuchados los motivos y datos de prueba expuestos por la fiscalía, explicó al imputado los plazos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se resolviera su situación jurídica y preguntó al aquí quejoso cuál de los plazos elegía (15:19:25 DVD). d) Después de consultarlo con sus defensores, Jorge Cervantes y Montoya solicitó que se resolviera su situación jurídica en la misma audiencia (15:20:54 DVD). e) La defensa expuso la contradicción a los motivos expuestos por la fiscalía y en los que fundó su petición de vinculación a proceso (15:21:03 a 15:35:41 DVD). f) El juez de control responsable concedió a las partes el derecho de réplica y contra réplica, y después de escuchar el debate entre las partes, lo declaró cerrado (15:51:54 DVD) y realizó el análisis de los antecedentes de investigación que obran en la causa penal de origen y, con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica de C.A.H.B. g) A las catorce horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho (16:27:45 DVD), decretó auto de vinculación a proceso contra Jorge Cervantes y Montoya por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo por invasión previsto y sancionado en los artículos, 408, fracción I, 409 y 410, en relación con los diversos 13, 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, auto de no vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito de robo, previsto y sancionado por los artículo 373 y 374, fracción I del código sustantivo citado. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. En ese sentido, se ordena notificar al quejoso Jorge Cervantes y Montoya, personalmente el presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que remitió el juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de pruebas documentales públicas. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar.
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