Jorge Dominguez Fuentes
Expediente 594/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Dominguez Fuentes
- Juez de Oralidad Penal Y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial, En Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal Y de Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.********************Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. ********************Finalmente, se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Jorge Domínguez Fuentes, por su propio derecho (fojas 2 a 24); auto de prevención (fojas 25 a 33); desahogo de ésta (fojas 35 y 36); auto admisorio (fojas 37 a 41); informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y los acuerdos que los tuvieron por recibidos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes. Abierto el período probatorio: La secretaria da cuenta con las ofrecidas por las siguientes partes: 1. Parte quejosa, la documental consistente en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. 2. Autoridad responsable: 3. Jueza de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Rosa Celia Pérez González) [denominación correcta], la documental relativa a la copia certificada de los puntos resolutivos de la determinación de dos de septiembre del actual, relacionada con la solicitud de orden de cateo 16/2020/ZACATLÁN/EXPEDIENTILLO (fojas 113 a 116); y, la copia autorizada de diversas constancias que integran la carpeta judicial administrativa 92/2020/ZACATLÁN de su índice, entre las que se encuentra la orden de aprehensión de dieciséis de septiembre del actual (fojas 121 a 172). 3. Autoridades responsables: 7. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación (fojas 53 a 62) y 8. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (fojas 64 a 73), de las constancias relativas a la ejecución de la orden de aprehensión librada en contra de Jorge Domínguez Fuentes, el diecisiete de septiembre del actual, dentro de la carpeta judicial administrativa 92/2020/ZACATLÁN por parte de la 3. Jueza de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Rosa Celia Pérez González). Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento 121/2020 del fiscal de la adscripción, por medio del cual formula alegatos (fojas 99 a 101); y, certifica que las demás partes no los formularon. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al fiscal de la adscripción formulando alegatos y, por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo, con lo que se cierra esta etapa. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 594/2020-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jorge Domínguez Fuentes, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, mediante buzón judicial, remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Jorge Domínguez Fuentes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A). COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, SEÑALO A: 1. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido. 2. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, DE LA REGION JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN HUAUCHINANGO, con domicilio conocido. 3. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, DE LA REGION JUDICIAL NORTE, CON SEDE EN ZACATLAN, con domicilio conocido. 4. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, con domicilio conocido. 5. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, con domicilio conocido. 6. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, con domicilio conocido. B). COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA SEÑALO A: I.- TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido. II. TITULAR DE LA POLICÍA INVESTIGACIÓN DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido. III. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido. III. (Sic). NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a) De las autoridades ordenadoras: 1.- Orden de Aprehensión, emitida en contra del suscrito quejoso. 2. Orden de cateo, a practicarse en mi domicilio sito en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, Localidad San Francisco Terrerillos, Código Postal 73300, en Chignahuapan, Puebla. Como referencia es una casa de dos pisos, revocada de tabique color rojo, con zaguán de herrería de color negro. 3. Confiscación de bienes, específicamente mi domicilio, sito en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, Localidad San Francisco Terrerillos, Código Postal 73300, en Chignahuapan, Puebla. Como referencia es una casa de dos pisos, revocada de tabique color rojo, con zaguán de herrería de color negro. b) De las autoridades ejecutoras, su inminente cumplimiento." (fojas 4 a 7). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Radicación y Prevención de la demanda de amparo. Mediante proveído de primero de septiembre de dos mil veinte, se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 594/2020-B, y se previno a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, precisara el nombre de la persona que tiene el carácter de tercero interesado en la causa penal de origen, así como su domicilio actual y correcto. Lo cual desahogó mediante escrito recibido en este juzgado de Distrito el nueve de septiembre del actual, en el que precisó: ".bajo protesta de decir verdad, desconozco el nombre y domicilio del tercero interesado en la causa penal de origen." (fojas 35 y 36). TERCERO. Trámite del juicio. En auto de diez de septiembre de dos mil veinte (fojas 37 a 41), se admitió a trámite la demanda, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 85).. CUARTO. Cita para audiencia. En proveído de nueve de octubre del actual (fojas 92 y 93), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional consisten en: La orden de aprehensión dictada en su contra; 2. La orden de cateo en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, Localidad San Francisco Terrerillos, Código Postal 73300, en Chignahuapan, Puebla. Como referencia es una casa de dos pisos, revocada de tabique color rojo, con zaguán de herrería de color negro; 3. La orden de confiscación de bienes en el domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, Localidad San Francisco Terrerillos, Código Postal 73300, en Chignahuapan, Puebla. Como referencia es una casa de dos pisos, revocada de tabique color rojo, con zaguán de herrería de color negro; y, 4. La ejecución de dichos actos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia de la orden de cateo y confiscación de bienes. La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia- entre otras, a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador de General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla (Daniel Iván Cruz Luna) [denominación correcta]. Niega respecto de todos los actos 2 Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, con el carácter Juez de Control (Celestino Martínez Bones) [denominación correcta]. Niega respecto de todos los actos 3 Jueza de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Rosa Celia Pérez González) [denominación correcta]. Niega respecto de la orden de cateo y confiscación. 4 Jueza de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Magaly Escamilla Rodríguez) [denominación correcta]. Niega respecto de todos los actos. 5 Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, con el carácter de Juez de Control (Fernando Martínez Espinosa) [denominación correcta]. Niega respecto de todos los actos. 6 Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas) [denominación correcta]. Niega respecto de todos los actos. 7 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de la Agente del Ministerio Público Lucinadia García González. Niega respecto de la orden de cateo y de confiscación. 8 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por conducto de la Agente del Ministerio Público Lucinadia García González. Niega respecto de la orden de cateo y de confiscación 9 Secretario de Seguridad Pública del Estado Puebla, por conducto del Jefe de Departamento. Niega respecto de todos los actos. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas (a excepción de las ejecutoras 7 y 8, por lo que hace a la orden de aprehensión reclamada). En particular, la autoridad responsable: 3. Jueza de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Rosa Celia Pérez González) [denominación correcta], sostiene que si bien, autorizó una orden de cateo en el expedientillo número 16/2020/ZACATLÁN/EXPEDIENTILLO, lo cierto es que se refiere a inmuebles diferentes al precisado por el quejoso, es decir, no existe identidad entre uno y otros. Lo cual se corrobora con la copia certificada de los puntos resolutivos de la determinación de dos de septiembre pasado (autorización del cateo), emitida en el referido expedientillo, la cual, valorada en términos de los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acredita que efectivamente, se autorizó el cateo de los siguientes inmuebles: a) Ubicado en calle Álvaro Obregón, s/n, casi esquina con calle Ignacio Zaragoza, San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla, código postal 73302, con coordenadas geográficas: 19°54'41 "n, -98°09'51 "w y/o 19.911389, -98.164167, de tres niveles, destinado a casa habitación, material de tabique rojo, con una puerta de acceso peatonal, herrería color café, en su parte media presenta una figura de maceta con alcatraces color blanco, verde y violeta; en la parte superior se observa una figura de una maceta con flores blancas y verdes, a los lados dos palomas que en su pico sostienen una flor color violeta, al costado derecho de la puerta de acceso cuenta con un zaguán de material herrería color verde. b) Ubicado en la esquina de las calles Álvaro Obregón, e Ignacio Zaragoza, s/n, San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla, código postal 73302, con coordenadas geográficas: 19°54'42.0"n 98°09'50.7 w y/o 19.9116581, -98.1640897; de dos niveles destinado a casa habitación, con fachada revocada en cemento color gris, zaguán de tres hojas de herrería color verde. c) Ubicado en calle Ignacio Zaragoza, sIn casi esquina con calle Álvaro Obregón, San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla, código postal 73302, con coordenadas geográficas: 19°54'43.0"n 98°09'50.7"w y/o 19.911944, -98.164083, que en la entrada principal tiene dos arcos de material ladrillo, sin protección alguna, que sirven como acceso al interior del domicilio de un solo nivel destinado a casa habitación en construcción de material ladrillo rojo. Sin embargo, el solicitante de amparo precisa que se trata del inmueble situado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, Localidad San Francisco Terrerillos, Código Postal 73300, en Chignahuapan, Puebla, cuya referencia es una casa de dos pisos, revocada de tabique color rojo, con zaguán de herrería de color negro. Advirtiéndose así que no se trata del inmueble en donde se ordenó el cateo. II. Inexistencia de los actos reclamados relativos a la orden de aprehensión y su ejecución. Al respecto, la autoridad responsable: 3. Jueza de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Rosa Celia Pérez González) [denominación correcta], omitió rendir su informe justificado respecto de dicho acto; sin embargo, no es el caso de tener por cierto el acto que se le atribuye, en términos artículo 117 de la Ley de Amparo, pues no existía al momento en que se presentó la demanda de amparo. En efecto, las autoridades responsables ejecutoras: 7. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto del Agente del Ministerio Público Lucinadia García González, y 8. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistentes en la ejecución de la orden de aprehensión emitida por la juez de control responsable, en la carpeta judicial administrativa 92/2020/ZACATLÁN, de su índice, en contra del quejoso Jorge Domínguez Fuentes, por el delito de homicidio calificado, la cual, fue cumplida el diecisiete de septiembre de dos mil veinte (fojas 53 a 62 y 64 a 73). Tal situación (existencia de la orden de aprehensión), se corrobora con la copia certificada de la determinación de dieciséis de septiembre de dos mil veinte, que obra en la citada causa penal, en la cual se dictó en contra de dicho quejoso orden de aprehensión como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 324, 326, fracciones III y IV, 328 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de quienes en vida respondieran al nombre de Ricardo Vargas Quiroga y Rafael García Castillo (fojas 121 a 133), a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, la demanda fue presentada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte (foja 1), mediante buzón judicial, y posteriormente el primero de septiembre del año en curso (foja 2), remitida a este juzgado de Distrito por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, lo cual permite afirmar que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la orden de aprehensión reclamada ni su ejecución, pues ello aconteció los días dieciséis y diecisiete de septiembre del año en curso. Luego, al no existir los actos reclamados en esta instancia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Por otro lado, no pasa inadvertido para quien esto resuelve que no se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada (representación de las víctimas); sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio a la referida parte. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 79, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Domínguez Fuentes, por su propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, en términos del diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa por así haberlo solicitado, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Intégrese a los presentes autos el pedimento 121/2020 del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, por el que solicita que: 1. Se tenga por presentado en tiempo y forma el pedimento de cuenta; 2. Se sobresea en el juicio de amparo; y, 3. Se le expida copia de la sentencia que eventualmente se emita. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas sus manifestaciones, vertidas en vía de alegatos; solicitando se sobresea en el juicio de amparo; y, en el momento procesal oportuno, expídasele a su costa copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional. Notifíquese por lista a las partes...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veinte. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentados por Jorge Domínguez Fuentes, auto de diez de septiembre de dos mil veinte, e informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el juez de Distrito acuerda: Téngase por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos formulados mediante pedimentos 80/2020 y 84/2020, por el agente del Ministerio Público Federal adscrito. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del agente del Ministerio Público Federal adscrito y por precluido el derecho del resto de las partes para formularlos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: Andrés Cholula, Pe.I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 594/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jorge Domínguez Fuentes, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Jorge Domínguez Fuentes, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual después de reservarse, sus dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) La orden de aprehensión librada en contra del quejoso; b) La orden de cateo, del domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, localidad San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla; c) La confiscación de bienes (en específico) del domicilio ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, localidad San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla; y, d) La ejecución de dichas órdenes. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo 1 Juez de Oralidad Penal y de ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado Negó y omitió 2 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla Negó 3 Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González) Aceptó y omitió 4 Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Negó y omitió 5 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla Negó y omitió 6 Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla Negó y omitió 7 Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación Aceptó y omitió 8 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla Aceptó y omitió 9 Director General de la Policía Estatal Preventiva Negó CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las citadas autoridades responsables 2. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla y 9. Director General de la Policía Estatal Preventiva, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de todos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Por su parte, las diversas autoridades 1. Juez de Oralidad Penal y de ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, 4. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, 5. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla y 6. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de la orden de aprehensión reclamada, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue, que al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables indicadas, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Diversa improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables 3. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González), 7. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación y 8. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, al rendir su respectivo informe previo, aceptaron la existencia de la orden de aprehensión librada el diecisiete de septiembre del año en curso en contra del quejoso, así como su ejecución la cual fue cumplida el mismo día, dentro de la causa penal 92/2020/ZACATLÁN, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Ricardo Vargas Quiroga y Rafael García Castillo. Así, al haberse ejecutado la orden de aprehensión reclamada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el dieciocho de septiembre siguiente se le formuló imputación y en la misma diligencia se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por el referido delito. Por lo que, al haberse decretado auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, originó un cambio de situación jurídica respecto a la orden de aprehensión reclamada, resultando inconcuso que no puede decidirse sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura. Orienta lo antes expuesto, la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución del acto reclamado. De lo anterior se sigue, que al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." SEXTO. Improcedencia de la medida cautelar respecto a las órdenes de cateo y confiscación de bienes reclamadas. Las autoridades responsables 1. Juez de Oralidad Penal y de ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, 3. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González), 4. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, 5. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, 6. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, 7. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación y 8. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, al rendir su informe previo, omitieron pronunciarse respecto a la existencia de las órdenes de cateo y confiscación de bienes reclamadas. Por lo tanto, se tienen por ciertos dichos actos que se les atribuyen a las referidas autoridades; lo anterior sólo para los efectos de la suspensión y se provee sobre la suspensión definitiva, en los siguientes términos: IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO A LA ORDEN DE CATEO DEL DOMICILIO UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA SIN NÚMERO, COLONIA SAN FRANCISCO TERRERILLOS, LOCALIDAD SAN FRANCISCO TERRERILLOS, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. Con fundamento en el artículo 107, fracción X constitucional y 128, fracción II de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues no se satisface el requisito de dicho numeral, en razón de que la orden de cateo solicitada al juez de lo penal por la representación social no es susceptible de ser paralizada, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita, y de que no se obstaculice la persecución e investigación de los delitos. Además, de que el artículo 252, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la orden de cateo como un acto de investigación para la persecución de los delitos, la cual tiene que ser autorizada por un juez de control. Cobra aplicación al caso la tesis aislada I.3o.P.5 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE CATEO. ES IMPROCEDENTE PORQUE EL CONCEDERLA AFECTARÍA DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Resulta improcedente conceder la suspensión provisional cuando se reclama la ejecución de una orden de cateo solicitada por el Ministerio Público, pues por su naturaleza, conforme al artículo 152 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, constituye una herramienta con la que cuenta dicha autoridad para la persecución de los delitos conforme al numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual culminará, en su caso, con el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, no puede llevarse a cabo su paralización, pues al hacerlo, se afectarían disposiciones de orden público, es decir, la labor constitucional encomendada a dicha institución, lo que es contrario al contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. " A mayor abundamiento la parte quejosa no exhibió documento alguno e idóneo para acreditar la posesión o propiedad del bien inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, localidad San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla; lugar donde aduce se ejecutará la orden de cateo, lo que debió demostrar por lo menos indiciariamente para efectos de la suspensión, a fin de establecer que realmente es titular de un derecho, en el caso, que posee o es propietaria del señalado inmueble. Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO A LA CONFISCACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA SIN NÚMERO, COLONIA SAN FRANCISCO TERRERILLOS, LOCALIDAD SAN FRANCISCO TERRERILLOS, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. Respecto al acto reclamado, precisado en el inciso c), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: La parte quejosa solicita la suspensión respecto la confiscación del bien inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza sin número, Colonia San Francisco Terrerillos, localidad San Francisco Terrerillos, Chignahuapan, Puebla, esto es así ya que, la confiscación corresponde a un pena que supone la condena de un sentenciado, y como consecuencia de ella la pérdida de todos sus bienes; y, en el caso a estudio, conforme a las circunstancias que narra la parte quejosa y lo informado por las autoridades responsables no estamos ante una confiscación, pues no basta con que el quejoso manifieste reclamar un acto prohibido por la constitución para pronunciarnos al respecto, sino que es preciso que de la demanda amparo y de las pruebas que se acompañen, se advierta que el acto que reclama corresponde a una de las penas prohibidas que señala el artículo 22 Constitucional, y, en el presente asunto, no existen datos contundentes a efecto de advertir que estamos ante una condena del quejoso (confiscación), pues no refiere haber sido procesado con anterioridad ni haber sido sentenciado, aunado a que del informe rendido por la autoridad 3. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González), se advierte que a la fecha no se ha dictado sentencia en su contra dentro de la causa penal 92/2020/ZACATLÁN; de ahí que no proceda, como ya se dijo, pronunciarnos respecto a la suspensión de plano que solicita. Aunado a que, la parte quejosa tampoco exhibe documento idóneo que acredite la propiedad del bien inmueble que refiere. Por lo expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jorge Domínguez Fuentes, en términos de los considerandos cuarto, quinto y sexto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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