Jorge Bernat Cid

Expediente 1261/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1261/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Jorge Bernat Cid
  • FRANCISCO BERNAT CID y Otros.
  • JORGE BERNAT CID y Otros.
  • Juan Jaime Bernat Cid
  • Francisco Bernat Cid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio III-77/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en el recurso de queja Q-116/2017, interpuesto por los quejosos Francisco, Juan Jaime y Jorge, todos de apellidos Bernat Cid, contra el auto de veintitrés de noviembre del año próximo pasado, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; ejecutoria que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por FRANCISCO BERNAT CID, JORGE BERNAT CID y JUAN JAIME BERNAT CID." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de alzada; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio II. 6185/2017 del Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, comunica a este juzgado Federal, que por auto dictado por el Presidente de ese órgano colegiado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, que desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo, quedando registrado con el número de queja Q-116/2017.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Francisco, Juan Jaime y Jorge, todos de apellidos Bernat Cid, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interponen recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en este juicio de amparo. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la substanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo, al no haberse dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, ríndase el INFORME JUSTIFICADO respectivo, manifestando que ES CIERTO que el veintitrés de noviembre de la presente anualidad se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 1261/2017-D, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por Francisco, Juan Jaime y Jorge, todos de apellidos Bernat Cid, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, manifiestan que la única autoridad responsable en este juicio es el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Ahora bien, a dicho juez reclaman, la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 397/2014 de su índice. Cabe mencionar que, dentro de los autos del juicio de amparo 1224/2017 del índice de este juzgado, en el cual les asiste el carácter de terceros interesados a los aquí quejosos, obran constancias diversas de la causa penal 397/2004 que el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado, entre las que destacan: 1) El proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, que versa sobre el desechamiento de pruebas realizado por el juez responsable; y, 2) La resolución de trece de octubre de la presente anualidad (acto aquí reclamado) en la que, la autoridad judicial responsable, determinó confirmar el acuerdo aludido en el párrafo inmediato anterior (desechamiento de pruebas). Lo anterior, constituye un hecho notorio para la suscrita Secretaria encargada del despacho, lo que se invoca, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Respecto a dicho acto reclamado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así mismo, establece que los actos de imposible reparación se entienden por los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Y, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Así mismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) es del tenor siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se combate en esta instancia constitucional, sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (libertad, propiedades o posesiones); pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, en esas porciones, no es del denominado de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque la confirmación del desechamiento de pruebas (documental y testimonial), no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa. Toda vez que de obtener sentencia favorable a sus intereses, dentro de la causa penal de origen, las consecuencias jurídicas de la citada determinación quedaría sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte quejosa podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 173, Apartado A, fracciones VII y XIV, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen: (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho; Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo, se consideran violaciones procesales en un juicio del orden penal regido por el sistema de justicia penal mixto, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho. En ese contexto, se considera que la confirmación de del desechamiento realizado por el juez responsable, encuadra en dicho supuesto. Violación procesal que, como se adelantó, puede ser alegada a través del juicio de amparo directo promovido en contra de la sentencia definitiva que, en su caso, no les fuera favorable; por tanto, el juicio de amparo es improcedente respecto la resolución reclamada, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario. Por analogía, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por ser notoria e indudable su improcedencia. Finalmente, de autos se desprende que no obra la constancia de notificación relativa al acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, requiérase al actuario judicial de la adscripción para que de manera inmediata, entregue dicha constancia a la Secretaria encargada del trámite de este asunto.

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