Jorge Carlos Miranda Rojas
Expediente 836/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Carlos Miranda Rojas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el que se desechó la demanda promovida por ********, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento.
- Principal
Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por************; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 836/2018-V. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Así, analizada la demanda de amparo y anexos que se acompañaron, se advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del precepto 61, con relación a la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa De los transcritos dispositivos, se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al quejoso, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio es el interés jurídico a que se refieren las citadas porciones normativas, que no puede ser otra cosa sino la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior, porque la procedencia del juicio se actualiza cuando se acredita la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, sean de la naturaleza que sean, puesto que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona física o moral al lesionar directamente sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y es entonces cuando nace precisamente el derecho a instar el juicio constitucional. Ciertamente, la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo sea promovido. Antes bien, para ello se requiere demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido este como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, como acontece en el caso en particular, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el quejoso, puesto que no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En mérito de lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que una persona puede promover el juicio, es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. En el caso en concreto, como ya se dijo, el presente juicio resulta improcedente, ya que el acto reclamado es el acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Salvatierra, Guanajuato, Base Cortazar, Guanajuato, en la causa penal *** mediante el cual ordenó la citación a la audiencia inicial en esa causa criminal, donde el ministerio público habrá de formular imputación contra el quejoso. Con lo anterior, es dable evidenciar la naturaleza jurídica de tal proveído. Esto es, la exégesis de los artículos 309, párrafo primero y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuna la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado y únicamente en el caso de que este no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial, conforme al citado numeral 310. Al respecto, el numeral 141, fracción I del Código en consulta, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: 1. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no estos no se le hubieren informado con antelación. 2. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. 3. Se formulará la imputación. 4. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. 5. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. 6. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto adjetivo necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun cuando la citación a la audiencia inicial constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es, que dicha citación no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso, puesto que el trámite como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. Ello es así, ya que la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, sino que simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial En efecto, el juez de control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado -quejoso- no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga agravio alguno, ya que este se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o vincularlo a proceso, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. Considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede estimarse que la citación a la audiencia inicial ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del solicitante del amparo, habida cuenta que esta solo se materializará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión en su contra o vincularlo a proceso, lo cual incluso se trata de actos futuros de realización incierta, ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante ese panorama, no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al solicitante de la tutela constitucional. Si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privarlo de la libertad. En otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, puesto que esta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar en su contra orden de aprehensión o bien, vincularlo a proceso. Por lo cual, considerar que la comparecencia transitoria del imputado a la audiencia inicial transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el juez de control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que no puede ser así, ya que lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Luego, como se precisó, del invocado artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, es decir, como requisito de procedencia del amparo se requiere: I. Que el quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, II. Que ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, puesto que la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo. Por tanto, opuestamente a lo que considera el quejoso, el acuerdo dictado por la autoridad responsable que tilda de inconstitucional, no le ocasiona perjuicio, toda vez que no puede de alguna manera, vulnerar derecho humano o garantía individual en su perjuicio, como se sostiene en la demanda. Es aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 35, Tomo 60, diciembre de 1992 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia En ese orden, para la procedencia del juicio es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio. Como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, relativa a la Novena Época, de la literalidad: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación a la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por **********, en contra del acto que reclama del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, y del agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Única de Oralidad, ambos con sede Salvatierra, Guanajuato, Base Cortazar, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. En apoyo a lo que precede se invoca la tesis XXVII.3o.49 P (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: AUDIENCIA INICIAL. EL AUTO QUE ORDENA CITAR AL IMPUTADO A SU CELEBRACIÓN ES UN ACTO FUERA DE JUICIO QUE NO OCASIONA A ÉSTE PERJUICIO EN SU ESFERA DE DERECHOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de símil contenido al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio o proceso penal inicia con la audiencia inicial ante el Juez de control y, por exclusión, el auto que cita al investigado a la celebración de la audiencia inicial es un acto emitido fuera de éste. En ese contexto, el acuerdo que ordena de conformidad con el artículo 141, fracción I, del mismo código, la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el Juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En estas condiciones, en su contra se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, ya que en el caso, éste no tiene incorporado a su esfera de derechos alguno que lo posibilite a impugnar su citación a dicha etapa previa a juicio; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio La presente determinación no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1a. /J. 93/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE 'FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN', PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente Sin embargo, la ejecutoria de la cual deriva el criterio en referencia, se ocupó de la legislación procesal penal de los Estados de Durango y Chihuahua, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a que la causa de improcedencia objeto de análisis en dicha ejecutoria es la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, la cual, es diversa a la que en esta resolución se considera actualizada. Además, el caso que se analizó por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, tiene una variante sustancial, atinente a que en el auto en el que se ordenó la citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, media el apercibimiento relativo a que de no comparecer, se ordenaría su aprehensión, lo cual no sucede en el particular, puesto que el apercibimiento se realizó en el sentido de que se podrá disponer su inmediata comparecencia, previa la constatación de los demás requisitos a que se refieren los artículos 16 de la constitución federal, así como 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, razones por las que el criterio en cita no es aplicable al particular. Máxime que en el caso, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales no sería posible emitir de manera directa una orden de aprehensión ante la incomparecencia, puesto que para ello se requiere petición del Ministerio Público. Tampoco es inadvertido para este juzgador la jurisprudencia número 1a./J. 15/2018 de rubro: SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, dado que tal jurisprudencia se ocupó de los efectos que debían imprimirse a la medida cautelar solicitada, pero no sobre la procedencia del juicio constitucional cuando el acto reclamado lo constituye la citación para la audiencia inicial en la causa penal de origen. Tanto más, que ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está pendiente de resolverse la contradicción de tesis 141/2018, en la que el tema central es dilucidar si el juicio de derechos fundamentales es o no procedente contra el proveído que ordena la citación en comento. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por la parte promovente, los estrados de este juzgado de distrito por así haberlo solicitado expresamente y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, en virtud de que no proporcionó los datos necesarios a efecto de que este juzgado verifique si cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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