Jorge Carlos Miranda Rojas

Expediente 1039/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1039/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Miranda Rojas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de revisión en contra de la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, sin que se haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, en razón que dicha determinación no les irroga perjuicio. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido. En virtud de lo anterior, devuélvanse a la autoridad responsable las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, al resultar innecesaria su retención.

  2. Principal

    Obre como corresponda. Visto el oficio del Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, mediante el cual remite copia certificada del informe justificado que rindió ante esta potestad federal y refiere adherirse a las constancias que adjuntó al mismo. Al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, ya que en proveído de nueve del mes y año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado que refiere, así como las constancias que en sustento del mismo adjuntó, constantes de tres tomos; asimismo, mediante proveído de doce de diciembre actual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que en auto de nueve de diciembre reciente, se recibió el informe justificado rendido por el Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, al cual adjuntó en tres tomos, copias certificadas del juicio especial civil C-944/2017, de su estadística. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclamó un acto dictado en fase de ejecución de sentencia, siendo éste: Autoridad responsable: Acto reclamado: 1. Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato a. La resolución del recurso de revocación de cuatro de octubre del año en curso, emitida por el juzgador responsable en los autos del juicio especial hipotecario C-944/2017, en la que confirmó el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el cual no dio trámite inmediato al desistimiento de la instancia y de la acción interpuesto por el peticionario de amparo, como apoderado legal de la parte ejecutante, pues se otorgó un plazo de tres días a la actora en el controvertido de origen, aquí tercera, Ma. Cristina Mendoza Verduzco, para manifestarse al respecto. Atento a lo anterior, tras revisar las constancias del expediente de origen, esta juzgadora estima actualizada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]" Del primer precepto trascrito se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley. En relación al segundo dispositivo antes citado, aplicado en sentido contrario, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que dictados durante la etapa de ejecución de sentencia no sean la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Con base en lo anterior, se tiene que, si bien es cierto, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone qué debe entenderse como la "última resolución" del procedimiento de ejecución, también lo es que dicho precepto legal se refiere a distintas clases de actos realizados fuera de juicio o después de concluido, contra los que procede el amparo indirecto, sólo contra la última resolución. En ese sentido, debe apuntarse que, generalmente, los juicios constan de tres etapas, y en esa consideración, hay actos: a) Fuera o antes del juicio conocidos también como prejudiciales; b) Los emitidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando); y, c) Los existentes después de concluido el juicio, esto es, a partir de dictada la sentencia. Estos últimos se subdividen en: c.1) Actos en ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, c.2) Actos para la ejecución de sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. Así, debe apuntarse que al referirse la ley a actos después de concluido el juicio, engloba un universo de determinaciones judiciales que podrían ser reclamadas en amparo indirecto. Entre esos actos, ciertamente (tratándose de los actos de ejecución de una sentencia) están los catalogados como "la última resolución" y la ley describe lo que se entiende por ella. Cabe precisar, que el juicio de amparo no es un recurso de casación procedente contra cada uno de los actos que, concatenados, configura el procedimiento, sino que tiende a respetar la competencia material del juez ordinario, que debe resolver el juicio desde el ámbito de legalidad, hasta la total conclusión del procedimiento seguido ante él, y solo después de que concluya, podrá analizarse la constitucionalidad de dicho juicio, tanto desde el aspecto procesal como del material, pero considerándolo como un todo, como un solo acto, aunque formado de distintos actos concatenados. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio que afecten derechos fundamentales de tal manera que de esperar a que concluya el procedimiento la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, señalándose dichos actos como reclamados sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Sobre el tema señalado en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consideró que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en lo anterior, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. La interpretación que antecede, refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo la línea argumentativa que precede se concluyó, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" se abandonaba el criterio de que el juicio de amparo indirecto procedía excepcionalmente en contra de violaciones procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse dicha concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen. De conformidad con lo expuesto, siempre debe tenerse en cuenta que el amparo no debe constituir un medio de impugnación que pudiera utilizarse arbitrariamente y para retardar el procedimiento, por tanto se interpretó la procedencia del juicio de amparo en etapa de ejecución siempre de manera restrictiva; en consecuencia, debe concluirse que un acto dictado en ejecución de sentencia solamente puede reclamarse a través del amparo indirecto, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso. Da sustento a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, para evidenciar la actualización de dicha causal de improcedencia, es pertinente destacar los siguientes antecedentes relevantes: 1. Ante el Juzgado Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato, se tramitó el juicio especial sumario civil C944/2017. Ese contradictorio fue iniciado por Ma Cristina Mendoza Verduzco en contra del aquí quejoso, Jorge Carlos Miranda Rojas, de quien reclamó, entre otros, el pago inmediato de la cantidad de $683,800.00 (seiscientos ochenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. 2. Seguida la secuela del juicio de mérito, el juez responsable pronunció sentencia el siete de marzo de dos mil diecinueve, con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Este Juzgado resultó competente para conocer y (sic) presente litigio. SEGUNDO. Y la vía especial hipotecaria por la que se encauzó el juicio principal es la procedente. El procedimiento por el que se desarrolló el planteamiento de la parte actora reconvencional es improcedente, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en los términos legales que considere pertinentes. TERCERO. La parte actora principal acredita su acción y se condena a Jorge Carlos Miranda Rojas a pagar la cantidad de $683,800.00 (seiscientos ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional) (sic), por concepto de suerte principal. CUARTO. Se condena a Jorge Carlos Miranda Rojas, al pago de interés legal a partir de la mora a razón del 6% anual, contados a partir del día siguiente a la fecha en que debía dar cumplimiento a la obligación, es decir, el seis de abril de dos mil dieciséis y hasta la total liquidación del adeudo. QUINTO. Se condena a Jorge Carlos Miranda Rojas, a que se haga efectiva la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble de su propiedad otorgado en garantía del cumplimiento, siempre y cuando no haya constancia en autos de que se haya hecho el pago de lo sentenciado dentro del término de 5 días contado a partir de la que presente sentencia cause ejecutoria, y con el producto que se obtenga de la venta en el remate, se haga pago a la parte actora hasta donde alcance a cubrir lo sentenciado. SEXTO. Se condena a la parte demandada principal y actora reconvencional, al pago de gastos y costas procesales al haberse acogido las pretensiones del actor y declarado la improcedencia de la vía de sus acciones reconvencionales. Dese de baja (.)" (fojas 1 a 8 tomo I de pruebas). 2. Inconforme con la anterior resolución, el ahora peticionario de amparo interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajó el toca 239/2019, quien el quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 11 a 21 del tomo II de pruebas), emitió la resolución respectiva en la que modificó la sentencia recurrida, en cuanto a la cantidad, por haber resultado parcialmente procedente la excepción de compensación opuesta por la parte demandada, condenándolo al pago de la cantidad de $653,800.00 (seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). 3. En contra de la resolución de segunda instancia la parte demandada, Jorge Carlos Miranda Rojas, promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien lo registró con el número 552/2019, negando el amparo solicitado (foja 476 del tomo II de pruebas). 4. En el periodo de ejecución de sentencia, el trece de noviembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la diligencia de remate del bien inmueble afecto al juicio natural -identificado en ese acto como finca urbana ubicada en calle Zaragoza número 401 (cuatrocientos uno), zona Centro, de la ciudad de Cortazar, Guanajuato-. En ese acto se declaró adjudicado el bien inmueble en cita a favor de la parte actora, por lo que se requirió a la parte demandada, aquí impetrante de amparo, para que en un término de cinco días siguientes a partir de que causara ejecutoria esa diligencia, otorgara la escritura del bien inmueble adjudicado a la parte actora, apercibiéndolo que, de no hacerlo, el juzgado lo hará en su rebeldía (fojas 786 y 787 del tomo III de pruebas). 5. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el juez responsable comisionó al actuario en turno a fin que pusiera en posesión material, a la parte actora, respecto del bien inmueble adjudicado en favor de dicha parte (foja 99 tomo III). 6. El veintitrés siguiente, el aquí quejoso, promovió en su carácter de apoderado legal de la parte actora y aquí tercera interesada, Ma Cristina Mendoza Verduzco, el desistimiento del juicio; promoción a la que recayó el proveído de la propia data, en que además de tenérsele por acreditado el carácter de apoderado de la parte ejecutante con la copia certificada del instrumento público número 263 de catorce de abril de dos mil catorce, pasado ante la fe del notario público número 12 del Partido judicial de Celaya, Guanajuato, se ordenó dar vista a la parte actora y mandante del ocursante por el plazo de tres días a la parte actora a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se le tendría por conforme. 7. Inconforme con la determinación que precede, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación; siendo que, por acuerdo de veintiocho del mismo mes y año, se admitió a trámite y se ordenó dar vista a la parte actora por el plazo de tres días. 8. Mediante promoción presentada el veintiocho de septiembre del año actual, Ma Cristina Mendoza Verduzco, actora en el juicio de origen, desahogó la vista que le fue otorgada y, al efecto manifestó, entre otras cuestiones, lo siguiente: "[.] Que el LIC. JORGE CARLOS MIRANDA ROJAS, al sustentarse como apoderado especial de la suscrita, pretende sorprender a este H. tribunal cometiendo hechos delictuosos, mismos que serán denunciados ante el ministerio público, en efecto. A dicho abogado se le expidió el poder con el que pretende sustentarse cuando era abogado de la suscrita dado los sendos procedimientos judiciales en los que intervino como se encuentra demostrado con la reconvención que fue planteada en el presente procedimiento judicial por el propio promovente y demandado en el principal. Al terminar la relación de trabajo entre la suscrita y el LIC. JORGE CARLOS MIRANDA ROJAS, y no cubrirme las prestaciones económicas que me adeudaba por un préstamo personal del que derivo la hipoteca ejercitada me vi en la necesidad de demandarlo abriéndose el presente juicio. Con fecha 29 de noviembre del año 2017, la suscrita compareció ante EL LIC. JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA, notario público número 12 con adscripción en Celaya Gto., a revocar el poder de fecha 14 de abril del 2014, otorgado en la escritura pública número 263, en favor del LIC. JORGE CARLOS MIRANDA ROJAS. Tal y como lo demuestro con la certificación de la escritura pública número 384 donde obra dicha revocación y que anexo al presente. Es claro y evidente que el LIC. JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA, obra ilícitamente al querer sustentar como mi apoderado, quererse desistirse donde es el propio demandado, desistimiento que para efectos legales no comparto ni estoy de acuerdo y niego su procedencia." 9. El recurso de revocación de marras, se resolvió el cuatro de octubre pasado, en el que tras calificarse de infundados e inoperantes los motivos de agravio formulados por el inconforme, aquí quejoso, se confirmó el auto combatido de veintitrés de septiembre del año en curso. Esta última es la resolución que se combate en esta sede constitucional. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; pues es patente que: 1. El acto respecto del cual la parte promovente se duele en esta vía constitucional fue dictado durante la etapa de ejecución de sentencia; 2. No constituye la última resolución dictada en fase de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; 3. La parte aquí quejosa tiene el carácter de demandado en el controvertido de origen y acude por su propio derecho a este juicio de amparo; 4. No es un acto dictado en ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada. Sin que se inadvierta el hecho de que alegue que derivado de que el juzgador responsable no le dio trámite inmediato al desistimiento de la acción que presentó en su carácter de apoderado legal de la parte ejecutante, se le desposeyó del bien inmueble que en esta vía defiende como demandado en el juicio de origen, pues el desistimiento de marras lo promovió en su carácter de apoderado legal de la parte actora y no por su propio derecho; siendo que, no acude a este juicio de amparo en contra de la desposesión per sé, sino que la pretende derivar de que no se le haya dado trámite inmediato al desistimiento planteado. Además de que el acto reclamado no es una negativa por parte del juez responsable de tramitar el desistimiento del juicio planteado a favor de su mandante judicial, aquí tercera interesada, sino que únicamente se le está dando oportunidad a aquélla para que manifieste su conformidad o no con el desistimiento promovido supuestamente a su favor, tras lo cual el juzgador procederá conforme en derecho proceda. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la tesis aislada I.12o.C.22 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo III, página 2163, de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." De igual manera, cobra aplicación, por analogía de razón, la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de 2018, tomo II, página 1691, de rubro y texto: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente." En suma, al resultar notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por Jorge Carlos Miranda Rojas, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, es de decretarse y se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 del mismo ordenamiento. Por lo expuesto en el presente proveído, y dado el sentido de la resolución, se deja insubsistente el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que para tal efecto se lleva en este Órgano Jurisdiccional.

  4. Principal

    Informe justificado. Agréguese el oficio que remite el Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, a través del cual rinde informe justificado, en el que acepta los actos que se le atribuyen; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental consistente en copia certificada del juicio especial civil C-944/2017, de su estadística, probanza que se desahoga en este momento dada su naturaleza y será tomada en consideración al resolver en definitiva el presente juicio; dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Formación de tomos. Para un mejor manejo del expediente, fórmense tres tomos de pruebas. De conformidad con el artículo 231 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de los actuales; ante lo voluminoso de las constancias allegadas, al expediente digital se integrarán solamente las necesarias para resolver el presente asunto, sin perjuicio de que las restantes estarán a disposición para consulta de las partes de forma física. Lo anterior, en virtud de que los tomos recibidos, en su conjunto, se integran de mil doscientas cuatro fojas y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a la fecha, no permite que se ingrese un documento digitalizado de esas dimensiones.

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