Jorge Carlos Miranda Rojas
Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Carlos Miranda Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Visto el estado de autos, del cual se advierte que el presente juicio se encuentra concluido, al resultar innecesaria su retención, remítanse a la autoridad responsable jueza Menor Mixto en Cortazar, Guanajuato, los tomos de prueba que en copia certificada adjuntó a su informe de ley.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento en el juicio; por tanto, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, inciso a), y 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- y el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, puesto que se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el cuaderno principal, y se concedió la suspensión definitiva respecto la ampliación de demanda, esto en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Por otra parte, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del citado numeral, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos originales que allegó al presente juicio, con apercibimiento de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la recepción de las citadas documentales, será necesario que la parte quejosa agende una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Devolución de tomos. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas formados con las constancias que la autoridad responsable allegó con su informe justificado, se ordena su devolución.
- Incidental
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso XXXXXXXXXXXXX, a través del cual solicita copia certificada y devolución de las constancias que indica. Dígase al ocursante, que queda a su disposición el presente cuaderno para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección, las constancias que estime necesarias, previa razón que se levante en autos. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la parte quejosa o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, pues debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado, no cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias solicitadas. En cuanto a la devolución de los documentos que indica, no ha lugar a acordar de conformidad, ya que únicamente se encuentra prevista la devolución de documentos originales que hayan exhibido las partes, una vez que concluya en definitiva el juicio; esto de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 125/2021, promovido por ***; se encuentra en audiencia pública Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas mediante oficio CCJ/ST/1242/2021 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ante César Antonio Hernández León, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Además, se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Enseguida el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda y escrito de ampliación; autos de dieciséis de marzo y nueve de junio ambos de dos mil veintiuno, en los que se admitieron a trámite dichos ocursos, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley y con los informes justificados de la jueza Menor Mixto y del actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios, ambos de Cortazar, Guanajuato. A lo que el encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendidos los citados informes de las autoridades. A continuación, se abre el período probatorio en el que se tienen por desahogadas las documentales exhibidas al sumario; con lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en donde el secretario hace constar que ninguna de las partes los presentó. A lo que el encargado del despacho acuerda: Se tienen por omisas a las partes en formular alegatos en el presente asunto; con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia, para enseguida dictar resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 125/2021; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la jueza Menor Mixto de Cortazar, Guanajuato, que hizo consistir en: IV ACTO RECLAMADO. LA ORDEN DE EMBARGO SOBRE BIENES MUEBLES DE MI PROPIEDAD Y/O PROPIEDAD FAMILIAR, ASÍ COMO LA ORDEN DE CAMBIO DE DEPOSITARIO CON USO DE LA FUERZA PÚBLICA ORDENADOS DENTRO DEL EXPEDIENTE **; reclamando además cualquier inminente privación del derecho de posesión y/o propiedad mobiliaria personal y/o familiar de los domicilios ubicados en *** y/o ****, Guanajuato, acto del que tengo la plena certeza, porque así lo demuestro con los documentos públicos que acompaño del mencionado juicio, así como con la información que se me proporcionó por terceras personas, de acuerdo a lo que líneas adelante narraré en el capítulo de antecedentes de la presente demanda. (Foja 2 del cuaderno de amparo). En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 125/2021; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, se tuvo como tercera interesada a *****, quien fue emplazada al presente juicio el dieciséis de abril de dos mil veintiuno (fojas 50 y 54). TERCERO. Previa vista otorgada por esta potestad, por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de demanda por lo que ve a una diversa autoridad a la señalada inicialmente; en consecuencia, se solicitó el informe justificado respectivo y se dio la intervención de ley a la agente del Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento. CUARTO. Finalmente, una vez integrado el presente asunto, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en Cortazar, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esa ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. El embargo y la orden de cambio de depositario, respecto de los bienes inmuebles ubicados en calle *****, Guanajuato, así como de los bienes muebles que se encuentran en dichos domicilios. Actos reclamados a las siguientes autoridades: a. Jueza Menor Mixto. b. Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios. Ambos de Cortazar, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La jueza Menor Mixto (fojas 58 y 59) y del actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios (foja 105), ambos de Cortazar, Guanajuato, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número ****; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, Sandra Villagómez Jaramillo demandó en la vía ejecutiva mercantil a Fátima Monserrat Rodríguez Limón, como deudora principal, y a José Carlos Miranda Rojas, como aval, de quienes reclamó el pago de la cantidad de $93,333.32 (noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y dos centavos), así como de intereses ordinarios y moratorios, de gastos y costas (fojas 2 a 5 del tomo de pruebas). 2. De dicha demanda, por turno, correspondió conocer al Juzgado Menor Mixto de Cortazar, Guanajuato, quien por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, lo registró bajo el número ***, admitió la demanda y despachó auto de mandamiento de ejecución en contra de los demandados (fojas 9 a 11 ídem). 3. Por auto de doce de julio de dos mil diecinueve, la jueza responsable, previa petición de la parte actora, aclaró que el nombre correcto del demandado es Jorge Carlos Miranda Rojas, por lo que ordenó su emplazamiento de nueva cuenta (foja 47 ídem). 4. En la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respecto al demandado Jorge Carlos Miranda Rojas, realizada el veintiuno de agosto de dos diecinueve, se asentó lo siguiente: .procedo a tocar a la puerta de acceso del domicilio en que se actúa atendiendo a mi llamado una persona del sexo masculino quien me dice responder el nombre de Jorge Carlos Miranda Rojas quien no se identifica siendo de tez clara, complexión delgada, estatura 1.65 metros, como de 54 años y en este acto se identifica con credencial de elector folio número *****. Acto seguido, emplazo a la parte demanda. 5. Diligencia que se aprobó el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. 6. El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, la actora y el demandado **** presentaron un escrito a través del cual, en lo que interesa, dicho demandado se allanó de la demanda incoada en su contra y ambos señalaron para embargo el bien inmueble ubicado en calle *** inscrito en el folio real número***, para lo cual designaron como depositario al ahora quejoso (fojas 59 y 60 ídem). 7. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la jueza responsable no acordó de conformidad la petición señalada en el punto anterior respecto del embargo del bien inmueble señalado, sin que al efecto realizará mayor pronunciamiento (fojas 87 y 88 ídem). 8. Seguida la secuela procesal, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la jueza responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a los demandados al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 94 a 112 ídem). 9. Mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la jueza responsable aclaró la sentencia para el efecto de precisar que el nombre correcto del demandado es *****; además, tuvo al actor por desistido de los bienes embargados durante la secuela procesal y autorizó un nuevo embargo en ejecución de sentencia (fojas 116 a 118 ídem). 10. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la jueza responsable acordó favorablemente la petición de la parte actora, en el sentido de que la ejecución del proveído descrito en el punto que antecede, podría realizarse en el domicilio ubicado en ****, debido a que ese domicilio corresponde al demandado *****(foja 121 ídem). 11. En diligencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, el actuario entendió la diligencia con el propio demandado **** y embargó el bien inmueble ubicado en ***, inscrito bajo el folio real número *** (fojas 122 y 123 ídem). Diligencia que no se aprobó por auto de veintinueve siguiente (fojas 141 y 142 ídem). 12. Por auto de treinta de enero de dos mil veinte, la jueza responsable acordó favorablemente la petición de la parte actora, en el sentido de que la ejecución del proveído descrito en el punto número 9, podría realizarse en el domicilio ubicado en ****, Guanajuato, debido a que ese domicilio corresponde al demandado **** (foja 145 ídem). 13. En auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, la jueza responsable aclaró que, en el proveído de treinta de enero, no se asentó la colonia a la cual pertenece el domicilio ahí señalado, por lo que regularizó el procedimiento para el efecto de tener como domicilio del demandado ****, el ubicado en *****, Guanajuato (foja 148 ídem). 14. En diligencia de once de febrero de dos mil veinte, la actuaria se constituyó en el domicilio antes descrito y embargó diversos bienes muebles. Durante el desarrollo de la diligencia se hizo presente el demandado ******, quien manifestó que era su deseo cumplir con la condena, para lo cual señalaba como embargo el bien inmueble ubicado en calle ****, sin número, inscrito bajo el folio real número ****, quedando como depositario de dichos bienes el propio demandado (fojas 149 a 153 ídem). 15. En auto de trece de febrero de dos mil veinte, la jueza responsable aprobó la diligencia respecto a los bienes muebles, pero la desaprobó respecto al bien inmueble (foja 154 y 155 ídem). 16. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, la jueza responsable, previa petición de la parte actora, designó como nueva depositaria de los bienes embargados a ****, a quien requirió para que acepte y proteste el cargo. Además, preciso que una vez que ello aconteciera se requería al demandado y anterior depositario para que hiciera la entrega voluntaria de los bienes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de los medios de apremio que establece la ley (foja 164 ídem). 17. El veintiocho de octubre de dos mil veinte **** aceptó y protestó el cargo conferido (foja 165 ídem). 18. El dos de diciembre de dos mil veinte, la jueza responsable ordenó poner en posesión material de los bienes embargados a la nueva depositaria, debido a que el demandado no realizó la entrega voluntaria de los mismos (foja 175 ídem). Lo cual se ejecutó el cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 183 ídem). QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En ese contexto, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. En efecto, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que procede el juicio de amparo indirecto en contra de actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. Ahora, por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En el caso, **** se ostenta como tercero extraño al procedimiento de origen, pues al efecto manifiesta que él no es el demandado, debido a que no existe coincidencia entre los nombres tanto del promovente como del demandado, ya que este último es ****, por lo que no ha sido oído o vencido en el juicio ejecutivo mercantil número **** del índice del Juzgado Menor Mixto de Cortazar, Guanajuato. Sin embargo, como se evidencia de los antecedentes narrados en el considerando que antecede, por auto de doce de julio de dos mil diecinueve, la jueza responsable, aclaró que el nombre correcto del demandado es **** y, en consecuencia, ordenó su emplazamiento de nueva cuenta (foja 47 del tomo de pruebas). El veintiuno de agosto de dos diecinueve (fojas 48 y 49 del tomo de pruebas), se emplazó de forma personal a ese demandado para que compareciera, en el término de ocho días hábiles ante el juzgado responsable y diera contestación a la demanda incoada en su contra, diligencia que se realizó directamente con ****, ahora quejoso. Además, el ahora quejoso se apersonó al presente juicio antes de que se dictara la sentencia respectiva, pues al efecto presentó un escrito el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 59 y 60 del tomo de pruebas), con lo que perdió el carácter de tercero extraño por equiparación. Aunado a que estuvo presente en diversas diligencias desahogadas en el periodo de ejecución. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sostuvo que el carácter de tercero extraño se pierde, cuando acontece alguna de las siguientes hipótesis: 1. Que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; y, 2. Que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal. Ambos supuestos acontecieron en el caso en estudio. Lo anterior permite concluir que el promovente del amparo no está en condiciones de combatir las actuaciones derivadas del juicio ejecutivo mercantil número **** con el carácter de tercero extraño. Es así, pues se reitera, de la relación de constancias descritas con anterioridad, se advierte que el quejoso ha estado enterado de todo el procedimiento mercantil seguido en su contra, así como de la etapa de ejecución, por lo siguiente: En primer lugar, este se apersonó antes del dictado de la sentencia definitiva, pues presentó un escrito el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 59 y 60 del tomo de pruebas) a través del cual, en lo que interesa, se allanó de la demanda incoada en su contra y la sentencia fue dictada, con posterioridad, esto es, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 94 a 112 ídem). Lo anterior, pone de manifiesto que el promovente del amparo tuvo conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, pues, se insiste, este se apersonó al juicio cuando se encontraba en trámite y al momento de contestar la demanda se allanó. Por lo que con ese actuar quedó impuesto y sujeto al procedimiento correspondiente, por lo que estaba obligado además a permanecer pendiente de las actuaciones que en él se pronunciaran durante todas las etapas procesales. En segundo lugar, debido a que el emplazamiento que le realizaron se entendió precisamente con él, el cual a la fecha no ha quedado sin efectos y tampoco se inconformó en contra de esta en la instancia ordinaria ni en el presente juicio de amparo. incluso, el propio promovente del amparo ha estado presente en diversas diligencias en el procedimiento de ejecución, en las cuales ha manifestado su deseo de cumplir con la condena que le fue impuesta. En ese sentido, el quejoso perdió la calidad de tercero extrañó a juicio, pues en la especie acontecieron las dos hipótesis que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), pues al efecto el promovente del amparo se apersonó al controvertido de origen previo al dictado de la sentencia y se entendió una notificación con él personalmente. Por tanto, si consideró que alguna de las etapas procesales se verificó en forma contraria a derecho o causó perjuicios a sus intereses, es claro que por la circunstancia de que se apersonó al juicio de origen, aunado a que fue emplazado personalmente a este, se encontraba obligado a oponerse a través de los medios de defensa que la ley concede a quienes figuran como partes en la contienda. Por tanto, si no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio, es inconcuso que debe soportar las consecuencias de su omisión; de ahí que, se actualice la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Motivos por los cuales, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la citada legislación. Sin que la conclusión anterior pueda estimarse como una falacia denominada de "petición de principio" o "argumento circular"; puesto que se expresaron los motivos para demostrar por qué el ahora quejoso no puede considerarse como tercero extraño por equiparación al controvertido de origen, a partir de la interpretación y aplicación de la jurisprudencia citada. De este modo, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de Cortazar, Guanajuato; en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.
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