Jorge Carlos González Ávila
Expediente 1212/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Carlos González Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 2477/2021, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, con el que remite copia certificada de las constancias de notificación de doce, trece y diecisiete de agosto del año en curso, de las cuales se advierte el emplazamiento de las demandadas Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, en autos del juicio laboral de origen. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió, medularmente, en la inactividad de la autoridad responsable de notificar y emplazar al juicio de origen a la parte demandada Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª/J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la inactividad de notificar y emplazar al juicio de origen a la parte demandada Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el doce, trece y diecisiete de agosto del año en curso, realizó el emplazamiento de las demandadas Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, en autos del juicio laboral de origen, al tenor de las constancias de notificación que exhibió. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada en la controversia laboral, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintitrés minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 2477/2021, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, con el que remite copia certificada de las constancias de notificación de doce, trece y diecisiete de agosto del año en curso, de las cuales se advierte el emplazamiento de las demandadas Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, en autos del juicio laboral de origen. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió, medularmente, en la inactividad de la autoridad responsable de notificar y emplazar al juicio de origen a la parte demandada Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª/J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la inactividad de notificar y emplazar al juicio de origen a la parte demandada Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable; sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el doce, trece y diecisiete de agosto del año en curso, realizó el emplazamiento de las demandadas Sumant y Cablemás Telecomunicaciones, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, en autos del juicio laboral de origen, al tenor de las constancias de notificación que exhibió. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada en la controversia laboral, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintitrés minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con un anexo que adjunta, y por el Actuario adscrito a dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad de Mérida; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En virtud de lo anterior, y toda vez que los informes justificados de cuenta no han sido puestos a la vista de las partes con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional a que alude el citado precepto legal; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zarate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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