Jorge Carlos Dzib Escalante

Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1143/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Dzib Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1143/2023-VI, promovido por ********************contra el acto del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el catorce de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a los terceros interesados, se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. La suscrita es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto en materia penal con ejecución en esta ciudad, que es donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De manera que en el caso, el quejoso reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, el siguiente acto: -La resolución dictada en audiencia de seis de julio de dos mil veintitrés, donde se negó a decretar el sobreseimiento en la carpeta administrativa ********************, que se sigue contra el quejoso como probable responsable por el hecho que ley señala como el delito de lesiones que tardan en sanar más de quince días, previsto y sancionado por los artículos 357 y 358 del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por ********************. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo reconoció la autoridad responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el acta mínima de la audiencia de seis de julio de dos mil veintitrés, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de dicha audiencia, remitidas por el Juez responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de las audiencias donde consta la resolución reclamada. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, aunque para ello haya que suplirlos parcialmente en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a exponer las consideraciones respectivas, cabe relatar los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las constancias y de los registros de audio y video remitidos por la Jueza responsable, en apoyo a su informe justificado, en los siguientes términos: 1. El querellante ********************, por conducto de su asesor jurídico ********************, con fundamento en los artículos 426, 428, 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formuló querella, ejerciendo la acción penal por particulares contra********************, por el hecho que la ley señala como el delito de lesiones previsto y sancionado en los numerales 357 y 358 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, solicitando que se fije fecha, hora y citación a la audiencia a que se refiere el artículo 431 del citado ordenamiento procesal. 2. En auto de trece de septiembre de dos mil veintidós dictado en la carpeta administrativa ********************, al considerar que se reunieron los elementos y requisitos formales y materiales para la acción promovida por el querellante, el Juez de Control admitió la acción penal por particulares fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. 3. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, decretó en contra de********************, auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones que tardan en sanar más de quince días, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 357 y 358, del Código Penal del Estado de Yucatán, querellado por ******************** e imputado por la asesoría jurídica. En la propia resolución, además de establecer medidas cautelares en favor del querellante, se estableció el término de dos meses como plazo para la investigación complementaria, el cual fenecería el quince de abril del mismo año. 4. En auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se atendió un escrito signado por ********************, defensor particular del aquí quejoso, en el que solicitó se prorrogara el plazo para el cierre de la investigación complementaria por un término de tres meses más. A lo anterior, el Juez responsable resolvió acceder parcialmente a su solicitud, por lo que prorrogó el plazo solicitado pero únicamente por un mes adicional a los dos anteriormente otorgados; razón por la cual, el plazo respectivo ahora fenecería el quince de mayo de dos mil veintitrés. 5. El quince de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control responsable proveyó en relación con una nueva solicitud de ampliación de plazo solicitada por la defensa del aquí quejoso y accedió nuevamente a prorrogar el plazo por un mes más por lo que ahora fenecería el quince de junio de dos mil veintitrés. 6. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control dictó una nueva determinación en la cual regularizó el trámite de la carpeta administrativa y decretó que, conforme al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, había fenecido el plazo máximo para el cierre de la investigación complementaria, atendiendo a la naturaleza del delito materia de la carpeta; por lo que, en atención a que erróneamente se habían autorizado las prórrogas antes reseñadas, se declaró que el plazo de la investigación complementaria feneció el quince de mayo de dos mil veintitrés, por lo que el término de quince días con el que contaba la asesoría jurídica para formular acusación comenzaría a correr a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y fenecería el cinco de junio siguiente; por lo cual se le requirió para que procediera en términos del numeral 324 el código adjetivo nacional. 7. Por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control tuvo por recibido el escrito con el que la asesoría jurídica formuló acusación, por lo que procedió a emplazar a las partes para la celebración de la audiencia intermedia. Cabe precisar que en la mencionada resolución se hizo constar que el escrito con el que el asesor jurídico formuló la acusación respectiva se recibió a través del correo electrónico institucional a las cero horas con dos minutos del seis de junio de dos mil veintitrés. 8. El seis de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia intermedia, en la cual, la defensa del aquí quejoso solicitó se declare el sobreseimiento de la carpeta administrativa en atención a que, en un primer término, para ese momento se había excedido el plazo máximo que prevé el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el cierre de la investigación complementaria y, en segundo lugar, que el escrito de acusación se presentó fuera del término de quince días concedido para ello. Así las cosas, previo debate entre las partes, el Juez de Control resolvió que la solicitud de sobreseimiento era improcedente, para posteriormente continuar con el desahogo de la audiencia y concluirla dictado auto de apertura a juicio oral. Determinación que corresponde al acto reclamado en este juicio de control constitucional. En sus conceptos de violación, el quejoso señala que se violan sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, puesto que el Juez de Control responsable no tomó en cuenta que a la fecha en que se formuló la acusación por la asesoría jurídica, había fenecido el término legal con el que contaba para ello. Por lo que al tomarse como válida una acusación presentada una vez precluido el derecho para ello se violenta el debido proceso; máxime que en el caso se trata de una acción penal ejercida por un particular, por lo que se exige la mayor imparcialidad por parte del juzgador a quien corresponde velar por el adecuado orden en el procedimiento. Finalmente, expresa que la resolución que se combate no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues no basta hacer una relación de constancias y emitir un juicio valorativo de los datos de prueba, sino que deben citarse los hechos acreditados y emitir con base en ello un juicio de valor acorde a la realidad. Como se anticipó son fundados los conceptos de violación. A fin de exponer las razones que sustentan esta determinación, es menester señalar lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Artículo. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; Conforme a tales preceptos constitucionales, el procedimiento penal federal se rige por formalidades establecidas legalmente, entre ellas, el artículo 14 Constitucional, prevé en su segundo párrafo, que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido en los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; ese derecho fundamental, conocido como de debido proceso, se materializa a través de los diversos actos procedimentales que se suscitan con motivo de la actuación de las partes y del juzgador en el ejercicio y aplicación del derecho, ello implica necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos por las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones exactamente aplicables al caso específico; tópico que fue retomado en el contenido de la jurisprudencia 47/1995, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página mil ciento cincuenta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, tomo I, materia constitucional, que indica: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Además, ninguna persona puede ser molestada, sin que exista mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa del procedimiento y toda persona imputada, tiene derecho a que se presuma su inocencia, lo cual implica una regla con vertientes, entre ellas la de trato. Ahora bien, cabe destacar que la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instauró un "nuevo sistema penal" que abandona la tendencia mixta y adopta un procedimiento totalmente oral y con principios que le permitieran erigirse como un procedimiento garantista. En principio se tiene que la reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del Sistema Penal Acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Conforme a la reforma constitucional en materia penal de 18 de junio de 2008, la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica la observancia de los principios y lineamientos constitucionales desde la primera etapa de investigación; así, entre las características destacadas del sistema de justicia penal actual, y como su propio nombre lo indica se encuentra el principio acusatorio, lo que implica que si no se desarrolla el ejercicio de la acción penal, esto es, si no se presenta acusación conforme a ley, la acción quedará extinguida. Ahora, en relación con la aludida reforma constitucional, también debe señalarse que en ella se amplió el régimen de derechos de las víctimas, lo que incluyó no sólo la asistencia que les corresponde para el ejercicio de sus derechos fundamentales, sino también su papel en el proceso penal. A partir de entonces, el artículo 20 constitucional consagra los derechos de las víctimas, entre los cuales se encuentran los de justicia, verdad y reparación del daño. El apartado C, fracción II del mismo artículo consagra el derecho de la víctima a coadyuvar con el Ministerio Público mediante la aportación de datos de prueba e interviniendo directamente en el juicio con la posibilidad de interponer los recursos previstos en ley. Así, que corresponda al Ministerio Público la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal por regla general, no es un impedimento para que los particulares intervengan en el juicio, conforme a los requisitos que establezcan las leyes, incluida la posibilidad de que ejerzan directamente la acción penal. De hecho, esta reforma constitucional incluyó la acción penal privada, tal como se lee en el segundo párrafo del artículo 21 constitucional. Esta inclusión es un medio para la transparencia y el control ciudadano sobre las funciones de procuración de justicia, pero no significa que resulte constitucionalmente admisible que esta intervención no se entienda como excepcional o que el Ministerio Público ignore su deber de velar por el interés general y se desentienda de los casos. La acción penal es justamente el medio a través del cual es posible solicitar a un Juez la imposición de una sanción penal. Conforme al artículo 21 constitucional, su ejercicio ante los tribunales corresponde al Ministerio Público sin que se contemple alguna distinción entre delitos. Por ello, aunque se prevé el derecho de los particulares a ejercerla, esa posibilidad debe entenderse con un carácter estrictamente excepcional, pues no sería correcto ignorar los riesgos que implicaría para los derechos fundamentales de las personas acusadas -de manera crítica, el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales-una regulación deficiente o una permisión demasiado amplia para el ejercicio de la acción penal privada. Es claro que los particulares, a diferencia del Ministerio Público, no están sujetos a ciertos principios, como el de objetividad, según el cual sólo se puede iniciar una investigación penal sobre conductas que se adecuen a las legalmente tipificadas como delitos. Conforme a ese principio, sólo se faculta a ejercer acción penal cuando se hubieran recabado elementos de prueba suficientes para demostrar la culpabilidad del imputado pues, desde su instauración, se buscó que la persecución de los delitos estuviera a cargo de un órgano libre de apreciaciones subjetivas con el fin de evitar el abuso de las autoridades y garantizar el respeto a la dignidad humana. Dado el grado de restricción que el proceso penal implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la acción penal directamente debe entenderse como procedente sólo en los casos que la ley determina y según los requisitos que establezca. Requisitos que deben interpretarse de manera estrictamente limitativa y restrictiva. Expuesto lo anterior, se tiene que el numeral 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, entre otras directrices, que si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. Asimismo, establece que a la acusación de la víctima u ofendido, le serán aplicables las reglas previstas para la acusación presentada por el Ministerio Público y que, salvo disposición legal en contrario, en la substanciación de la acción penal promovida por particulares, se observarán en todo lo que resulte aplicable las disposiciones relativas al procedimiento, previstas en el aludido Código Nacional y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora, en cuanto al plazo para decretar el cierre de la investigación complementaria, los numerales 321 al 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que el Ministerio Público, o como en el presente caso el accionante particular, deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo 321 antes referido. De igual manera, se establece que transcurrido el plazo para el cierre de la investigación el órgano acusador deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos ya reseñados; estableciendo que una vez transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que se hubiera solicitado justificadamente prórroga al Juez. Y luego se establecen como consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, que el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Estableciendo como consecuencia que cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Y que, transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Ahora, como se ha analizado en párrafos precedentes, tratándose de una acción penal por particular, las reglas de su trámite deben interpretarse en forma estricta y restringida en atención a lo extraordinario de su naturaleza y a los objetivos por el cual el constituyente la reconoció como un derecho a las víctimas. Bajo esas consideraciones, este Juzgado asume que en el caso solamente resulta parcialmente aplicable el supuesto previsto en el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no es posible requerir a persona diversa del particular accionante a efecto de que ejerza la acción personalísima que dio origen al procedimiento y tampoco puede darse cabida a un servidor público para ello, puesto que el artículo 432 del código adjetivo nacional es claro al establecer que si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. Por lo que, en caso de que concluya el plazo para el cierre de la investigación complementaria y posterior a ello no se formule la acusación dentro de los quince días siguientes a ello, el resultado legal de esa omisión será el que el Juez de Control decrete el sobreseimiento del asunto. Ahora bien, de la reproducción de la audiencia de seis de julio de dos mil veintitrés, puede advertirse que el Juez de Control refirió que el escrito con el que se formuló acusación fue recibido en el correo institucional del órgano jurisdiccional a su cargo el seis de junio de dos mil veintitrés, a las cero horas con dos minutos. Sin embargo, agregó, que a pesar de que el plazo de quince días con el que contaba el particular para presentar su acusación feneció el cinco de junio del mismo año, no debía considerarse presentada de manera extemporánea, pues en el cuerpo del correo respectivo se asentó que este fue enviado el cinco de junio de dos mil veintitrés a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos; por lo que al haberse recibido dentro de los primeros dos minutos del día siguiente, era claro que efectivamente fue presentado dentro del plazo legal otorgado para ello. Hecho lo anterior, el Juez de Control prosiguió a afirmar que el correo electrónico que contenía la acusación ingresó a la cuenta institucional a los dos segundos del día seis de junio de dos mil veintitrés, a lo que agregó que esa situación reforzaba la presunción de que el correo fue enviado momentos antes de que acabe el día cinco de junio y por ello debía considerarse en tiempo. Máxime que era un hecho conocido para él la existencia de fallas técnicas que en algunas ocasiones habían ocurrido en dicho órgano jurisdiccional y ello propiciaba que las comunicaciones se reciban con posterioridad y retrasos de hasta veinticuatro horas, las cuales habían sido debidamente atendidas por el departamento de informática quienes convalidaron las fallas que ocasionaron el retraso en la recepción de ciertos escritos. De donde desprendía que la promoción de acusación presentada efectivamente había sido enviada en término pero el tiempo que tardó la transferencia de datos hacía el destino ocasionó que se recibiera de manera extemporánea únicamente dos segundos después del término. En ese sentido, las argumentaciones vertidas por el Juez responsable infringen el derecho fundamental de legalidad reconocido a la parte quejosa por el numeral 16 constitucional, pues si bien la prueba indiciaria o circunstancial es compatible con el sistema penal acusatorio, para que esto posible, es necesario que el juzgador exprese el razonamiento jurídico por medio del cual construyó sus inferencias, haciendo mención de las pruebas específicas para tener por acreditados los hechos base y de los criterios racionales que guiaron su valoración. Sin embargo, se reitera el Juez responsable se limitó a afirmar que en el cuerpo del correo electrónico con el que se remitió la acusación se estableció que este fue enviado por el remitente a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos y, por tanto, al haberse recibido cercano al inicio del día siguiente, era claro que fue presentado en término. No obstante ello, de la lectura del acuse de recibo que obra en autos de la copia certificada de la carpeta administrativa, se advierte que el remitente fue quien escribió en el cuerpo del correo electrónico lo siguiente: Por medio del presente correo se presenta como archivo PDF adjunto un escrito formulando acusación dentro de la causa penal ********************. Presentó ********************. 05 de junio del 2023 a las 23:58 Destacándose que en el encabezado de dicha comunicación, se advierten los datos oficiales del correo institucional perteneciente al Juzgado de Control, en donde aparece que dicha comunicación fue recibida el seis de junio de dos mil veintitrés a las cero horas con dos minutos. En ese sentido, esta juzgadora considera que el razonamiento del Juez de Control para justificar el retraso en la presentación de la acusación resulta incorrecto, puesto que se basó en lo asentado por el propio remitente quien fue quien asentó que el correo se enviaba a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos. Circunstancia que resulta relevante, puesto que no existe documento generado por el sistema electrónico de correo que permita corroborar que efectivamente la comunicación se envió en los últimos dos minutos del término de quince días con el que contaba la persona acusadora, por lo que no es posible afirmar con base en una apreciación subjetiva de parte del remitente que, de ninguna manera se encuentra corroborada, que efectivamente esto ocurrió así y no con posterioridad al inicio del día seis de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, si bien el Juez afirmó que en su experiencia han ocurrido desfases entre el envío y recepción de documentos en el correo electrónico institucional derivado de fallas en el sistema, en el presente caso no existe constancia alguna del departamento de informática que indicara que tal situación aconteció por lo que a ese específico correo se refiere, o que esta situación haya sido verificada por la autoridad judicial de forma alguna. Por lo que se estima que no existe razonamiento o prueba alguna de donde pueda desprenderse como lo afirmó el Juez de Control que el escrito de acusación se presentó en término y que fue debido a un desfase informático que se recibió pasada la media noche del cinco de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, al corresponder a la parte acusadora la carga de presentar en término su escrito de formulación y no haber ocurrido así, incumplió con las obligaciones procesales establecidas para el ejercicio de la acción penal por particular y por ende, debe decretarse el sobreseimiento del asunto como consecuencia de ello. Ello porque un procedimiento no puede detenerse sin justificación legal alguna, pues ello va en detrimento de la certeza y seguridad jurídica de las partes e incluso en el acceso e impartición de justicia con el objeto de que de manera pronta, completa e imparcial se emita una sentencia. Ciertamente, ya se vio que el cierre de la investigación tiene efectos relevantes para definir la situación jurídica del imputado, pues con la emisión de ese acto procesal, es al particular acusador a quien le corresponde determinar y está obligado a pronunciarse si ejerce o no la acción penal y, esa etapa esta sujeta a plazos procesales a fin de tutelar el derecho a un debido proceso. Así, el "debido proceso legal", implica en este caso, el derecho a que el quejoso no sea sujeto a una investigación penal indeterminada y a no ser juzgado bajo una acusación extemporánea, pues de lo contrario originaría incertidumbre con relación a su situación jurídica, es decir, no obstante que no se cumplan los actos procesales en los plazos legales, en este caso la acusación, de cualquier forma, el Juez la sometería a dicha acusación y sus consecuencias. Lo cual viola el debido proceso, la seguridad jurídica y el equilibrio procesal que debe haber en el mismo, porque las normas que regulan el proceso tienen que aplicarse de manera irrestricta, para no dejar en incertidumbre jurídica al imputado, y que quede a voluntad de la víctima, ofendido o el Misterio Público el plazo para formular la acusación en el momento que lo desee; además, también se contraviene el derecho fundamental al debido proceso, pues su observancia y efectividad exigen el respeto de una serie de garantías judiciales, entre ellas, el ser juzgado por un Juez imparcial y objetivo, así como a los derechos de igualdad de las partes en el proceso, contradicción y seguridad jurídica, los cuales forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, son las partes en el procedimiento y no el Juez de Control, quienes se encuentran obligadas a cumplir con las cargas que les corresponden, de acuerdo al debido proceso, lo que deberá acontecer en el momento o etapa correspondiente y en el plazo fijado en la ley para tal efecto, pues de no hacerlo así, precluye su derecho para ejercerlo con posterioridad. Así, se afirma que la autoridad responsable se extralimitó en sus atribuciones y transgredió del debido proceso, pues no obstante que el particular no presentó en término su escrito de formulación, sin prueba alguna que justifique esa dilación, lo cual no encuentra validez ni siquiera bajo la idea de que es en salvaguarda de los derechos de la víctima previstos en el 20 Constitucional apartado C, pues la tutela judicial efectiva, no llega al grado de vulnerar los derechos de otras partes. En esas condiciones, al soslayar la omisión del Particular de ejercer acción penal dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no hacer efectiva la consecuencia por dicha omisión, la autoridad responsable desarrolló una función en el proceso que no le correspondía, pues dio trámite a una acusación extemporánea, en lugar de decretar el sobreseimiento que era lo procedente conforme a la ley. En tal virtud, ante lo fundado de los conceptos de violación y la trasgresión de los derechos del quejoso, se impone concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuyo efecto se precisará en el siguiente considerando, en atención a lo estipulado por el artículo 77, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Sin que exista necesidad de abordar el análisis de los restantes conceptos de violación pues es claro que la parte quejosa no obtendrá un mayor beneficio incluso cuando estos resulten fundados. QUINTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En atención a lo expuesto en el considerando anterior, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales trasgredidos, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá: 1. Dejar sin efectos la determinación de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta administrativa ********************; y, 2. Cite a las partes a la celebración de una nueva audiencia, en la que sin darles intervención, proceda a resolver procedente y fundada la solicitud de sobreseimiento hecha por la defensa del imputado, aquí quejoso, como consecuencia, de la presentación extemporánea del escrito de formulación de acusación una vez fenecido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************contra el acto del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, precisado en el considerando segundo, en términos de lo dispuesto en el considerando cuarto y para los efectos precisados en el quinto subsecuente de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario con quien actúa, hasta el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, consistentes en la demanda, el auto admisorio de veintiséis de julio del año dos mil veintitrés y el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual ya obra agregado en autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, así como el disco compacto en formato DVD. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por el tercero interesado ********************. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por emitidas las alegaciones de cuenta; hecho lo anterior, se decreta la conclusión de esta etapa de la audiencia. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución, firmando la presente actuación los que en ella intervinieron. Doy fe. Karla Alexandra Domínguez Aguilar. Jueza Tercero de Distrito en el Estado. Miguel Ángel Sosa Calderón. Secretario de Juzgado.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial firmado por la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita, por una parte, se sobresea este juicio de amparo, y por otra, niegue la protección constitucional impetrada por la parte quejosa; lo anterior, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que solicita la Fiscal Federal adscrita; ello, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que la indicada actuación, al necesariamente ser emitida posterior a dicha data, no obrará en el expediente impreso, sino solamente en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, se hace saber a la agente del Ministerio Público de la adscripción, que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, en tanto que las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Finalmente, agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado electrónicamente por ********************, asesor jurídico del tercero interesado ********************; y en cuanto a lo solicitado en el cuerpo del mismo, deberá estarse a lo determinado en proveído de veintidós anterior, en el que se acordó de conformidad lo peticionado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vistos el estado que guardan los presentes autos y nuevamente la razón levantada por el Actuario de la adscripción, el dieciocho de los cursantes, en la cual se hace constar que no le fue posible notificar el oficio 20011/2023, dirigido al Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual contiene el proveído de diecisiete de agosto del año en curso, toda vez que al constituirse al Centro de Justicia Oral de Mérida, en el área correspondiente a los Fiscales Investigadores de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, una persona que se identificó como Diana Pérez Sandoval, Fiscal Investigadora de Control de Procesos, le informó que no podía recibir el citado oficio, ya que se trataba de un asunto derivado de una acción penal por particulares, en el que no intervino ningún fiscal. En tal virtud, se deja de tener como autoridad tercero interesado al mencionado Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida y, por tanto, se suspende de inmediato toda comunicación al respecto con éste. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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