Jorge Carlos Cortés Ayala
Expediente 869/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Carlos Cortés Ayala
Actuaciones
- Principal
IV. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el once de julio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno al respecto de su contenido, toda vez que mediante proveído de once de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán y anexo que acompaña; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno al respecto de su contenido, toda vez que mediante proveído de once de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
IV. Agréguense a estos autos los oficios DSPT/CJ/285/2017 y SSP/DJ/18815/2017, suscritos por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán y el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Tramite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, el primero nombrado acompañado de un anexo, con los cuales rinden sus informes respectos al cumplimiento de la suspensión de plano concedida; en tal virtud, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes con los informes mencionados, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, vista las constancias de notificación de ocho de julio del año en curso, levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, se tiene por ratificada la demanda de garantías promovida a favor de los directos quejosos José Eduardo Cortés Ferráez, Jorge Juan Ancona Alcocer y Emiliano Díaz Ayala, en razón de que al momento de notificarles el acuerdo de ocho de julio del año en curso, les manifestaron al Actuario de la adscripción su deseo de ratificar la misma. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que los directos quejosos José Eduardo Cortés Ferráez, Jorge Juan Ancona Alcocer y Emiliano Díaz Ayala, por conducto del promovente del amparo, reclamaron en el presente juicio la detención, e incomunicación del que dijeron ser víctimas. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe de suspensión de plano la autoridad responsable, Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, se aprecia que los directos quejosos José Eduardo Cortés Ferráez, Jorge Juan Ancona Alcocer y Emiliano Díaz Ayala, fueron puestos en libertad el ocho de julio del año en curso, a las seis horas con veinticinco minutos, mediante las fichas de salida con folios 1402, 1403 y 1404. Dando por compurgada el arresto administrativo, impuesto a los quejosos. En este orden de ideas, ya que el ocho de julio del año en curso, la autoridad responsable ordenó la inmediata libertad de los quejosos José Eduardo Cortés Ferráez, Jorge Juan Ancona Alcocer y Emiliano Díaz Ayala, documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, los promoventes de amparo reclamaron en esencia la detención e incomunicación de los que dijeron ser víctimas; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos de los actos que se reclaman, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por los solicitantes del amparo, restituyéndose a los agraviados en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintisiete minutos del dieciocho de agosto del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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