Jorge Armando Martinez Collazo

Expediente 180/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
180/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Jorge Armando Martinez Collazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el nueve de abril de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, determinación que causó ejecutoria el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta, signados por el Encargado de la Subdirección Técnica y el Subdirector de Seguridad y Custodia, ambos del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí; mediante los cuales informan que quedan enterados de la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta, signados por el Director y Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario, del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí; mediante los cuales informa que queda enterado de la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña copia certificada de la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 36/2019, interpuesto por el quejoso Nicolás Rodríguez Méndez, en contra del auto dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, y en atención a su contenido, se provee: Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de queja de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Por tanto, se reanuda el procedimiento y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, toda vez que en auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se reservó proveer respecto al escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de dicho mes y año, hasta en tanto se levantara la suspensión del procedimiento, se provee: En cuanto a su solicitud de que se provea respecto a la prueba de inspección judicial que ofertó, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, mismo que fue declarado firme por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al dictar la resolución de cuenta. Por cuanto a su petición de que se provea respecto a la prueba de ratificación de contenido y firma del contrato de compraventa que obra en autos, celebrado entre Heliodoro Simón Álvarez Sepulveda y Amadeo Rodríguez Rodríguez, respecto del bien inmueble ubicado en el lote número 90 de la calle Héroes Potosinos y, toda vez que en auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho se reservó proveer lo conducente, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado relativo a la ampliación de demanda y se encontraran emplazados los terceros interesados, lo cual ya aconteció, se acuerda: Dígasele al quejoso que no ha lugar a admitir la citada prueba, pues tomando en consideración lo preceptuado por el artículo 119 de la Ley de Amparo, la misma, al ser de aquellas que ameritan desahogo posterior, debió ser anunciada a más tardar antes de cinco días hábiles completos al del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia y en virtud de que por auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional, deviene inconcuso que el término de cinco días para ofrecer el aludido medio de convicción, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, transcurrió del nueve al dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (sin contar los días inhábiles); y siendo que el escrito por el que se ofertó dicha probanza se presentó en este juzgado hasta el seis de noviembre siguiente, deviene inconcuso que dicha prueba no se ofreció con la oportunidad señalada en el numeral antes indicado, por lo que procede el desechamiento de la misma. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por analogía, la jurisprudencia número 390, visible a fojas 306, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. TERMINO ENTRE LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA. El texto del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases de procedencia del amparo indirecto, induce a considerar el carácter sumario del procedimiento relativo tendiente a resolver sobre la constitucionalidad de los actos autoritarios reclamados, de manera rápida y eficaz. Congruente con este precepto constitucional, la Ley de Amparo fija los plazos máximos y aquellos de excepción, para la celebración de la audiencia y las condiciones para su suspensión o diferimiento a fin de que, dentro de las eventualidades de orden práctico que pudieran surgir en el procedimiento, se garantice la defensa de las partes, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos 147, 149, 152 y 156 de dicha ley. Por su parte, el artículo 151 de la propia ley establece el plazo mínimo de cinco días para que las partes en el juicio de garantías propongan las pruebas que requieren especial preparación, como son la pericial, la testimonial y la de inspección judicial, como una formalidad esencial del procedimiento que el órgano constitucional debe observar, siempre y cuando tales pruebas sean ofrecidas, supuesto en el cual deberá fijar la celebración de la audiencia constitucional para una fecha que permita su preparación, o bien, suspenderla o diferirla para lograr el mismo objetivo, teniendo en consideración, en su caso, los criterios de esta Suprema Corte, especialmente el contenido en la jurisprudencia número 7/1996, publicada en la página 53, Tomo III-febrero, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA", de tal manera que si no lo hace así, el Juez incurrirá en una violación del procedimiento en el juicio de amparo, que ameritará su reposición. Sin embargo, en la hipótesis de que las partes no anuncien ninguna de estas pruebas que ameritan preparación, ha de concluirse que el señalamiento de la fecha de la audiencia sin librar los cinco días en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, ordinariamente no constituye violación procesal". Sin que sea el caso de que dicha probanza fuera ofrecida en razón de la ampliación de demanda, con motivo del conocimiento de los actos reclamados, puesto que la probanza en comento, versa sobre un contrato que la propia parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda, de lo que se sigue que se refiere a hechos que conocía desde que promovió el presente juicio de amparo. Sin que precise los hechos que trata de probar o desvirtuar y que no hubieran sido conocidos con oportunidad para ofrecerla dentro del término que señala el citado artículo 119 de la Ley de Amparo, además de que dicho ofrecimiento ocurrió en un escrito distinto al de ampliación de demanda, de ahí que no es dable estimar que tal probanza fuera en relación a la citada ampliación, sino como una nueva presentación de pruebas, respecto del acto original reclamado, puesto que la citada prueba tiene relación con el reconocimiento del contrato de compraventa que el propio quejoso acompañó en copia certificada a su demanda de amparo. Luego, si el propósito de dicha prueba era que Amadeo Rodríguez Rodríguez, reconociera el contrato de compraventa que obra a foja 17 del presente juicio y que, se reitera, fue acompañado por el quejoso a su escrito inicial de demanda, es claro que se trata de un hecho que debió probar a través de medios de prueba tomando como base la temporalidad de la demanda inicial, pues conocía dicho contrato, cuando menos, desde su presentación. Sin que sea el caso de que con el diferimiento de la audiencia con motivo de que el quejoso amplió su demanda de amparo, se diera al quejoso una ampliación del término para el ofrecimiento de pruebas, salvo que como lo señala el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tratare de hechos que no hubiesen sido conocidos por las partes con oportunidad legal para ofrecerlas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1029 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes". Es de destacarse, que las consideraciones antes expresadas para sustentar el desechamiento de diversa probanza, fueron confirmadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al resolver el recurso de queja 36/2019 de su índice. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

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