Jorge Alfredo Torres Tobias

Expediente 1221/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1221/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alfredo Torres Tobias

Actuaciones

  1. Principal

    Razón: En trece de diciembre de dos mil dieciocho el licenciado José Félix Moreno Bravo, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jorge Alfredo Torres Tobias, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que adjuntó a su respectivo informe de ley. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar el proveído de veintiséis de noviembre del presente año, a la parte quejosa ******************** por los motivos que asentó en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación y las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto obre en autos algún domicilio en el que se le puedan practicar notificaciones al referido quejoso. Notifíquese. Asimismo, se notifica por esta vía a la parte quejosa el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, que en lo conducente dice: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, dictado en el amparo directo civil 797/2018, del que se desprende que dicho Tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; asimismo, acompaña la diversa comunicación 3905/2018, signada por el Juez Quinto Mercantil de esta Ciudad, a través de la cual rinde su informe justificado, la demanda de amparo promovida por Jorge Alfredo Torres Tobias, con certificación respectiva, y un cuaderno de pruebas relativo al expediente 1102/2016; en consecuencia, con fundamento en el artículo 46, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del juicio de garantías referido, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 1221/2018-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el expediente 1102/2016 que adjuntó el Juez responsable a su informe de ley, fórmese cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contienen-, y comuníquese a las partes que este queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, es necesario precisar el acto que se controvierte, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado lo constituye: - El proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, en autos del juicio extraordinario civil hipotecario 1102/2016, promovido por la moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado legal Guillermo Preciado Araiza, en contra del ahora quejoso Jorge Alfredo Torres Tobías, a través del cual se desechó por improcedente el recurso de revocación que interpuso el demandado en contra del diverso proveído de seis de marzo del presente año, a través del cual se tuvo a Claudia Alejandra Rojas de León como cesionaria de los derechos adjudicatarios que en el juicio de origen le corresponden precisamente al adjudicatario Mario Alberto Padrón Aguilar. Precisado lo anterior, en relación con dicho acto reclamado el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, a efecto de evidenciar la actualización de la aludida causal de improcedencia, resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que integran el juicio extraordinario civil hipotecario 1102/2016 del índice del Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, que el juez responsable adjuntó a su informe de ley, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, y de la que se advierte lo siguiente: 1. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva en el juicio extraordinario civil hipotecario 1102/2016 de origen, a través de la cual el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, condenó al demandado aquí quejoso Jorge Alberto Torres Tobías, al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 63 a 77 del anexo). 2. Mediante proveído dieciocho de enero del año próximo pasado, se decretó que la sentencia señalada en el inciso que antecede causó ejecutoria, y se requirió a la parte demandada a efecto de que diera cumplimiento voluntario a la misma (foja 85 del cuaderno de pruebas). 3. Por auto de treinta y uno de marzo del mismo año, se fija hora y fecha a efecto de que tuviera verificativo la primera almoneda de remate, respecto del bien inmueble hipotecado en el juico de origen (fojas 104 y 105 del anexo que obra por separado). 4. Así, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la aludida venta judicial, a la cual acudió como postor Mario Alberto Padrón Aguilar y ofertó por el inmueble rematado, ordenándose citar para resolver dicha subasta (fojas 113 y 126 del cuaderno respectivo). 5. Posteriormente, mediante resolución de doce de junio de la misma anualidad, el Juez responsable declaró fincado el remate a favor del aludido Mario Alberto Padrón Aguilar respecto del objeto materia de la venta y ordenó requerirlo a efecto de que consignara el remanente respectivo (fojas 132 a 136 126 del anexo). 6. Inconforme con dicha determinación, el demandado aquí quejoso Jorge Alberto Torres Tobías, interpuso en su contra recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 334/2017, confirmó la interlocutoria recurrida (fojas 151 a 155 del cuaderno que obra por separado). 7.- Posteriormente, mediante proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable tuvo a Jorge Alberto Torres Tobías, por acompañando la escritura de cesión de derechos adjudicatarios, y por tanto tuvo como "CESIONARIA de los derechos adjudicatarios que en el presente juicio le corresponden al adjudicatario a CLAUDIA ALEJANDRA ROJAS DE LEÓN" (foja 164 del anexo). 8. Inconforme con dicho acuerdo, el demandado aquí quejoso, interpuso en su contra recurso de revocación, el cual mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se desechó por improcedente (foja 177 del cuaderno de pruebas que obra por separado). La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Asentado lo anterior, se concluye que el auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio civil hipotecario 1102/2016, por el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del diverso proveído de seis de marzo del presente año, a través del cual se tuvo a Claudia Alejandra Rojas de León como cesionaria de los derechos adjudicatarios que en el juicio de origen le corresponden precisamente al adjudicatario Mario Alberto Padrón Aguilar, no constituye en forma definitiva la última resolución emitida en dicha etapa. Se afirma lo anterior, pues es evidente que no constituye aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, debiendo destacarse, como lo sostuvo el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.), emitida al resolver la contradicción de tesis 20/2017, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado. Motivo por el cual, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. De ahí, que dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, la cual, en el caso del procedimiento de remate (como lo es en este asunto), la constituye aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en términos de la fracción IV del aludido artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Pues como lo señaló el propio Pleno de Circuito, en la jurisprudencia en comentó, aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). La jurisprudencia en mención se localiza en la página 1691, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente." Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente la tesis I.3o.C.766 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1376, I.3o.C.766 C, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESIÓN DE DERECHOS POSTERIOR AL REMATE DEL BIEN. EL DEUDOR EJECUTADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMARLA. Para que proceda la acción de amparo, debe cumplirse el elemento necesario de ser ejercitada precisamente por quien cuenta con la titularidad de un derecho que se vea afectado por los actos de cuya invalidez se trate, esto es que pueda calificarse como legitimado, ya que el agravio personal y directo es un requisito esencial para deducir la acción, que encuentra sustento en el artículo 4o. de la Ley de Amparo. De esta forma, el deudor vencido en el juicio natural y luego de que se ha llevado a cabo el remate del bien, no se encuentra legitimado para inconformarse en contra del reconocimiento del carácter de cesionario dictado por la autoridad jurisdiccional, porque éste sólo tuvo como efecto un cambio en el adjudicatario, que dejó subsistente el derecho que ya había adquirido el cedente, quien a su vez estaba facultado para designar como cesionario de los derechos obtenidos judicialmente a quien determinara en forma legal, por lo que de suscitarse alguna violación en esa etapa, sólo podía ser reclamada por el cedente o el cesionario a quienes en todo caso afectaría; de ahí que al demandado no se le puede considerar legitimado para plantear alguna inconformidad en contra del reconocimiento de la cesión de derechos en esta etapa posterior a que fue legalmente privado de la propiedad del bien que fue materia del procedimiento de ejecución forzosa; por tanto, si el deudor no resiente perjuicio con motivo de la cesión, por consiguiente carece de legitimación para combatir su validez." En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Sin que haya lugar a tener al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez del escrito de demanda no se advierte que haya designado alguno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, dictado en el amparo directo civil 797/2018, del que se desprende que dicho Tribunal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa; asimismo, acompaña la diversa comunicación 3905/2018, signada por el Juez Quinto Mercantil de esta Ciudad, a través de la cual rinde su informe justificado, la demanda de amparo promovida por Jorge Alfredo Torres Tobias, con certificación respectiva, y un cuaderno de pruebas relativo al expediente 1102/2016; en consecuencia, con fundamento en el artículo 46, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del juicio de garantías referido, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 1221/2018-IV. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el expediente 1102/2016 que adjuntó el Juez responsable a su informe de ley, fórmese cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contienen-, y comuníquese a las partes que este queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito, es necesario precisar el acto que se controvierte, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado lo constituye: - El proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, en autos del juicio extraordinario civil hipotecario 1102/2016, promovido por la moral BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado legal Guillermo Preciado Araiza, en contra del ahora quejoso Jorge Alfredo Torres Tobías, a través del cual se desechó por improcedente el recurso de revocación que interpuso el demandado en contra del diverso proveído de seis de marzo del presente año, a través del cual se tuvo a Claudia Alejandra Rojas de León como cesionaria de los derechos adjudicatarios que en el juicio de origen le corresponden precisamente al adjudicatario Mario Alberto Padrón Aguilar. Precisado lo anterior, en relación con dicho acto reclamado el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, a efecto de evidenciar la actualización de la aludida causal de improcedencia, resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que integran el juicio extraordinario civil hipotecario 1102/2016 del índice del Juzgado Quinto Mercantil de esta ciudad, que el juez responsable adjuntó a su informe de ley, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, y de la que se advierte lo siguiente: 1. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia respectiva en el juicio extraordinario civil hipotecario 1102/2016 de origen, a través de la cual el Juez Quinto Mercantil de esta ciudad, condenó al demandado aquí quejoso Jorge Alberto Torres Tobías, al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 63 a 77 del anexo). 2. Mediante proveído dieciocho de enero del año próximo pasado, se decretó que la sentencia señalada en el inciso que antecede causó ejecutoria, y se requirió a la parte demandada a efecto de que diera cumplimiento voluntario a la misma (foja 85 del cuaderno de pruebas). 3. Por auto de treinta y uno de marzo del mismo año, se fija hora y fecha a efecto de que tuviera verificativo la primera almoneda de remate, respecto del bien inmueble hipotecado en el juico de origen (fojas 104 y 105 del anexo que obra por separado). 4. Así, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la aludida venta judicial, a la cual acudió como postor Mario Alberto Padrón Aguilar y ofertó por el inmueble rematado, ordenándose citar para resolver dicha subasta (fojas 113 y 126 del cuaderno respectivo). 5. Posteriormente, mediante resolución de doce de junio de la misma anualidad, el Juez responsable declaró fincado el remate a favor del aludido Mario Alberto Padrón Aguilar respecto del objeto materia de la venta y ordenó requerirlo a efecto de que consignara el remanente respectivo (fojas 132 a 136 126 del anexo). 6. Inconforme con dicha determinación, el demandado aquí quejoso Jorge Alberto Torres Tobías, interpuso en su contra recurso de apelación, del cual tocó conocer a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 334/2017, confirmó la interlocutoria recurrida (fojas 151 a 155 del cuaderno que obra por separado). 7.- Posteriormente, mediante proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable tuvo a Jorge Alberto Torres Tobías, por acompañando la escritura de cesión de derechos adjudicatarios, y por tanto tuvo como "CESIONARIA de los derechos adjudicatarios que en el presente juicio le corresponden al adjudicatario a CLAUDIA ALEJANDRA ROJAS DE LEÓN" (foja 164 del anexo). 8. Inconforme con dicho acuerdo, el demandado aquí quejoso, interpuso en su contra recurso de revocación, el cual mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se desechó por improcedente (foja 177 del cuaderno de pruebas que obra por separado). La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Asentado lo anterior, se concluye que el auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio civil hipotecario 1102/2016, por el que se desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del diverso proveído de seis de marzo del presente año, a través del cual se tuvo a Claudia Alejandra Rojas de León como cesionaria de los derechos adjudicatarios que en el juicio de origen le corresponden precisamente al adjudicatario Mario Alberto Padrón Aguilar, no constituye en forma definitiva la última resolución emitida en dicha etapa. Se afirma lo anterior, pues es evidente que no constituye aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, debiendo destacarse, como lo sostuvo el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.), emitida al resolver la contradicción de tesis 20/2017, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado. Motivo por el cual, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. De ahí, que dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo, la cual, en el caso del procedimiento de remate (como lo es en este asunto), la constituye aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en términos de la fracción IV del aludido artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Pues como lo señaló el propio Pleno de Circuito, en la jurisprudencia en comentó, aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). La jurisprudencia en mención se localiza en la página 1691, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente." Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente la tesis I.3o.C.766 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1376, I.3o.C.766 C, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESIÓN DE DERECHOS POSTERIOR AL REMATE DEL BIEN. EL DEUDOR EJECUTADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMARLA. Para que proceda la acción de amparo, debe cumplirse el elemento necesario de ser ejercitada precisamente por quien cuenta con la titularidad de un derecho que se vea afectado por los actos de cuya invalidez se trate, esto es que pueda calificarse como legitimado, ya que el agravio personal y directo es un requisito esencial para deducir la acción, que encuentra sustento en el artículo 4o. de la Ley de Amparo. De esta forma, el deudor vencido en el juicio natural y luego de que se ha llevado a cabo el remate del bien, no se encuentra legitimado para inconformarse en contra del reconocimiento del carácter de cesionario dictado por la autoridad jurisdiccional, porque éste sólo tuvo como efecto un cambio en el adjudicatario, que dejó subsistente el derecho que ya había adquirido el cedente, quien a su vez estaba facultado para designar como cesionario de los derechos obtenidos judicialmente a quien determinara en forma legal, por lo que de suscitarse alguna violación en esa etapa, sólo podía ser reclamada por el cedente o el cesionario a quienes en todo caso afectaría; de ahí que al demandado no se le puede considerar legitimado para plantear alguna inconformidad en contra del reconocimiento de la cesión de derechos en esta etapa posterior a que fue legalmente privado de la propiedad del bien que fue materia del procedimiento de ejecución forzosa; por tanto, si el deudor no resiente perjuicio con motivo de la cesión, por consiguiente carece de legitimación para combatir su validez." En consecuencia, como el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Sin que haya lugar a tener al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez del escrito de demanda no se advierte que haya designado alguno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa.

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