Jorge Artemio Jaramillo Rangel

Expediente 782/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
782/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Jorge Artemio Jaramillo Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Teniendo en consideración que conforme a la certificación de cuenta ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra el proveído de diecinueve de marzo del año en curso, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria el veintisiete de febrero del año en curso, este expediente es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno susceptible de devolución. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en dicho cuaderno incidental obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el anexo que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que el treinta y uno de enero del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria en proveído de veintisiete de febrero siguiente, para el efecto de que el Juez Primero del Ramo Civil con residencia en esta ciudad: 1. Dejará insubsistente la resolución interlocutoria dictada el seis de julio de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice. 2. En su lugar, dictara otra, en la que con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones, resolviera de manera congruente y exhaustiva los planteamientos formulados por el ahora quejoso al evacuar la vista que se le dio con la planilla de liquidación de intereses moratorios formulada por la parte actora. En acatamiento a dicha ejecutoria, el juez responsable, mediante oficio 797/2019, recibido en este Juzgado el seis de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada el cinco de marzo del mismo año, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, de la que se desprende que: Dejó insubsistente la interlocutoria de seis de julio de dos mil dieciocho, con lo cual acató la ejecutoria de amparo en su punto 1. Por otra parte, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones, procedió a analizar los planteamientos formulados por el aquí quejoso al evacuar la vista que se le dio con la planilla de liquidación de intereses moratorios formulada por la parte actora, resolviendo fundada dicha planilla de liquidación, y aprobar la cantidad reclamada por la parte ejecutante; con lo cual dio cumplimiento al inciso 2 de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Artemio Jaramillo Rangel; en consecuencia, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de no tener cumplida la ejecutoria de amparo, ya que (a su consideración) la resolución de cinco de marzo del año en curso, carece de congruencia, así como de un análisis exhaustivo respecto a su escrito por medio del cual desahogó la vista que se le dio en dicha incidencia, ya que el suscrito se encuentra imposibilitado en este momento para realizar un pronunciamiento como el que solicita, máxime que la sentencia otorgó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción al momento de pronunciarse sobre las manifestaciones contenidas en la misiva referida. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./CXIV/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, que ordena: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En otro contexto, respecto de la denuncia de repetición del acto reclamado que formula la parte quejosa, se procede a proveer lo siguiente: El quejoso sostiene la denuncia referida bajo la premisa de que la resolución de cinco de marzo del año en curso, a través de la cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, carece de congruencia, así como de un análisis exhaustivo de la misiva por la cual desahogó la vista que se le dio en dicho incidente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 70/97, dispuso que cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional. Asimismo, dicha Sala precisó que, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo de anterior vigencia (actualmente en el numeral 199 de la ley de la materia vigente), para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. En el caso, en la sentencia de amparo se determinó que el Juez responsable, al resolver el incidente de liquidación, no dijo nada en torno a si efectivamente Jaramillo Rangel con las pruebas que mencionó acreditaba o no haber realizado al actor los pagos que refiere, o en su caso, si los mismos debían tomarse en cuenta en ese incidente o de qué manera incidía todo aquello en relación con la liquidación formulada. Ahora bien, en la resolución de cinco de marzo del año en curso, al abordar la autoridad responsable los argumentos hechos valer por el aquí quejoso a través del escrito por el cual desahogó la vista que le fue otorgada, y por la que opuso la excepción de pago, dijo que ésta era infundada, por los siguientes motivos: En términos del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo puede oponerse contra las acciones derivadas de un título de crédito, de ahí que si la excepción hecha valer por el promovente tenía por objeto controvertir el documento cuyo impago dio origen al juicio, ello no era materia del referido incidente de liquidación, pues esta última lo era determinar con precisión el importe del adeudo a cuyo pago se le condenó a la parte deudora. Porque dicha excepción ya había sido opuesta por el demandado al momento de dar contestación a la demanda inicial, la cual fue estudiada y declarada improcedente al momento de dictar sentencia definitiva. Porque la pretensión del demandado es que a través de dicha excepción se le declare que cumplió con la obligación de pago, sin embargo dicho pronunciamiento no puede ser materia del incidente aludido. El demandado pretendió demostrar haber dado cumplimiento a la suerte principal, así como a los intereses moratorios, con las documentales que anexó a través del escrito de tres de abril de dos mil dieciocho, pero éstas resultaron insuficientes para los efectos pretendidos, ya que no guardaban relación con los documentos fundatorios de la acción. De lo expuesto resulta inconcuso que no existe la repetición del acto reclamado que se propone, ya que de la ponderación del acto reclamado y la resolución que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que entre éstos no existe identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional. En efecto, en la sentencia de amparo se precisó que la autoridad responsable en la resolución reclamada fue omisa en estudiar si el aquí quejoso con las pruebas que mencionó acreditaba o no haber realizado al actor los pagos que refería, y en la diversa a través de la cual se da cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad expresó los motivos y fundamento por los cuales consideró que dichas documentales no probaban la excepción de pago planteada. Además, si el quejoso considera que carece de congruencia la resolución de cinco de marzo del año en curso, así como de un análisis exhaustivo del escrito aludido, ello no conlleva a una repetición del acto reclamado, pues lo que se pretende es que en esta etapa procesal se analice si el nuevo acto es o no violatorio de derechos humanos, lo cual no es procedente por los motivos expuestos en las jurisprudencias 2a./J. 70/97 y 2a./CXIV/97, antes invocadas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente de repetición del acto reclamado que se propone. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que el treinta y uno de enero del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria en proveído de veintisiete de febrero siguiente, para el efecto de que el Juez Primero del Ramo Civil con residencia en esta ciudad: 1. Dejará insubsistente la resolución interlocutoria dictada el seis de julio de dos mil dieciocho, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice. 2. En su lugar, dictara otra, en la que con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones, resolviera de manera congruente y exhaustiva los planteamientos formulados por el ahora quejoso al evacuar la vista que se le dio con la planilla de liquidación de intereses moratorios formulada por la parte actora. En acatamiento a dicha ejecutoria, el juez responsable, mediante oficio 797/2019, recibido en este Juzgado el seis de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la resolución dictada el cinco de marzo del mismo año, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, de la que se desprende que: Dejó insubsistente la interlocutoria de seis de julio de dos mil dieciocho, con lo cual acató la ejecutoria de amparo en su punto 1. Por otra parte, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones, procedió a analizar los planteamientos formulados por el aquí quejoso al evacuar la vista que se le dio con la planilla de liquidación de intereses moratorios formulada por la parte actora, resolviendo fundada dicha planilla de liquidación, y aprobar la cantidad reclamada por la parte ejecutante; con lo cual dio cumplimiento al inciso 2 de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase cumplida la ejecutoria, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Artemio Jaramillo Rangel; en consecuencia, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de no tener cumplida la ejecutoria de amparo, ya que (a su consideración) la resolución de cinco de marzo del año en curso, carece de congruencia, así como de un análisis exhaustivo respecto a su escrito por medio del cual desahogó la vista que se le dio en dicha incidencia, ya que el suscrito se encuentra imposibilitado en este momento para realizar un pronunciamiento como el que solicita, máxime que la sentencia otorgó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción al momento de pronunciarse sobre las manifestaciones contenidas en la misiva referida. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./CXIV/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, que ordena: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En otro contexto, respecto de la denuncia de repetición del acto reclamado que formula la parte quejosa, se procede a proveer lo siguiente: El quejoso sostiene la denuncia referida bajo la premisa de que la resolución de cinco de marzo del año en curso, a través de la cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, carece de congruencia, así como de un análisis exhaustivo de la misiva por la cual desahogó la vista que se le dio en dicho incidente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 70/97, dispuso que cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional. Asimismo, dicha Sala precisó que, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de amparo, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo de anterior vigencia (actualmente en el numeral 199 de la ley de la materia vigente), para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. En el caso, en la sentencia de amparo se determinó que el Juez responsable, al resolver el incidente de liquidación, no dijo nada en torno a si efectivamente Jaramillo Rangel con las pruebas que mencionó acreditaba o no haber realizado al actor los pagos que refiere, o en su caso, si los mismos debían tomarse en cuenta en ese incidente o de qué manera incidía todo aquello en relación con la liquidación formulada. Ahora bien, en la resolución de cinco de marzo del año en curso, al abordar la autoridad responsable los argumentos hechos valer por el aquí quejoso a través del escrito por el cual desahogó la vista que le fue otorgada, y por la que opuso la excepción de pago, dijo que ésta era infundada, por los siguientes motivos: En términos del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo puede oponerse contra las acciones derivadas de un título de crédito, de ahí que si la excepción hecha valer por el promovente tenía por objeto controvertir el documento cuyo impago dio origen al juicio, ello no era materia del referido incidente de liquidación, pues esta última lo era determinar con precisión el importe del adeudo a cuyo pago se le condenó a la parte deudora. Porque dicha excepción ya había sido opuesta por el demandado al momento de dar contestación a la demanda inicial, la cual fue estudiada y declarada improcedente al momento de dictar sentencia definitiva. Porque la pretensión del demandado es que a través de dicha excepción se le declare que cumplió con la obligación de pago, sin embargo dicho pronunciamiento no puede ser materia del incidente aludido. El demandado pretendió demostrar haber dado cumplimiento a la suerte principal, así como a los intereses moratorios, con las documentales que anexó a través del escrito de tres de abril de dos mil dieciocho, pero éstas resultaron insuficientes para los efectos pretendidos, ya que no guardaban relación con los documentos fundatorios de la acción. De lo expuesto resulta inconcuso que no existe la repetición del acto reclamado que se propone, ya que de la ponderación del acto reclamado y la resolución que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que entre éstos no existe identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional. En efecto, en la sentencia de amparo se precisó que la autoridad responsable en la resolución reclamada fue omisa en estudiar si el aquí quejoso con las pruebas que mencionó acreditaba o no haber realizado al actor los pagos que refería, y en la diversa a través de la cual se da cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad expresó los motivos y fundamento por los cuales consideró que dichas documentales no probaban la excepción de pago planteada. Además, si el quejoso considera que carece de congruencia la resolución de cinco de marzo del año en curso, así como de un análisis exhaustivo del escrito aludido, ello no conlleva a una repetición del acto reclamado, pues lo que se pretende es que en esta etapa procesal se analice si el nuevo acto es o no violatorio de derechos humanos, lo cual no es procedente por los motivos expuestos en las jurisprudencias 2a./J. 70/97 y 2a./CXIV/97, antes invocadas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha de plano el incidente de repetición del acto reclamado que se propone. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad, a través del cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, así como con el oficio registrado con el número de correspondencia interna 2614, dese vista al quejoso y tercero interesado para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de los oficios de que se trata y su anexo; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente al quejoso y tercero interesado.

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