Jorge Armando García Calderón

Expediente 1667/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1667/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Prodira Inc
  • Jorge Armando García Calderón
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A la Unidad Especializada En Investigación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita Y de Falsificación O Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada En Investigación de Delinc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veinte de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 1068. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto que desechó la demanda de amparo por ella interpuesta, quedando registrada como queja penal 46/2023. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Diana Jaimes Villanueva secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 170 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y autorizado por el oficio CCJ/ST/203/2023 de nueve de enero de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción con folio 676. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la promoción recibida vía electrónica que contiene la evidencia criptográfica de ********************, como persona física y como representante legal de las empresas denominadas: ********************; y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de seis de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de inmediato remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación de la queja interpuesta. En tales condiciones, se encomienda a la Oficial Judicial "A", para que realice las acciones correspondientes a efecto de que la Superioridad pueda visualizar el contenido íntegro del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en acatamiento a los lineamientos relativos a la utilización preferente de los medios tecnológicos, comunicaciones y soluciones digitales entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 101, de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que efectivamente en se dictó el auto recurrido. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, seis de enero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signados por el quejoso ********************, por su propio derecho y como representante legal de las empresas denominadas: ********************(personalidad que acredita con copia certificada del acta de asamblea general ordinaria de accionistas número treinta y seis mil setecientos setena y tres, pasada ante la fe del Notario Público número siete del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad), a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés. En tales condiciones se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En principio, cabe señalar que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: "(.) A) Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la Fiscalía General de la República, Licenciado MARCO POLO DURÁN PÉREZ. Tal citación debe realizarse en su domicilio oficial en la Ciudad de México, oficinas de SEIDO. B) Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). C) Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de Delincuencia Organizada. D) Procurador General de la República y/o Fiscal General de la República. Con domicilio conocido en ciudad de México. E) Lic. Alma Lucía Rodríguez Soberanes. Encargada del Equipo de Investigación y Litigación Dos de la UEIORPIFAM F) Lic Mario Alberto Rupil Frausto. Encargado de la Coordinación General de la UEIORPIFAM. H) Mtro. Ancelmo Mauro Jiménez Cruz. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM). Por sí y/o en suplencia por ausencia del Fiscal Especializado en materia de Delincuencia Organizada. Como representante auxiliar del Procurador o Fiscal General de la República, para autorizar el no ejercicio de la acción penal." Acto reclamado: La resolución de dos de junio de dos mil veinte, dictada dentro de la averiguación previa ******************** y sus acumuladas ******************** y ********************la cual, tiene relación con la ********************; así como la diversa de veinte de enero de dos mil veinte, que calificó de legal la primera en mención. Ahora, el aquí quejoso refiere en el ocurso de cuenta que fue notificado de los actos reclamados el once de agosto de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, constituye una confesión expresa por el impetrante al manifestar bajo protesta de decir verdad las datas en las que tuvo conocimiento de las resoluciones reclamadas. Por tanto, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dicha disposición normativa señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de 2011, página 5, registro 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En efecto, en esta instancia constitucional el quejoso combate las resoluciones de dos de junio de dos mil veinte y veinte de enero de dos mil veintidós, relativas a la averiguación previa ******************** y sus acumuladas ******************** y ********************la cual, tiene relación con la ********************, y que de acuerdo a lo manifestado por el aquí quejoso tuvo conocimiento el once de agosto de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós. Manifestaciones que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de afirmaciones espontaneas bajo protesta de decir verdad, de ahí que adquieren la naturaleza de confesión de parte. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, página 57, registro 200094, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Entonces, las fechas que han de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo respecto de la primera resolución de dos de junio de dos mil veinte, es la de trece de agosto de dos mil veintiuno; tomando en consideración que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto impugnado el once de agosto de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, mediando entre estos, el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por corresponder a sábados y domingos. Por otra parte, por lo que hace al inicio del cómputo de la segunda resolución reclamada de veinte de enero de dos mil veintidós, debe tomarse la de catorce de febrero de dos mil veintidós; tomando en consideración que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto impugnado el diez de febrero de dos mil veintidós, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el siete de marzo de dos mil veintidós, mediando entre estos, el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos, así como uno de marzo de dicho año por ser inhábil. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte de la evidencia criptográfica, en virtud de que la misma fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el aquí quejoso, se traduce en las resoluciones de dos de junio de dos mil veinte y veinte de enero de dos mil veintidós, relativas a la averiguación previa ******************** y sus acumuladas ******************** y ********************la cual, tiene relación con la ********************, circunstancia que le fue notificada en esa misma fecha. Por tanto, no constituyen un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Sin que sea obstáculo a lo antes expuesto, la manifestación realizada por la parte quejosa en el sentido de que las resoluciones reclamadas han estado subjudice a la tramitación de del recurso de inconformidad contra el incumplimiento de la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 718/2019 del índice de este Juzgado Federal, pues refiere que hasta este momento no se ha hecho engrose ni se le ha notifica el resultado; lo anterior, en virtud de que como quedó precisado en líneas precedentes, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, será a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del nuevo acto reclamado o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento al anterior juicio de amparo, lo que en el caso como se vio resulta extemporáneo, virtud de que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de las resoluciones reclamadas el once de agosto de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho y como representante legal de las empresas denominadas: ********************Notifíquese personalmente. ...

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE 06 DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ....... Zacatecas, Zacatecas, seis de enero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase recibido el escrito signados por el quejoso ********************, por su propio derecho y como representante legal de las empresas denominadas: ********************(personalidad que acredita con copia certificada del acta de asamblea general ordinaria de accionistas número treinta y seis mil setecientos setena y tres, pasada ante la fe del Notario Público número siete del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad), a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés. En tales condiciones se provee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En principio, cabe señalar que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: "(.) A) Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la Fiscalía General de la República, Licenciado MARCO POLO DURÁN PÉREZ. Tal citación debe realizarse en su domicilio oficial en la Ciudad de México, oficinas de SEIDO. B) Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). C) Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de Delincuencia Organizada. D) Procurador General de la República y/o Fiscal General de la República. Con domicilio conocido en ciudad de México. E) Lic. Alma Lucía Rodríguez Soberanes. Encargada del Equipo de Investigación y Litigación Dos de la UEIORPIFAM F) Lic Mario Alberto Rupil Frausto. Encargado de la Coordinación General de la UEIORPIFAM. H) Mtro. Ancelmo Mauro Jiménez Cruz. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM). Por sí y/o en suplencia por ausencia del Fiscal Especializado en materia de Delincuencia Organizada. Como representante auxiliar del Procurador o Fiscal General de la República, para autorizar el no ejercicio de la acción penal." Acto reclamado: La resolución de dos de junio de dos mil veinte, dictada dentro de la averiguación previa ******************** y sus acumuladas ******************** y ********************la cual, tiene relación con la ********************; así como la diversa de veinte de enero de dos mil veinte, que calificó de legal la primera en mención. Ahora, el aquí quejoso refiere en el ocurso de cuenta que fue notificado de los actos reclamados el once de agosto de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, constituye una confesión expresa por el impetrante al manifestar bajo protesta de decir verdad las datas en las que tuvo conocimiento de las resoluciones reclamadas. Por tanto, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dicha disposición normativa señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de 2011, página 5, registro 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En efecto, en esta instancia constitucional el quejoso combate las resoluciones de dos de junio de dos mil veinte y veinte de enero de dos mil veintidós, relativas a la averiguación previa ******************** y sus acumuladas ******************** y ********************la cual, tiene relación con la ********************, y que de acuerdo a lo manifestado por el aquí quejoso tuvo conocimiento el once de agosto de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós. Manifestaciones que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de afirmaciones espontaneas bajo protesta de decir verdad, de ahí que adquieren la naturaleza de confesión de parte. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, página 57, registro 200094, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Entonces, las fechas que han de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo respecto de la primera resolución de dos de junio de dos mil veinte, es la de trece de agosto de dos mil veintiuno; tomando en consideración que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto impugnado el once de agosto de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el dos de septiembre de dos mil veintiuno, mediando entre estos, el catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por corresponder a sábados y domingos. Por otra parte, por lo que hace al inicio del cómputo de la segunda resolución reclamada de veinte de enero de dos mil veintidós, debe tomarse la de catorce de febrero de dos mil veintidós; tomando en consideración que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto impugnado el diez de febrero de dos mil veintidós, por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover demanda de amparo, concluyó el siete de marzo de dos mil veintidós, mediando entre estos, el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos, así como uno de marzo de dicho año por ser inhábil. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte de la evidencia criptográfica, en virtud de que la misma fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por el aquí quejoso, se traduce en las resoluciones de dos de junio de dos mil veinte y veinte de enero de dos mil veintidós, relativas a la averiguación previa ******************** y sus acumuladas ******************** y ********************la cual, tiene relación con la ********************, circunstancia que le fue notificada en esa misma fecha. Por tanto, no constituyen un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Sin que sea obstáculo a lo antes expuesto, la manifestación realizada por la parte quejosa en el sentido de que las resoluciones reclamadas han estado subjudice a la tramitación de del recurso de inconformidad contra el incumplimiento de la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 718/2019 del índice de este Juzgado Federal, pues refiere que hasta este momento no se ha hecho engrose ni se le ha notifica el resultado; lo anterior, en virtud de que como quedó precisado en líneas precedentes, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, será a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del nuevo acto reclamado o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento al anterior juicio de amparo, lo que en el caso como se vio resulta extemporáneo, virtud de que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de las resoluciones reclamadas el once de agosto de dos mil veintiuno y diez de febrero de dos mil veintidós. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho y como representante legal de las empresas denominadas: ********************Notifíquese personalmente. ...

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