Jorge Antonio Lugo Hernández

Expediente 1418/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1418/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Lugo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El diez de septiembre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González secretario de juzgado CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra el auto pronunciado el diecisiete de agosto del presente año, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de agosto al siete de septiembre del presente año, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, así como tampoco se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, el estado de autos, así como con las razones actuariales asentadas el treinta de agosto, tres y cuatro de septiembre, todas del presente año. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo, del punto décimo primero del aludido acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Por último, cabe señalar que no se hace mayor pronunciamiento respecto a las razones actuariales asentadas el treinta de agosto, tres y cuatro de septiembre, todas del presente año; de las que se desprende en lo conducente que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de tercera interesada persona moral Desarrollos y Proyectos del Sur de Sinaloa, Sociedad de Responsabilidad Limitada, dados los razonamientos expuestos en el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 17328. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, residente en esta ciudad; por el que, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por auto de veintidós del mes y año en curso, informa que el domicilio en que se notificó y emplazó a la persona moral Desarrollo y Proyectos del Sur de Sinaloa, Sociedad de Responsabilidad Limitada en los autos del juico laboral 230/2015, es el ubicado en calle Rafael Moreno Valle, número ciento seis (106), colonia Díaz Ordaz, en esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial adscrito, para que se constituya en el domicilio antes indicado, y con copia simple de la demanda de amparo emplace a la referida tercera interesada, por conducto de quien resulte ser su apoderado legal, haciéndole saber que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del treinta de agosto del presente año, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; asimismo; lo prevenga para dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, sede de este juzgado, y lo aperciba que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido, las subsecuentes notificaciones de carácter personal le serán practicadas por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 16767. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda, con la que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 16450. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese al sumario para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que el peticionario de amparo Jorge Antonio Lugo Hernández, señaló en su escrito inicial de demanda como actos reclamados: "A. La omisión de practicar la notificación a la parte demandada de lo acontecido y acordado en la audiencia de desahogo de pruebas de fecha 12 de septiembre de 2017, en la cual se recibieron los medios probatorios de la parte actora; se realizó la certificación en el sentido de que no quedaban medios de prueba pendientes por desahogar; con la cual se vista a mi apoderado legal y manifestó estar conforme con dicha certificación; y se acordó por la responsable: a) conceder el plazo de dos días hábiles para que las partes formules los alegatos de su intención; y b) notificar las resoluciones dictadas en esa audiencia a la parte demandada, en el domicilio señalado en autos; no obstante que ya transcurrieron más de diez meses desde su celebración sin que se practique la notificación de mérito. B). La omisión de dictar el auto que corresponda a un escrito presentado por el licenciado Andrés Muñoz Varela, mi entonces apoderado legal, en fecha 18 de septiembre de 2017, por el cual se formulan alegatos por la parte actora, no obstante haber transcurrido más de diez meses desde su recepción por parte de la responsable." Ahora, la referida autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que era cierto el acto reclamado por el quejoso de mérito, respecto a la falta de notificación a la demandada del auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, no así de la falta de acordar lo conducente respecto al escrito presentado por el actor el dieciocho de septiembre de la citada anualidad; no obstante, señala además, que dichos autos han sido debidamente notificados a la parte demandada, por lo que por auto de quince de agosto del presente año, la referida junta declaró cerrada la instrucción, turnando los autos a proyecto de resolución. Para acreditar lo anterior, la responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, adjuntó a su comunicado copia certificada de la notificación practicada el diez de agosto de dos mil dieciocho a la parte demandada Desarrollo y Proyectos del Sur de Sinaloa, Sociedad de Responsabilidad Limitada, respecto del contenido de los proveídos de doce de septiembre de dos mil diecisiete y once de mayo del año en curso, siendo este último proveído, mediante el cual, la referida responsable acordó lo relativo a la promoción presentada por Andrés Muñoz Vareal el dieciocho de septiembre del año próximo pasado; así como también se anexó testimonio autorizado del proveído de quince de agosto del año en curso, en el que se declaró cerrada la instrucción del juicio laboral 230/2015 En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, notificó a la parte demandada Desarrollo y Proyectos del Sur de Sinaloa, Sociedad de Responsabilidad Limitada, el contenido del proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvieron por recibidos los medios probatorios de la parte actora; así como que por auto de once de mayo del año que transcurre, acordó lo conducente respecto a la promoción presentada por Andrés Muñoz Vareal mediante el cual formuló alegatos, el dieciocho de septiembre del año próximo pasado; autos que fueron notificados a la demandada el ocho de agosto del presente año; por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con diez minutos del treinta de agosto del año en curso, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

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