Jorge Antonio Cerda Ocaña
Expediente 541/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Antonio Cerda Ocaña
- Congreso del Estado de Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del diecisiete de julio al seis del mes y año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de inconformidad contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, por lo que hace a la valoración de los documentos originales que fueron exhibidos en el presente juicio de amparo, deberá estarse a lo acordado mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 210-212), por el que se proveyó lo conducente. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 08 DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTYICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del diecisiete de julio al seis del mes y año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de inconformidad contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, por lo que hace a la valoración de los documentos originales que fueron exhibidos en el presente juicio de amparo, deberá estarse a lo acordado mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 210-212), por el que se proveyó lo conducente. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
- Principal
El nueve de julio de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido al quejoso por auto de veinticinco de junio del año en curso (foja 235), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del veintiocho de junio al dos del mes y año en curso, sin que lo hubiere hecho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo concedido al quejoso en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual se otorgó en auto de veinticinco de junio del año en curso (foja 235), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 165 a 192), se inició la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la que concluyó con el dictado de la sentencia, en la que por una parte se negó y por otra se concedió al quejoso Jorge Antonio Cerda Ocaña, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: "(.) En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para infraestructura, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto adicional para la Infraestructura, con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales exhibidos por el solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." (foja 191). De lo expuesto, se sigue que, los efectos de la concesión del amparo implican, en primer lugar, que las disposiciones legales declaradas inconstitucionales fueran desincorporadas de la esfera jurídica del quejoso, tanto en el presente como en lo futuro y, en consecuencia, la autoridad responsable le devolviera las contribuciones erogadas por concepto del impuesto adicional para infraestructura, relativos a los recibos fiscales con números de folios V 276838 (20 B) y V 276839 (20 B), junto con la actualización fiscal e intereses correspondiente a ese primer acto de aplicación y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso se realizaran, demostrarlos ante este órgano jurisdiccional, a fin de ordenar la devolución de tales pagos, así como las actualizaciones de estos últimos. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número PF/2526/2018 recibido en este Juzgado Federal el veintidós de junio del año en curso (fojas 227 y 228), el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos, asimismo, remitió copia certificada de las póliza del cheque número 0000439 (foja 233), de veinte de junio del año en curso, por la suma de $ 1, 857.48 (mil ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N), recibida por el autorizado del quejoso Fausto Ricardo Cerda de Loera en nombre del impetrante del amparo. Ahora bien, en el caso, las contribuciones erogadas por el quejoso por concepto del impuesto adicional para infraestructura con motivo del primer acto de aplicación respecto de los recibos fiscales con folios V 276838 (20 B) y V 276839 (20 B) (treinta de enero de dos mil dieciocho), son las siguientes: V 276838 (20 B) treinta de enero de dos mil dieciocho PAGO Impuesto Adicional para la infraestructura $ 705.00 DEDUCCIONES Estímulo para la infraestructura - $ 247.00 Total $ 458.00 V 276839 (20 B) treinta de enero de dos mil dieciocho PAGO Impuesto Adicional para la infraestructura $ 705.00 DEDUCCIONES Estímulo para la infraestructura - $ 71.00 Total $ 634.00 En suma, se advierte un total de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N), por concepto de las contribuciones materia de la concesión del amparo. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Los pagos por concepto de impuesto adicional para infraestructura, erogados en los recibos fiscales números V 276838 (20 B) y V 276839 (20 B), se reitera, se realizó el treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 21), por la cantidad total de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N); mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 233). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento del mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, y para el mes de diciembre de dos mil diecisiete lo fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada. La división se esquematiza a continuación: INPC MAYO 2018 131.773 1.0073 INPC DICIEMBRE 2017 130.813 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad total erogada por el concepto en comento que es de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada es de $ 1, 099.97 (mil noventa y nueve pesos 97/100 M.N). Es decir, $ 7.97 (siete pesos 97/100 M.N) de actualización en favor del quejoso. En ese orden, como se expuso, respecto de los actos de aplicación base de la demanda de amparo, es necesario calcular los intereses correspondientes. Para tal efecto, es necesario acudir al artículo 83 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas que, en lo conducente, establece: "Artículo 83 Cuando los contribuyentes presenten solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 81 de este Código, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 11 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada. [.] Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Cuando el Estado o Municipio deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada, los cuales se computarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo para efectuar la devolución y hasta que la misma se efectúe. En el caso que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerara negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según corresponda.". Del precepto anterior se deduce que: 1. Cuando una autoridad judicial determine la devolución de cantidades pagadas por un contribuyente, deberá pagar intereses. 1.1. Lo anterior a partir de que se presentó la demanda respectiva. 1.1.1. En particular, los intereses se computarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo para efectuar la devolución y hasta que la misma se efectúe 1.2. La tasa aplicable es la contemplada en el artículo 11 de dicha codificación. 1.2.1. Dicho recargo se aplicará sobre la contribución actualizada. En relación con la tasa aplicable, el numeral 11 de la codificación fiscal en cita, en lo relevante, dispone: "Artículo 11 [.] Los recargos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución, o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en cincuenta por ciento a la que fije anualmente la Legislatura del Estado en la Ley de Ingresos del Estado o de los Municipios, según corresponda la contribución o aprovechamiento." Del dispositivo trascrito se sigue que la tasa aplicable para los intereses en comento será la fijada para la Ley de Ingresos del Estado, respecto de contribuciones de ese orden de gobierno, la que se aumentará en un cincuenta por ciento. En ese sentido, el artículo 10, de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, establece: "ARTÍCULO 10. En los casos de falta de pago oportuno de las contribuciones, la tasa de recargos por mora será del cero punto sesenta y siete por ciento mensual (0.67%), atendiendo a lo establecido en el artículo 11 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: I. Al uno por ciento mensual (1%) sobre los saldos insolutos. .". De tal manera que la tasa aplicable para el cálculo de los intereses aplicables sobre la devolución de una contribución estatal determinada por una autoridad judicial es el uno punto diecisiete mensual (1.17%), pues la ley de ingresos referida establece el 0.67 por ciento como tasa de recargo, a la cual, como se expuso, debe aumentarse el cincuenta por ciento, es decir, medio punto porcentual. En suma, los intereses respecto de las devoluciones en comento, deben calcularse sobre las cantidades actualizadas, aplicando la tasa del uno punto diecisiete por ciento, para los periodos que correspondan, los que deben englobar los meses o fracciones que deriven de la fecha en que se presentó la demanda a la data de la devolución. De lo anterior se sigue, para dos mil dieciocho, un interés anual del 14.04 por ciento (1.17 por 12), lo que dividido entre trescientos sesenta y cinco días, corresponde a un interés diario del 0.0385 por ciento. Sobre esa base, las contribuciones base de la demanda de amparo (impuesto adicional para infraestructura), fueron realizadas por la cantidad total de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N). Como se expuso, la autoridad responsable devolvió la cantidad que engloba la contribución anterior y su actualización, el veinte de junio de dos mil dieciocho. De manera que, en relación con la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de febrero de dos mil dieciocho), se advierte un periodo de ciento veintinueve días (129). Lo que da un interés del periodo involucrado del cuatro punto noventa y seis por ciento (4.96%). Esto al multiplicar los días del periodo (129) por el interés diario correspondiente (0.0385). Sobre la cantidad actualizada $ 1, 099.97 (mil noventa y nueve pesos 97/100 M.N), debe aplicarse los intereses diarios calculados en función de los días del periodo involucrado. Por tanto, por concepto de intereses la autoridad debía devolver $ 54.55 (cincuenta y cuatro pesos 55/100 M.N) ($ 1, 099.97 por 4.96%). Por otro lado, como contribución erogada con posterioridad al primer acto de aplicación por concepto del impuesto adicional para infraestructura, la autoridad responsable remitió el comprobante fiscal número X 189890 de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 229), como a continuación se esquematiza: X 189890 (foja 229) Veintisiete de febrero de dos mil dieciocho PAGO Impuesto Adicional para la infraestructura $ 705.00 Total $ 705.00 Recibo que resulta de fecha posterior a los actos de aplicación base de la demanda de amparo (treinta de enero del año en curso), por tanto el recibo fiscal de mérito se considera materia del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, lo anterior, de conformidad con el inciso b) de los efectos de la sentencia cuyo cumplimiento aquí se analiza. En suma, se advierte que por concepto de la contribución erogada con posterioridad al primer acto de aplicación el quejoso pagó la cantidad total de $ 705.00 (setecientos cinco pesos 00/100 M.N). En consecuencia, se procede a analizar si la contribución erogada con posterioridad al primer acto de aplicación, fue devuelta debidamente actualizada, para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago por concepto de impuesto adicional para infraestructura, erogado con posterioridad al primer acto de aplicación en el recibo fiscal número X 189890, se reitera, se realizó el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 229), por la cantidad total de $ 705.00 (setecientos cinco pesos 00/100 M.N); mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 233). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento del mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores a los de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, y para el mes de enero del año en curso, lo fue de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada. La división se esquematiza a continuación: INPC MAYO 2018 131.773 1.0020 INPC ENERO 2018 131.508 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad total erogada por el concepto en comento que es de $ 705.00 (setecientos cinco pesos 00/100 M.N), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada es de $ 706.41 (setecientos seis pesos 41/100 M.N). Es decir, $ 1.41 (un peso 41/100 M.N) de actualización en favor del quejoso. En ese sentido, al sumar la cantidad total que debía devolver la autoridad responsable respecto del primer acto de aplicación que es $ 1, 154.52 (mil ciento cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N), cantidad que se obtiene al sumar las cantidades de $ 1, 099.97 (mil noventa y nueve pesos 97/100 M.N), más $ 54.55 (cincuenta y cuatro pesos 55/100 M.N), por concepto de actualización e intereses respecto de los actos de aplicación base de la demanda de amparo, más la suma correspondiente al segundo acto de aplicación que es $ 706.41 (setecientos seis pesos 41/100 M.N), arroja un total de $ 1, 860.93 (mil ochocientos sesenta pesos 93/100 M.N). Ahora bien, la autoridad le devolvió al autorizado del quejoso la cantidad total de $ 1, 857.48 (mil ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N) (foja 233), lo que revela que si bien le faltó reintegrar la suma de $ 3.45 (tres pesos 45/100 M.N), ésta es irrelevante por ser una cantidad mínima; por lo que resulta ocioso requerir a la autoridad responsable por su devolución. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al haberse devuelto a la parte quejosa lo erogado por concepto de impuesto adicional para la infraestructura, con base en los artículos declarados inconstitucionales, con la actualización e intereses correspondientes. En las relatadas condiciones, se considera que se acataron los extremos de la concesión del amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado de Distrito, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe. Vicky
- Principal
En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el auto dictado el nueve de julio de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. El nueve de julio de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido al quejoso por auto de veinticinco de junio del año en curso (foja 235), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del veintiocho de junio al dos del mes y año en curso, sin que lo hubiere hecho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo concedido al quejoso en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual se otorgó en auto de veinticinco de junio del año en curso (foja 235), para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 165 a 192), se inició la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la que concluyó con el dictado de la sentencia, en la que por una parte se negó y por otra se concedió al quejoso Jorge Antonio Cerda Ocaña, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en los términos y para los efectos que enseguida se precisan: "(.) En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para infraestructura, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el Impuesto adicional para la Infraestructura, con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales exhibidos por el solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." (foja 191). De lo expuesto, se sigue que, los efectos de la concesión del amparo implican, en primer lugar, que las disposiciones legales declaradas inconstitucionales fueran desincorporadas de la esfera jurídica del quejoso, tanto en el presente como en lo futuro y, en consecuencia, la autoridad responsable le devolviera las contribuciones erogadas por concepto del impuesto adicional para infraestructura, relativos a los recibos fiscales con números de folios V 276838 (20 B) y V 276839 (20 B), junto con la actualización fiscal e intereses correspondiente a ese primer acto de aplicación y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso se realizaran, demostrarlos ante este órgano jurisdiccional, a fin de ordenar la devolución de tales pagos, así como las actualizaciones de estos últimos. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número PF/2526/2018 recibido en este Juzgado Federal el veintidós de junio del año en curso (fojas 227 y 228), el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, comunicó que se abstendría de aplicar al promovente del amparo, los preceptos legales tildados de inconstitucionales en el fallo protector emitido en autos, asimismo, remitió copia certificada de las póliza del cheque número 0000439 (foja 233), de veinte de junio del año en curso, por la suma de $ 1, 857.48 (mil ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N), recibida por el autorizado del quejoso Fausto Ricardo Cerda de Loera en nombre del impetrante del amparo. Ahora bien, en el caso, las contribuciones erogadas por el quejoso por concepto del impuesto adicional para infraestructura con motivo del primer acto de aplicación respecto de los recibos fiscales con folios V 276838 (20 B) y V 276839 (20 B) (treinta de enero de dos mil dieciocho), son las siguientes: V 276838 (20 B) treinta de enero de dos mil dieciocho PAGO Impuesto Adicional para la infraestructura $ 705.00 DEDUCCIONES Estímulo para la infraestructura - $ 247.00 Total $ 458.00 V 276839 (20 B) treinta de enero de dos mil dieciocho PAGO Impuesto Adicional para la infraestructura $ 705.00 DEDUCCIONES Estímulo para la infraestructura - $ 71.00 Total $ 634.00 En suma, se advierte un total de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N), por concepto de las contribuciones materia de la concesión del amparo. Ahora bien, como se expuso, los efectos de la concesión de amparo conllevan que las contribuciones base de la demanda de amparo fueran devueltas, debidamente actualizadas. Para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Los pagos por concepto de impuesto adicional para infraestructura, erogados en los recibos fiscales números V 276838 (20 B) y V 276839 (20 B), se reitera, se realizó el treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 21), por la cantidad total de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N); mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 233). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento del mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores a los de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, y para el mes de diciembre de dos mil diecisiete lo fue de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada. La división se esquematiza a continuación: INPC MAYO 2018 131.773 1.0073 INPC DICIEMBRE 2017 130.813 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad total erogada por el concepto en comento que es de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada es de $ 1, 099.97 (mil noventa y nueve pesos 97/100 M.N). Es decir, $ 7.97 (siete pesos 97/100 M.N) de actualización en favor del quejoso. En ese orden, como se expuso, respecto de los actos de aplicación base de la demanda de amparo, es necesario calcular los intereses correspondientes. Para tal efecto, es necesario acudir al artículo 83 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas que, en lo conducente, establece: "Artículo 83 Cuando los contribuyentes presenten solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 81 de este Código, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 11 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada. [.] Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Cuando el Estado o Municipio deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada, los cuales se computarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo para efectuar la devolución y hasta que la misma se efectúe. En el caso que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerara negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según corresponda.". Del precepto anterior se deduce que: 1. Cuando una autoridad judicial determine la devolución de cantidades pagadas por un contribuyente, deberá pagar intereses. 1.1. Lo anterior a partir de que se presentó la demanda respectiva. 1.1.1. En particular, los intereses se computarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo para efectuar la devolución y hasta que la misma se efectúe 1.2. La tasa aplicable es la contemplada en el artículo 11 de dicha codificación. 1.2.1. Dicho recargo se aplicará sobre la contribución actualizada. En relación con la tasa aplicable, el numeral 11 de la codificación fiscal en cita, en lo relevante, dispone: "Artículo 11 [.] Los recargos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución, o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en cincuenta por ciento a la que fije anualmente la Legislatura del Estado en la Ley de Ingresos del Estado o de los Municipios, según corresponda la contribución o aprovechamiento." Del dispositivo trascrito se sigue que la tasa aplicable para los intereses en comento será la fijada para la Ley de Ingresos del Estado, respecto de contribuciones de ese orden de gobierno, la que se aumentará en un cincuenta por ciento. En ese sentido, el artículo 10, de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, establece: "ARTÍCULO 10. En los casos de falta de pago oportuno de las contribuciones, la tasa de recargos por mora será del cero punto sesenta y siete por ciento mensual (0.67%), atendiendo a lo establecido en el artículo 11 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: I. Al uno por ciento mensual (1%) sobre los saldos insolutos. .". De tal manera que la tasa aplicable para el cálculo de los intereses aplicables sobre la devolución de una contribución estatal determinada por una autoridad judicial es el uno punto diecisiete mensual (1.17%), pues la ley de ingresos referida establece el 0.67 por ciento como tasa de recargo, a la cual, como se expuso, debe aumentarse el cincuenta por ciento, es decir, medio punto porcentual. En suma, los intereses respecto de las devoluciones en comento, deben calcularse sobre las cantidades actualizadas, aplicando la tasa del uno punto diecisiete por ciento, para los periodos que correspondan, los que deben englobar los meses o fracciones que deriven de la fecha en que se presentó la demanda a la data de la devolución. De lo anterior se sigue, para dos mil dieciocho, un interés anual del 14.04 por ciento (1.17 por 12), lo que dividido entre trescientos sesenta y cinco días, corresponde a un interés diario del 0.0385 por ciento. Sobre esa base, las contribuciones base de la demanda de amparo (impuesto adicional para infraestructura), fueron realizadas por la cantidad total de $ 1, 092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N). Como se expuso, la autoridad responsable devolvió la cantidad que engloba la contribución anterior y su actualización, el veinte de junio de dos mil dieciocho. De manera que, en relación con la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de febrero de dos mil dieciocho), se advierte un periodo de ciento veintinueve días (129). Lo que da un interés del periodo involucrado del cuatro punto noventa y seis por ciento (4.96%). Esto al multiplicar los días del periodo (129) por el interés diario correspondiente (0.0385). Sobre la cantidad actualizada $ 1, 099.97 (mil noventa y nueve pesos 97/100 M.N), debe aplicarse los intereses diarios calculados en función de los días del periodo involucrado. Por tanto, por concepto de intereses la autoridad debía devolver $ 54.55 (cincuenta y cuatro pesos 55/100 M.N) ($ 1, 099.97 por 4.96%). Por otro lado, como contribución erogada con posterioridad al primer acto de aplicación por concepto del impuesto adicional para infraestructura, la autoridad responsable remitió el comprobante fiscal número X 189890 de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 229), como a continuación se esquematiza: X 189890 (foja 229) Veintisiete de febrero de dos mil dieciocho PAGO Impuesto Adicional para la infraestructura $ 705.00 Total $ 705.00 Recibo que resulta de fecha posterior a los actos de aplicación base de la demanda de amparo (treinta de enero del año en curso), por tanto el recibo fiscal de mérito se considera materia del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, lo anterior, de conformidad con el inciso b) de los efectos de la sentencia cuyo cumplimiento aquí se analiza. En suma, se advierte que por concepto de la contribución erogada con posterioridad al primer acto de aplicación el quejoso pagó la cantidad total de $ 705.00 (setecientos cinco pesos 00/100 M.N). En consecuencia, se procede a analizar si la contribución erogada con posterioridad al primer acto de aplicación, fue devuelta debidamente actualizada, para tal efecto, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. El pago por concepto de impuesto adicional para infraestructura, erogado con posterioridad al primer acto de aplicación en el recibo fiscal número X 189890, se reitera, se realizó el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 229), por la cantidad total de $ 705.00 (setecientos cinco pesos 00/100 M.N); mientras que la devolución de ese monto, como se expuso, aconteció el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 233). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento del mes de mayo de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero del mismo año (al ser los meses inmediatos anteriores a los de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, y para el mes de enero del año en curso, lo fue de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada. La división se esquematiza a continuación: INPC MAYO 2018 131.773 1.0020 INPC ENERO 2018 131.508 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad total erogada por el concepto en comento que es de $ 705.00 (setecientos cinco pesos 00/100 M.N), se obtiene que el monto de dicha contribución actualizada es de $ 706.41 (setecientos seis pesos 41/100 M.N). Es decir, $ 1.41 (un peso 41/100 M.N) de actualización en favor del quejoso. En ese sentido, al sumar la cantidad total que debía devolver la autoridad responsable respecto del primer acto de aplicación que es $ 1, 154.52 (mil ciento cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N), cantidad que se obtiene al sumar las cantidades de $ 1, 099.97 (mil noventa y nueve pesos 97/100 M.N), más $ 54.55 (cincuenta y cuatro pesos 55/100 M.N), por concepto de actualización e intereses respecto de los actos de aplicación base de la demanda de amparo, más la suma correspondiente al segundo acto de aplicación que es $ 706.41 (setecientos seis pesos 41/100 M.N), arroja un total de $ 1, 860.93 (mil ochocientos sesenta pesos 93/100 M.N). Ahora bien, la autoridad le devolvió al autorizado del quejoso la cantidad total de $ 1, 857.48 (mil ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N) (foja 233), lo que revela que si bien le faltó reintegrar la suma de $ 3.45 (tres pesos 45/100 M.N), ésta es irrelevante por ser una cantidad mínima; por lo que resulta ocioso requerir a la autoridad responsable por su devolución. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al haberse devuelto a la parte quejosa lo erogado por concepto de impuesto adicional para la infraestructura, con base en los artículos declarados inconstitucionales, con la actualización e intereses correspondientes. En las relatadas condiciones, se considera que se acataron los extremos de la concesión del amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado de Distrito, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe. Vicky
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