Jorge Antonio Urbina Valle
Expediente 496/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2019
Partes del expediente
- Jorge Antonio Urbina Valle
Actuaciones
- Principal
ii)Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Se recibe ejecutoria. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 97/2019, promovida por el quejoso Jorge Antonio Urbina Valle, contra el proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio, testimonio de referencia y copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa; acúsese recibo de estilo. Estado de autos. Ahora, el estado procesal de los autos evidencia que no existe más por cumplimentar. Archivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; catorce de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diez de mayo del año en curso, donde informa la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veintitrés de abril del presente año, medio de impugnación registrado con el número 97/2019. Circunstancia de la se toma conocimiento para los efectos legales procedentes y se queda en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Constitucional oficiante. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo vigente, téngase por recibido el escrito signado por Jorge Antonio Urbina Valle, por propio derecho, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintitrés de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. De conformidad con los numerales 97, fracción I, inciso a), 98 a 100, de la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se tiene por interpuesto el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa. Ahora, ya que la demanda de amparo se desechó a través del auto ahora recurrido; no existen partes para notificar la interposición del recurso; por lo que es innecesario otorgar el plazo que prevé el primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia; consecuentemente, con apoyo en el numeral citado, remítase el original del escrito de expresión de agravios, copia de traslado, copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Turno y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, se rinde el informe respectivo en los siguientes términos: Es cierto el acto que se reclama en cuanto a que este Juzgado de Distrito emitió el acuerdo ahora recurrido por la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
II)Toluca, Estado de México; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Urbina Valle, por derecho propio, contra actos de la Juez de Distrito Especializada en el sistema Penal Acusatorio con Funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 496/2019-II. Causa de Improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora bien, de análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante reclama la determinación de ocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con Funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, mediante la cual no aceptó la competencia declinada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad. Determinación respecto de la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de la materia. Por otra parte, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permiten concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. A fin de dilucidar lo anterior, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido; esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto (vía excepción), solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado. Lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad que sustancie el conflicto competencial al que el propio impetrante hace mención, determine lo conducente. Así, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado, pues será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos son los definitivos, no antes. En este sentido, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando se resuelva el conflicto competencial que el propio impetrante refiere. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Urbina Valle, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con Funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por notoriamente improcedente. Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso exprese que la declinatoria del Juez Primero de Procesos Penales Federales para conocer de la causa penal de origen, hubiese sido en cumplimiento a la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo 1084/2017, pues ello se dilucidará precisamente en el conflicto competencial. Cabe resaltar que la presente determinación, no constituye un antecedente que genere conocimiento previo respecto de actuaciones emanadas de la causa penal en comento; toda vez que las consideraciones relatadas no resuelven un planteamiento de fondo respecto del asunto, pues al advertir la causal de improcedencia en comento, sólo se verifica el desechamiento de la demanda, sin dilucidar cuestiones de legalidad o constitucionalidad del acto reclamado. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Alexsander Garay Bravo, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral citado. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.
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