Jorge Artemio Montes de Oca Reyes

Expediente 1252/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1252/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Artemio Montes de Oca Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite la ejecutoria dictada por el pleno del órgano de su adscripción el cuatro de octubre del año en curso, e informa que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintiocho de agosto del año en curso. En tal virtud, glósese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, acúsese recibo, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y téngase conocimiento de lo manifestado por el Tribunal Colegiado. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del diverso 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica que el órgano jurisdiccional de su adscripción, mediante proveído de trece de septiembre pasado, admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el quejoso, el cual se registró como recurso de queja 203/2018. Atento a lo anterior, este Juzgado toma conocimiento de dicha radicación y se está en espera de la determinación que al efecto emita el Tribunal de alzada. Notifíquese.

  3. Principal

    iv)Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el ocurso signado por Diego Manuel Gómez Ríos, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de defensa, de inmediato remítase el escrito de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    iv)Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio de la cual Diego Manuel Gómez Ríos, quien se ostenta como apoderado legal de Jorge Artemio Montes de Oca Reyes, da cumplimiento a la prevención decretada en auto de veintiuno de agosto y adjunta copia certificada del instrumento notarial número 652, 453; por lo tanto, se tiene por desahogada la misma dejándose sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó para el caso de ser omisa. Causa de improcedencia. Ahora, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en: La sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 411/2018, para resolver el recurso de revocación interpuesto por Diego Manuel Gómez Ríos, en contra del auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, del Juzgado Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en la que se resolvió la excepción de litisconsorcio necesario pasivo. El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los juzgados de Distrito están obligados a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ....Del escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama: La sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 411/2018, para resolver el recurso de revocación interpuesto por Diego Manuel Gómez Ríos, en contra del auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, del Juzgado Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en la que se resolvió la excepción de litisconsorcio necesario pasivo. Ahora bien, en el escrito de desahogo se advierte que la resolución impugnada le fue notificada a la parte quejosa el once de julio de dos mil dieciocho. Sin que se óbice a lo anterior, que dicho desahogo lo haya efectuado Diego Manuel Gómez Ríos, quien se ostenta como apoderado legal de Jorge Artemio Montes de Oca Reyes, en términos del instrumento notarial 62,453 pasado ante la fe del Notario Público número 15, en el Estado de México, toda vez que cuando el quejoso otorgue un poder notarial en el que confiera un mandato general para pleitos y cobranzas en términos amplios y el apoderado desahogue la prevención mencionada, ésta debe tenerse por cumplida, pues la naturaleza jurídica del mandato implica que aquél se obligó a ejecutar, por cuenta del agraviado, los actos jurídicos que éste le encargó. .... Expuesto lo anterior, se considera que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: ....Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora bien, el apoderado legal del quejoso refiere "bajo protesta de decir verdad", que la resolución reclamada fue dictada el diez de julio del dos mil dieciocho, misma le fue notificada el once de julio siguiente; por tanto, desde ese entonces se encontraba en aptitud de combatir el acto reclamado. Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, no establece el momento en el cual surte efectos las notificaciones, por tanto, debe estimarse que en el caso, ello ocurre en el mismo instante de la notificación, por lo que el computó para la presentación de la demanda inicia a partir del día siguiente. .... En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo, al no hacerse dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el veinte de agosto pasado, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. ...Por otra parte, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a sentido contrario, de la Ley de Amparo que establen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. ...La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Los diversos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a) fracción III del artículo 107 Constitucional....En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no es considerado como de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional. Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama, porque dicha actuación no afecta derechos sustantivos sino únicamente tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías fundamentales y los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que tratándose de la resolución que desestima llamar a juicio a Marco Antonio Martínez Cárdenas y Beatriz Alba Castañeda, no deja sin defensa a la parte quejosa, Así, se considera que la resolución reclamada no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que no sean llamados a juicio las demás partes involucradas y se prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. ...A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto reclamado, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de las violaciones al procedimiento. ...En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Diego Manuel Gómez Ríos, quien se ostenta como apoderado legal de Jorge Artemio Montes de Oca Reyes, contra actos de la Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, por lo respecto a la solicitud de devolución del instrumento notarial con el cual acredita su personalidad Diego Manuel Gómez Ríos, quien se ostenta como apoderado legal de Jorge Artemio Montes de Oca Reyes, sin que haya lugar a proveer de conformidad dicha solicitud, toda vez que la misma va encaminada a acreditar la representación legal de la que se ostenta, motivo por el cual, una vez que cause estado el presente juicio de amparo se devolverá. Notifíquese personalmente. 29/08/2018

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