Jorge Alonso Rodriguez Cisneros

Expediente 1835/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1835/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
28/01/2019

Partes del expediente

  • Jorge Alonso Rodriguez Cisneros
  • Secretario De Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintiocho de enero de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso a quien podría causarle perjuicio el auto de siete de enero del año en curso, donde se sobreseyó en el juicio, no lo recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues, se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión

  2. Principal

    vi)Toluca, Estado de México; catorce de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Administrador de Estafeta, la cual contiene el oficio 34266/2018, dirigido al Secretario del Sistema Penitenciario Federal, con la leyenda "no hay autoridad". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, y se deja de tener con el carácter de responsable a dicha autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 186, del semanario judicial de la federación, Septiembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quienes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo" Notifíquese.

  3. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; siete de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación practicada por el Actuario de la adscripción, al quejoso Jorge Alonso Rodríguez Cisneros, el tres de enero pasado, de la cual se desprende que el quejoso manifestó lo siguiente: "ME DESISTO DE DICHO AMPARO YA QUE YO NO LO PROMOVI Y ME DISCULPO POR NO AVERME DADO CUENTA EN LA PRIMER NOTIFICACION YA QUE YO DESCONOSCO DE TODO ESTO JURIDICO, PERO YO NUNCA PROMOVI ESO Y ASEPTO MI RESPONSABILIDADDE NO AVERME DESISTIDO EN UN PRINCIPIO" Al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, se procede a proveer lo conducente y es claro que en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. (.)" Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Jorge Alonso Rodríguez Cisneros, contra actos del Secretario de Gobernación y otras autoridades; pues la voluntad para promover este es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada y con la sola declaración de la conformidad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, porque el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Por ende, realícense en el libro de gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención al contenido del presente proveído, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está prevista para las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    vi) Toluca, Estado de México; dos de enero de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el numeral 117 de la ley de la materia, póngase su contenido a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, el oficio de cuenta signado por la Directora de Área Adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, por medio del cual rinde informe justificado; sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. De igual forma, en términos de los artículos 63 y 64 de la Ley de Amparo, se tiene por vertida la causa de sobreseimiento que invoca la oficiante, la que se analizará en el momento procesal oportuno, dejando sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó para el caso de ser omisa en dicho aspecto. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, atendiendo a lo establecido en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley de la materia, téngase por autorizados en su carácter de delegados a las personas que designan y como domicilio el que señalan para tal efecto. Por otra parte, toda vez que mediante autos anteriores, se reservó la notificación respectiva, hasta en tanto obrara en autos la totalidad de los informes justificados y de suspensión de plano, lo cual ya aconteció, en consecuencia se comisiona al actuario judicial para que notifique dichos acuerdos y los informes ahí acordados. En otro orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos la pieza postal devuelta por el Administrador de Estafeta, que contiene el oficio 34266/2018 del índice estadístico de este juzgado, dirigido al "SECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL", con la leyenda: "autoridad cambio de domicilio." Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, reenvíense el oficio de mérito vía estafeta al domicilio actual y correcto que para tal efecto investigue el actuario judicial. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

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