Jorge Antonio Barrera Novelo
Expediente 1675/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1675/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Antonio Barrera Novelo
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por ****************, representante común de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de noviembre del año en curso; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento que se hizo en dicho acuerdo. En ese sentido, téngase a la parte quejosa ampliando su demanda, en contra de los siguientes actos y autoridades: Del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): "1. El oficio BOO.806.02.2.424 de fecha 16 de octubre de 2019, por medio del cual se le otorgó diversos permisos a la empresa ********, S.P.R. de R.L. de C.V., para la operación de la granja ubicada en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio Chel en Hunucmá. 2. La concesión de aguas de subsuelo por un volumen de 336,7925.50 metros cúbicos anuales para los usos siguientes: 332,1500 metros cúbicos anuales para uso PECUARIO y 4,642.50 metros cúbicos anuales para uso SERVICIOS por un plazo de 10 años, en el predio denominado ***********, ubicado en el KM 5+000 de la carretera Hunucmá-San Antonio Chel, localidad de San Antonio Chel en el Municipio de Hunucmá. 3. La autorización a *********, S.P.R. de R.L. de C.V., del permiso para la construcción de 12 pozos para la extracción de las aguas del subsuelo. 4. El otorgamiento del permiso a Yuca *******, S.P.R. de R.L. de C.V., para descarga de aguas residuales por un volumen de 1,314.00 metros cúbicos anuales procedentes de servicios sanitarios de empleados, por un plazo de 10 años, por medio de pozos de absorción en el predio denominado ********************, ubicado en el KM 5+000 de la carretera Hunucmá-San Antonio Chel, localidad de San Antonio Chel en el Municipio de Hunucmá. 5. La omisión en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control de las actividades realizadas por la granja de la empresa ************ S.P.R. de R.L. de C.V., a pesar de tener conocimiento de las afectaciones ambientales que la granja está generando. 6. La aplicación de la Norma Oficial Mexicana-003-CNA-1996. 7. La desprotección y afectaciones que generan los permisos otorgados señalados en el sistema de cenotes sobre el cual se encuentra la granja. 8. La omisión en el ejercicio de sus funciones de proteger y salvaguardar los cenotes. De la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado de Yucatán: "1. Su omisión en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control sobre actividades que puedan afectar el medio ambiente, en virtud de que no posee mecanismos para garantizar el cumplimiento de la suspensión de actividades de la granja de ganado de la empresa Yuca ***********s, S.P.R. de R.L. de C.V., decretada por esa misma autoridad el 16 de octubre de 2019. 2. La omisión de llevar a cabo un inventario de las vacas en actual proceso de engorda y de revisiones periódicas, con el objetivo de impedir que se estén ingresando nuevas cabezas de ganado en contravención a la suspensión de actividades de la granja de ganado de la empresa Yuca **********P.R. de R.L. de C.V., decretada por esa misma autoridad el 16 de octubre de 2019. 3. La omisión de supervisar y fiscalizar la totalidad de terrenos de la granja, incluyendo el área clandestina de acumulación de excremento de animal proveniente de la granja". Al efecto, se acuerda: con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en el presente asunto procede desechar de plano la ampliación de la demanda de mérito, en cuanto a los referidos actos se refiere. Con el fin de evidenciar lo anterior, es necesario traer al contexto el aludido artículo 111 de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales aplicable, el cual establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación. II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Este numeral elevó a rango de ley, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo el número P./J 15/2003, Novena Época, publicada en la página 12 del Tomo XVIII, julio de 2003, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En relación con el citado dispositivo legal, debe decirse que la demanda de amparo puede ampliarse cuando en el informe justificado rendido por las autoridades responsables aparezcan datos desconocidos por el quejoso en el que se fundamente o motive el acto reclamado, o bien, cuando el aludido impetrante, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los señalados en primer término; por lo que, el ocurso de ampliación puede recaer sobre actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, siempre que se presente dentro de los plazos establecidos para tal efecto en el numeral 17 de la ley de la materia y no se haya celebrado la audiencia constitucional, pues en este supuesto deberá promoverse un nuevo juicio constitucional. Ahora bien, sentado lo anterior, tenemos que de las constancias que obran en este expediente, específicamente del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, promovió el presente juicio constitucional en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables, consistentes en la omisión de proteger y garantizar sus derechos humanos a un ambiente sano, al agua, a la protección de la niñez y a los derechos de los pueblos indígenas, derivado de la contaminación provocada por la operación de la granja de ganado vacuno sin contar con el permiso respectivo. Posteriormente, presentó escrito de ampliación de demanda en el que señaló una nueva autoridad responsable y reclamó, esencialmente, las ya referidas omisiones, aunado a la omisión de realizar una consulta indígena para tener el consentimiento de la población maya que habita en la población de San Antonio Chel, respecto a la operación de la referida granja. En virtud de lo anterior, es dable concluir que la parte quejosa acudió a la presente instancia en defensa de los derechos fundamentales que estimó trasgredidos debido a la inacción de las autoridades responsables en su deber de protección de los mismos. En ese tenor, el suscrito juzgador estima que la ampliación de demanda que se provee, pretende llevarse a cabo sobre actos desvinculados de los originalmente señalados. En efecto, del análisis del escrito de ampliación de cuenta, se advierte que la parte quejosa manifestó haber tenido conocimiento de los actos que pretende reclamar mediante los oficios que las autoridades responsables rindieron en el cuaderno de suspensión derivado del presente juicio constitucional, relativos a la suspensión definitiva que ahí se les concedió, para el siguiente efecto: ".Por lo tanto, es procedente CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables, esto es, el Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán; la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua; y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y tomando en consideración los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente resolución, en un plazo improrrogable de tres días legalmente computados, realicen las gestiones legales necesarias respecto del funcionamiento de la granja de ganado vacuno ubicada en el polígono 01, zona 2,3, de la Manzana 21, en el solar 2; Manzana 22, en los solares 1,2; Manzana 29, en los solares 2,3; Manzana 30, en los solares 1,2,3,4; Manzana 48, en los solares 1,2,3,4; Manzana 56, en los solares 2,3; todos se ubican en el kilómetro 2.5 de la carretera EC. Hunucmá-Texan a San Antonio Chel, en la localidad de San Antonio Che, en el Municipio de HUnucmá, Yucatán; a fin de determinar si el mismo se encuentra dentro del marco legal que cada una de las referidas autoridades responsables tiene la obligación de vigilar. Y una vez hecho lo anterior, de inmediato emitan las resoluciones correspondientes que a sus facultades compete, de acuerdo a la legislación que las rige, con el objeto de decidir si es factible o no la continuación de la operación de la granja de mérito, e incluso, si se actualiza el supuesto de imponer los medios de apremio establecidos en los artículos 134 a 142 de la Ley de Protección al Medio Ambiente; lo anterior, al ser tales determinaciones una facultad exclusiva de dichas autoridades y no de este Juzgador.". En ese sentido, y atendiendo a lo informado por las autoridades Organismo Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, y Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, en el referido incidente de suspensión, lo que se tiene como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, se advierte que los actos y omisiones reclamados en el escrito de ampliación, derivan de los procedimientos YUC-0-0821-27-07-17 y 159/2016 de sus respectivos índices. En efecto, los actos por los que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo, derivan directamente de procedimientos administrativos seguidos ante las referidas autoridades, que tienen como finalidad que las mismas, dentro del ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda en relación a la operación de la granja de ganado vacuno que opera en la comunidad que habita. Sin embargo, se estima que no es factible considerar que por el solo hecho de que los procedimientos administrativos seguidos ante dichas autoridades tengan el objeto acabado de señalar, los actos que de ellos deriven guarden una estrecha vinculación con los inicialmente reclamados por la parte quejosa. Al respecto, es menester señalar que con relación al término estrecha relación, y atento a su definición, se considera que debe entenderse como la exacta conexión o correspondencia entre los actos reclamados originalmente con los nuevos propuestos en la ampliación, por su relación de causalidad o conexidad; es decir, es necesaria una vinculación con el acto reclamado en sí, y no simplemente la similitud u homologación del acto inicialmente reclamado. Apoya la anterior consideración la tesis del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página mil cuatrocientos treinta y cuatro, Libro 56, julio de dos mil dieciocho, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2017321, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ESTRECHA RELACIÓN", PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ampliar la demanda contra diversos actos si guardan "estrecha relación" con los inicialmente reclamados. A efecto de precisar el significado de dicha expresión, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el verbo "relacionar" tiene como sinónimo "vincular", que significa "atar o fundar algo a otra cosa"; por su parte, la palabra "estrecho" se define como "ajustado", que es lo que está en extremo unido. De lo anterior, se concluye que la expresión "estrecha relación", no es sino otra forma de decir que la suerte de algo está en extremo unida a la de otra cosa, por lo que si se traslada esa definición al requisito establecido en el artículo aludido, puede sostenerse que dos actos tienen "estrecha relación" entre sí, sin que sea limitativo, cuando 1) el segundo en el tiempo es consecuencia, en todo o en parte, del primero; 2) modifica, amplía o restringe los alcances del primero, total o parcialmente; 3) explica los términos del primigeniamente reclamado; 4) permite su subsistencia, aunque fuere sólo en algún aspecto; o, 5) la destrucción de uno, suponga la del otro, en todo o en partes. En todas esas hipótesis, la suerte del acto reclamado en la demanda original está en extremo unida a la del acto o actos por los cuales pretende ampliarse y, permiten determinar, en cada caso, si es factible admitir la ampliación referida". Es por ello que se insiste, no puede considerarse suficiente que los procedimientos administrativos tengan como objeto la referida granja, para concluir que guardan una estrecha relación con los actos inicialmente reclamados, pues la litis efectivamente planteada en el presente juicio constitucional versa sobre la omisión de las autoridades responsables de garantizar y proteger los derechos humanos de la comunidad de San Antonio Chel, Yucatán; cuando los actos que por esta vía se pretenden reclamar se encuentran encaminados a combatir la legalidad, o en su caso, la ilegalidad de los referidos procedimientos seguidos antes las autoridades mencionadas. En ese sentido, el presente juicio de amparo no puede tener el alcance, como lo pretende la parte quejosa, de determinar si los procesos de mérito se han seguido con apego a la ley que rige a cada uno de ellos, dado que lo anterior, se insiste, no encuentra relación directa con la salvaguarda de derechos fundamentales por la que se instó el presente juicio constitucional, sino con la facultad que cada autoridad ostenta para alcanzar sus propias determinaciones en el ámbito de su competencia. De ahí que, de admitirse la ampliación de demanda intentada, se modificaría la litis constitucional, al tener que atender la legalidad de las actuaciones emitidas en dos procedimientos administrativos distintos, seguidos antes autoridades diversas, en los que se busca determinar si un particular, en el caso, el aquí tercero interesado, ha dado cumplimiento a los requerimientos que la legislación que a cada uno de ellos rige, para operar la granja de que se trata. Lo anterior es así, pues la ampliación de demanda implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o Tribunal; ello, se debe a que si el litigio en el amparo indirecto se fija en torno a la demanda y a los actos reclamados, bien puede suceder que el informe se rinda y que, derivado de su contenido, en él la autoridad responsable dé a conocer al solicitante del amparo, en su caso, los fundamentos y motivos de los actos reclamados, aluda a otros actos, diversos a los reclamados (cuando entre unos y otros exista un vínculo ineludible) y a la participación en la emisión de ellos de autoridades diferentes, hecho que permite al quejoso, mediante la ampliación de la demanda, impugnar esos actos, señalar como responsables a las autoridades respectivas y plantear los conceptos de violación correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1339, Tomo XIX, de enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Por tanto, se estima que no se acreditó la estrecha relación entre los actos inicialmente reclamados y los que se plantean como ampliación, por lo que lo procedente es desechar la misma, en cuanto a los referidos actos se refiere. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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