Jorge Antonio Farah Manzanero
Expediente 279/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Antonio Farah Manzanero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guarda el presente asunto, advirtiéndose del mismo que en proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, con lo informado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado el ocho y trece del actual, respectivamente. Asimismo, con fecha dieciocho de septiembre del año en curso, la parte quejosa presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, y recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, respecto del cumplimiento de la autoridad responsable, con el que manifiesta que se encuentra inconforme con el mismo. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, los datos aportados por las autoridades responsables y las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su memorial que obra agregado en autos de las fojas 126 a 128, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Y, para que el fallo constitucional lograra vigencia real y eficacia práctica, la autoridad responsable debía comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, proporcionara, con la misma prontitud, los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar a cabo la diligencia de mérito, y la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. El tercero interesado Juan de Dios Aguilar López, inconforme con ese fallo, interpuso recurso de revisión, que se registró con el número de toca 194/2017, en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, y el tres de agosto del año en curso, la Superioridad resolvió confirmar la sentencia recurrida. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio CJ/DCL/OD/385/2017, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, informó que se había ordenado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, proporcionara el auxilio de la fuerza pública solicitada por el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 2187, relativo al juicio ejecutivo mercantil 586/2015, situación que notificó al quejoso JORGE ANTONIO FARAH MANZANERO. Por su parte, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio SPP/DJ/23755/2017, y su anexo, informó que se programaron las diez horas con treinta minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la diligencia de mérito, lo cual fue notificado al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado mediante oficio SSP/DJ/23650/2017, de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, según se desprende de la constancia remitida en copia certificada. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a acordar y proporcionar la fuerza pública correspondiente, lo que así hicieron y acreditaron fehacientemente con las copias certificadas que fueron remitidas a este Juzgado. De ahí que se considere destruido el acto omisivo atribuido a las responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Entonces, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Por otro lado, la parte quejosa en su escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, realizó diversas manifestaciones en torno a la vista que se le concedió mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, expresando que no se ha dado total cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, en virtud de que no se ha llevado a cabo el desalojo del predio en cuestión, pues según afirma, la Secretaría de Seguridad Pública no le notificó la fecha y hora de la diligencia. Al respecto debe decirse al quejoso JORGE ANTONIO FARAH MANZANERO, que si bien es cierto que se fijaron las diez horas con treinta minutos del cuatro de septiembre en curso, para el desahogo de la diligencia de desalojo y que a la presente fecha la misma no ha sido practicada, también lo es que el objeto del amparo no fue la materialización o no del desalojo, sino la falta de respuesta a la solicitud de otorgamiento de la fuerza pública, lo que ya ocurrió al señalarse una fecha para tal efecto; de ahí que las autoridades que señaló como responsables, acataron debidamente la sentencia ejecutoriada de conformidad con los efectos para los que fue concedida, de lo que se desprende que se encuentra cabalmente satisfecha la obligación exigida por la ejecutoria de amparo. De igual forma, en lo que respecta a la afirmación de que la Secretaría de Seguridad Pública no le notificó la fecha y hora de la diligencia de desalojo, es importante precisar que de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes, los efectos de la sentencia de amparo fueron para que el Gobernador Constitucional del Estado, de manera inmediata acordara lo conducente al auxilio de la fuerza pública solicitada por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo hiciera del conocimiento del aquí quejoso, lo que así hizo la autoridad responsable, por lo que es inconcuso, que las alegaciones del tercero interesado, son cuestiones ajenas al fallo protector, en virtud de no haber formado parte de la litis central del juicio de amparo. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guarda el presente asunto, advirtiéndose del mismo que en proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, con lo informado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado el ocho y trece del actual, respectivamente. Asimismo, con fecha dieciocho de septiembre del año en curso, la parte quejosa presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, y recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, respecto del cumplimiento de la autoridad responsable, con el que manifiesta que se encuentra inconforme con el mismo. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, los datos aportados por las autoridades responsables y las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su memorial que obra agregado en autos de las fojas 126 a 128, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordara lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Y, para que el fallo constitucional lograra vigencia real y eficacia práctica, la autoridad responsable debía comunicar sobre el acatamiento al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que, recibido que fuere el oficio respectivo de su superior jerárquico, proporcionara, con la misma prontitud, los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar a cabo la diligencia de mérito, y la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. El tercero interesado Juan de Dios Aguilar López, inconforme con ese fallo, interpuso recurso de revisión, que se registró con el número de toca 194/2017, en el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, y el tres de agosto del año en curso, la Superioridad resolvió confirmar la sentencia recurrida. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio CJ/DCL/OD/385/2017, el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, informó que se había ordenado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, proporcionara el auxilio de la fuerza pública solicitada por el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 2187, relativo al juicio ejecutivo mercantil 586/2015, situación que notificó al quejoso JORGE ANTONIO FARAH MANZANERO. Por su parte, el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio SPP/DJ/23755/2017, y su anexo, informó que se programaron las diez horas con treinta minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la diligencia de mérito, lo cual fue notificado al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado mediante oficio SSP/DJ/23650/2017, de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, según se desprende de la constancia remitida en copia certificada. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a acordar y proporcionar la fuerza pública correspondiente, lo que así hicieron y acreditaron fehacientemente con las copias certificadas que fueron remitidas a este Juzgado. De ahí que se considere destruido el acto omisivo atribuido a las responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Entonces, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Por otro lado, la parte quejosa en su escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, realizó diversas manifestaciones en torno a la vista que se le concedió mediante proveído de siete de septiembre del año en curso, expresando que no se ha dado total cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, en virtud de que no se ha llevado a cabo el desalojo del predio en cuestión, pues según afirma, la Secretaría de Seguridad Pública no le notificó la fecha y hora de la diligencia. Al respecto debe decirse al quejoso JORGE ANTONIO FARAH MANZANERO, que si bien es cierto que se fijaron las diez horas con treinta minutos del cuatro de septiembre en curso, para el desahogo de la diligencia de desalojo y que a la presente fecha la misma no ha sido practicada, también lo es que el objeto del amparo no fue la materialización o no del desalojo, sino la falta de respuesta a la solicitud de otorgamiento de la fuerza pública, lo que ya ocurrió al señalarse una fecha para tal efecto; de ahí que las autoridades que señaló como responsables, acataron debidamente la sentencia ejecutoriada de conformidad con los efectos para los que fue concedida, de lo que se desprende que se encuentra cabalmente satisfecha la obligación exigida por la ejecutoria de amparo. De igual forma, en lo que respecta a la afirmación de que la Secretaría de Seguridad Pública no le notificó la fecha y hora de la diligencia de desalojo, es importante precisar que de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes, los efectos de la sentencia de amparo fueron para que el Gobernador Constitucional del Estado, de manera inmediata acordara lo conducente al auxilio de la fuerza pública solicitada por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y lo hiciera del conocimiento del aquí quejoso, lo que así hizo la autoridad responsable, por lo que es inconcuso, que las alegaciones del tercero interesado, son cuestiones ajenas al fallo protector, en virtud de no haber formado parte de la litis central del juicio de amparo. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos, para los efectos legales correspondientes, el escrito del quejoso **********, con el que desahoga la vista otorgada en acuerdo de siete de septiembre del año en curso, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable, resérvese para ser tomada en consideración, al resolverse sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos el oficio SSP/DJ/24865/2017, rendido por el Jefe de Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en auto de veintiuno de agosto del presente año, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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