Jorge Andres del Jesus Negron Miranda
Expediente 1283/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Andres del Jesus Negron Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
SENTENCIA VISTO, para resolver el juicio de amparo 1283/2022-II-B, promovido por ******************** y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los acto que reclamó a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad, de México, su Director y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por auto de dos de junio siguiente se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le competía y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 57 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: La emisión del oficio ******************** de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, por el que se le niega la autorización para consumo personal de Cannabis Sativa (Indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10a), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, su Director y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, pues así se advierte de su informe justificado rendido por conducto de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la nación, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se pronunció respecto a la Declaratoria General de inconstitucionalidad 1/2018, respecto a la Ley General de Salud. El artículo 61, fracción VIII, de la citada ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; .". Ahora, en el caso la parte quejosa reclama el ******************** de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mediante el cual se le niega su solicitud para el uso lúdico y recreativo del estupefaciente cannabis sativa. Así como la falta de promulgación y publicación de una ley para el consumo moderado, ordenado, pacífico y exclusivo de la cannabis sativa para su persona. En el caso interesa la declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en los artículos 42, 43, 59, 72 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta declaratoria surge en dos procesos constitucionales denominados controversias y acciones de constitucionalidad. En las controversias constitucionales, si el juzgador concluye que una autoridad emitió una disposición de carácter general -por ejemplo una ley- al ejercer facultades que le competen a otro poder o nivel de gobierno, la disposición impugnada podría declararse inválida y quedar sin efectos respecto de todas las personas. Para que esto suceda es necesario que la controversia se haya promovido en alguno de los casos siguientes: - Contra disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación. - Contra disposiciones generales de los Municipios impugnadas por los Estados. - Por conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, cualquiera de sus Cámaras o la Comisión Permanente. - Por conflictos entre dos Poderes de un mismo Estado o entre dos órganos de gobierno de la ahora Ciudad de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. En el caso de que se cumpla alguna de dichas condiciones (en términos de los artículos 42 y 43 de la ley enunciada), la disposición impugnada perdería sus efectos generales -es decir, no podría ser aplicada a persona alguna- pero únicamente en el caso de que la resolución emitida por Suprema Corte de Justicia de la Nación sea aprobada por el voto de ocho o más de sus Ministros. En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación calificada, el Pleno del Máximo Tribunal de la República declarará desestimadas dichas controversias. En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. En tanto, en las acciones de inconstitucionalidad, ahora -conforme lo disponen los artículos 42, 43, 59 y 73 de la ley citada- los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o ley, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de ocho o más de sus Ministros. En el caso específico, se trae como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó declarar la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud respecto a sus artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo. Por decisión de la mayoría de sus integrantes el Tribunal Constitucional de nuestro País determinó, en esencia que dicha Ley resultaba inconstitucional en la porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos". Asimismo, una parte de sus miembros, se pronunció sobre el uso lúdico y recreativo del estupefaciente denominado cannabis. Con esta resolución la Suprema Corte dio por terminada la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal. Misma que resulta obligatoria para el suscrito, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 116/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 174314, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Página 213, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA. La circunstancia de que no se haya publicado tesis de jurisprudencia relativa a una acción de inconstitucionalidad en cuya resolución se declaró la invalidez de alguna norma general, no es óbice para que los Tribunales Colegiados de Circuito apliquen el criterio sostenido en ella, pues de conformidad con el artículo 43, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria y conforme al artículo 44 de la ley citada, la resolución se inserta de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación así como en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Además, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas en esos términos, se entienden comprendidas en el supuesto a que se refiere el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2001, que establece: "QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia." Por tanto, considerando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, en la porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos"; y se pronunció sobre el uso lúdico y recreativo del estupefaciente denominado cannabis; con ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ya que sobre el tema central sobre el cual versa la presente demanda ya existe criterio por el Máximo Tribunal del País, en el que decretó la declaración general de inconstitucionalidad sobre la norma impugnada sobre la cual se basa el acto reclamado negativo de la solicitud planteada por el quejoso a la autoridad responsable. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que como acto reclamado no se controvierta en forma directa la norma; sin embargo, dado que para el análisis del oficio reclamado resulta indispensable estudiar la constitucionalidad de los preceptos legales que como sistema normativo se contienen en el mismo, que constituyen la base de la negativa, es que se actualiza la causal de improcedencia referida. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos que reclamó de las responsables, por el motivo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto: toda vez que de las constancias que obran en autos, se desprende que se encuentra pendiente de transcurrir el término de ocho días hábiles con relación a la vista que se dio del oficio y anexo que se relacionan en el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, correspondiente a la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, quien compareció en representación de dicha Comisión y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que está señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos, el oficio sin número de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, en representación de dicha Comisión y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el que en relación al requerimiento formulado por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo a que se refiere. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos, el oficio sin número de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, en representación de dicha Comisión y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con el que en relación al requerimiento formulado por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo que refiere; afecto a este juicio. Al efecto, téngase por cumplido el requerimiento de mérito, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese
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