Jorge Alberto Puebla Arce

Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
134/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Puebla Arce

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito por el cual ******************** en su carácter de defensor particular del quejoso ********************, da cumplimiento a la prevención que se le formuló el dos de febrero de dos mil veintitrés. En esas condiciones, se tiene por desahogado el requerimiento formulado al promovente, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que fuera conminado en el citado proveído. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO El defensor particular del quejoso ********************, reclama de La Coordinadora de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades: La negativa de reducir hasta en un tercio la pena mínima del delito que se imputa al quejoso de violación equiparada (hipótesis de copula con una menor de quince años), en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. DESECHAMIENTO Atento a lo anterior, el juicio intentado es improcedente al advertirse que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Precepto legal que guarda vinculación con el diverso numeral 5º, de la propia Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, el defensor particular del quejoso se duele de la negativa de reducir hasta en un tercio la pena mínima del delito que se imputa a éste último de violación equiparada (hipótesis de copula con una menor de quince años), en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la medida de que tal negativa no se ajusta lo señalado por el citado artículo. Sentado lo anterior, es menester tener presente que, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador." La porción normativa transcrita señala la oportunidad en la que el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado, esto es, después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. De igual forma, establece las modalidades para la solicitud de la reducción de las penas, a saber: Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. Como puede verse, la facultad para la solicitar la apertura del procedimiento abreviado y la cuantía de la reducción de la pena, es exclusiva del Ministerio Público. Por su parte, el artículo 204 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales alude a la oposición de la víctima u ofendido, estableciendo que éstos tienen la posibilidad de oponerse fundadamente a la apertura de dicho procedimiento, únicamente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. De igual manera, el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. Luego, como el acto reclamado versa sobre la negativa de reducir hasta un tercio la pena mínima del delito que se imputa al quejoso de violación equiparada (hipótesis de copula con una menor de quince años), en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se estima que el juicio de amparo es improcedente, ya que el acto reclamado se traduce en la falta de acuerdo, conformidad, conciliación o pacto entre el agente del Ministerio Público de Litigación y el acusado y su defensa para dar por terminado anticipadamente el proceso. En efecto, si bien la solicitud de apertura del procedimiento abreviado es facultad del Ministerio público, esa solicitud implica que el acusado consiente la tramitación del procedimiento abreviado, como el porcentaje en que se reducirá la pena mínima que se propondrá al Juez de control, pues así, lo prevé el segundo párrafo, del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales al estatuir: "Artículo 206. Sentencia [.] No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado." De dicho dispositivo legal, también se advierte que el Juez de control, no está supeditado a confirmar la reducción de la pena en los términos solicitados por la autoridad ministerial, ya que no le es vinculante la proposición de la pena que se haga en el citado procedimiento abreviado, toda vez que la única limitante que tiene el juzgador, se encuentra establecida en el párrafo segundo, del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estatuye que no puede imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. En ese tenor, el acto reclamado, contrariamente a lo señalado por el promovente, no afecta la esfera de derechos fundamentales del directo quejoso, pues alude a un desacuerdo entre las partes del proceso, y denota que no existe conciliación por no aceptar el acusado la pena aprobada por el Fiscal de Litigación, lo cual no es susceptible de analizarse en la instancia constitucional. Ello en virtud de que, ante la falta de un arreglo posible entre las partes, debe continuarse con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario y no seguir suspendiendo la audiencia intermedia, habida cuenta que ese beneficio -reducción de la pena- está sujeto a la conciliación con el agente del Ministerio Público de Litigación; de ahí que, no existe afectación alguna en los derechos fundamentales de los gobernados cuando no se llega a un acuerdo para obtener el citado beneficio. Por tanto, si la autoridad ministerial rechazó la solicitud del quejoso para reducir aún más la pena mínima del delito que se le imputa, como propuesta para dar por terminado de manera anticipada la controversia penal; contra esa negativa de la representación social es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues tales actos no causan una afectación real y actual a su esfera jurídica; de ahí que se actualice la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, el criterio visible en la tesis I.6o.P134 P (10a.), consultable en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD PARA SOLICITAR SU APERTURA Y LA REDUCCIÓN DE LA PENA ES EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE SI ÉSTE RECHAZÓ LA SOLICITUD DEL IMPUTADO DE REDUCIR AÚN MÁS LA PENA MÍNIMA PROPUESTA EN ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONTRA ESA NEGATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el andamiaje constitucional y procesal que rige en el sistema penal acusatorio, la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena mínima en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una facultad exclusiva del Ministerio Público, tan es así que el artículo 206, párrafo segundo, establece que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por la Representación Social y aceptada por el imputado; de ahí que no existe a favor de éste el derecho de intervenir en la disminución de la pena. Por tanto, si la autoridad ministerial (fiscal de litigación de la Subprocuraduría de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México) rechaza la solicitud de aquél de reducir aún más la pena mínima propuesta en esta forma de terminación anticipada, contra esa negativa es improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, relativa a la falta de interés jurídico, ya que el acto reclamado no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues sólo evidencia que las partes no han llegado a un acuerdo y que no existe conciliación, al no aceptar el imputado la pena aprobada para la terminación anticipada del proceso y, ante la falta de arreglo posible, el juicio debe continuar conforme a las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario." Así pues, no se surte el interés jurídico o legítimo del director quejoso para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, de ahí que se concluya en que se deba desechar la demanda planteada en su contra, al actualizarse la aludida causal de improcedencia. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con la fracción XII, del artículo 61, y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ******************** en su carácter de defensor particular del quejoso ********************, por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. REGISTRO Agréguese la demanda promovida por ********************por conducto de su defensor particular ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la legislación en cita, regístrese bajo el número 134/2023-III-B. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, lo cual tendrá que desahogarse en el presente sumario. Entonces, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para en el plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación; bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Precise el acto que reclama a través del juicio de amparo; pues si bien en el apartado respectivo refiere como tal: "LA NEGATIVA DE REDUCCIÓN DE HASTA UN TERCIO DE LA PENA MÍNIMA EN EL DELITO DE VIOLACIÓN EQUIPARADA (HIPÓTESIS DE COPULA A UNA MENOR DE QUINCE AÑOS), en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales .." También es cierto que, en el numeral octavo, párrafo segundo del apartado relativo a sus antecedentes señala: "En fecha 01 de septiembre de 2022, mediante oficio número ********************, signado por el suscrito Pedro Vargas Nava, se dio atención a su solicitud sobre la causa de mérito, por lo anterior se le solicita respetuosamente, informe al abogado defensor de dicha determinación, así como que se encuentra sustentada en los lineamientos y protocolos mediante los cuales se rige la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que no es posible sujetarla a los cambios peticionados." Lo anterior genera incertidumbre, ya que por una parte como acto destacado reclama la negativa a que se le reduzca la pena del delito que se le imputa (violación equiparada), y por otra, se advierte que se duele del oficio de uno de septiembre de dos mil veintidós, en el cual le fueron expuestos los motivos por los cuales se estableció que no era procedente la aprobación del procedimiento abreviado en los términos que lo había solicitado. De ahí que se estime necesario que el promovente aclare cuál es el acto que tilda de inconstitucionalidad en el presente sumario, es decir, deberá precisar si como acto reclamado señala la negativa a que se le reduzca la pena del delito que se le imputa; o bien, si el acto reclamado es el contenido del oficio ********************, fechado el uno de septiembre de dos mil veintidós, en el que se estableció que su petición para la aprobación del procedimiento abreviado no era posible sujetarla a los cambios que solicitó. En el entendido de que una vez que aclare el acto reclamado en los términos solicitados, deberá precisar a qué autoridad se lo atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior en la parte conducente, el criterio federal sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.(9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Marzo de 1996; Pág. 871) Señale el estado procesal del juicio de origen. Prevención que se sustenta en razón de que, como está planteada la demanda, no está en posibilidad de establecer el acto que tila de inconstitucional dentro del presente sumario. APERCIBIMIENTO. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente del amparo que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados dentro del plazo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS Con independencia de lo anterior, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de su legal notificación: Informe el estado procesal que guarda la carpeta administrativa ********************de su índice. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 14 de la Ley de Amparo, comunique a este Juzgado si ********************, tiene el carácter de abogado defensor de ********************dentro de la citada carpeta. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento, que en caso de ser omiso a dichos requerimientos, o no manifestar su imposibilidad para tal efecto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. DOMICILIO Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, sin previo acuerdo, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO. Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, en torno a las respectivas solicitudes en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga.

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