Jorge Alberto Muñoz Bustos

Expediente 1389/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1389/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Muñoz Bustos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso revisión; recurso del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien en los autos del amparo en revisión 72/2018, en sesión de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, resolvió revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder el amparo, para el efecto de que, la Sala Unitaria Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: a) Dejara insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca penal 27/2017, a través de la cual determinó confirmar la diversa de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada en los autos de la causa penal 01/2017, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México, en la que se negó librar la orden de aprehensión solicitada contra Iván Sebastián Guzmán Gómez, por ser probable responsable en la comisión del delito de falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 156, fracción II, del Código Penal para el Estado de México, vigente en la época de los hechos. b) Emitiera una nueva resolución, en la que, con libertad de jurisdicción, determinara nuevamente de manera fundada y motivada si procedía o no librar orden de aprehensión en contra de Iván Sebastián Guzmán Gómez, como probable responsable en la comisión del delito de falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 156, fracción II, del Código Penal para el Estado de México, vigente en la época de los hechos, absteniéndose de considerar las resoluciones pronunciadas en los autos de la causa penal 246/2006, toca de apelación 10/2009 y amparo directo 105/2009, como pruebas contrarias a los indicios que ahora se aportan, por el hecho de constituirse como documentales públicas; concretándose exclusivamente al nuevo material probatorio venido después de dictada la sentencia condenatoria, y limitándose a las exigencias del artículo 16 Constitucional referentes sólo a la presencia de un hecho delictuoso y la probabilidad de participación de los implicados, todo a título de valoración preliminar y no con el estándar del dictado de una sentencia definitiva. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México. Por auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, se requirió su cumplimiento; por lo que el Magistrado Presidente de la Sala Unitaria Penal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, a través del oficio 698, presentado el once de julio del año en curso ante este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada del acuerdo emitido por esa autoridad en esa misma data, del que se aprecia que en inicial acatamiento a la ejecutoria de amparo, esa autoridad responsable dejó sin efecto la sentencia de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca 27/2017, por el Presidente de la extinta Sala Penal de Toluca, ahora fusionada a la Sala Unitaria Penal del Estado de México, a través de la cual determinó confirmar la diversa de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada en los autos de la causa penal 01/2017, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México, y se turnaron los autos a fin de que se dictara la resolución ordenada. Luego, mediante oficio 725 presentado el uno de agosto del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y el dos siguiente en este órgano de control constitucional, el Magistrado Presidente de la Sala Unitaria Penal del Estado de México adjuntó copia certificada de la resolución emitida por esa autoridad el uno del referido mes y año. De dicha determinación se advierte que, la Sala responsable atendiendo a lo expuesto en la ejecutoria de amparo y limitándose a las exigencias del artículo 16 Constitucional referentes sólo a la presencia de un hecho delictuoso y la probabilidad de participación de los implicados, todo a título de valoración preliminar y no con el estándar del dictado de una sentencia definitiva, determinó que los motivos de disenso expuestos por el fiscal adscrito al juzgado de origen resultaban fundados y suficientes para revocar el auto por el que se negó la orden de aprehensión solicitada por el representante social recurrente. Lo anterior era así, pues como lo sostenía el fiscal apelante, en cuanto que la línea argumentativa expuesta por el juzgador de origen infringía lo establecido por el código sustantivo penal en su numeral 156, fracción II, porque en la descripción típica del delito de falso testimonio no se requiere la existencia de una declaración previa en el sentido de ser falso un testimonio, para que pueda librarse la orden de captura solicitada por el representante social. Por tanto, agregó, al haberse sostenido por el juez de primera instancia que la orden de captura no podía ser emitida, ante la falta de declaratoria previa en ese sentido, era manifiesto que con ese actuar había vulnerado el principio de congruencia que regía en la especie, pues era precisamente al resolver sobre la petición efectuada por la fiscalía, que le correspondía al natural llevar a cabo el ejercicio de ponderación del material probatorio de autos, con miras a determinar si existía la base sustentable para considerar colmados los elementos del cuerpo del delito, y si esas probanzas hacían probable la responsabilidad del inculpado en su comisión, al tenor de lo previsto por los artículos 121 y 128 del Código de Procedimientos Penales abrogado, de aplicación ultractiva al caso. Enseguida, la responsable llevó a cabo el análisis pormenorizado de las constancias procesales que conformaban la causa 01/2017, lo cual efectuó de manera fundada y motivada. Ello es así, pues tomó en consideración la declaración vertida por el denunciante Jorge Alberto Muñoz Bustos, así como los testimonios de Arturo Arizmendi Hernández y Raymundo Jonathan Álvarez, los cuales valoró en términos de los artículos 12, 13, 15, 16, 17, 19, 70, 103, 196, 198, 201, 202, 203 y 204, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, de aplicación ultractiva al caso; pues en relación al primero, indicó que su declaración por escrito había sido ratificada ante el Ministerio Público investigador, no sin antes rendir protesta en términos de ley para que el declarante se condujera con verdad en esa actuación; aunado a que éste había tenido conocimiento personal y directo de los eventos materia del proceso, al tratarse del sujeto que directamente resintió el actuar ilícito del inculpado, en cuanto a que éste lo incriminó dolosamente como uno de los sujetos responsables del homicidio calificado de la persona que en vida respondiera al nombre de Arturo Efraín Arizmendi Hernández, lo que a la postre dio lugar a que resintiera sentencia condenatoria por ese evento; en tanto que, respecto a los dos últimos, sus declaraciones se observaban espontáneas y convincentes sobre la dinámica del falso testimonio actualizado, pues revelaban de manera coincidente y verosímil cómo fue que al estar en las oficinas del órgano investigador, con sede en el Municipio de Tonatico, Estado de México, a ese lugar acudió el propio declarante Arturo Arizmendi Hernández, le ofreció a Iván Sebastián Guzmán Gómez la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos), a cambio de que incriminara a Jorge Alberto Muñoz Bustos, como uno de los sujetos que intervino en el hecho delictuoso, no obstante que tal señalamiento no era acorde con la realidad. Asimismo, tomó en consideración la declaración rendida por el agente del delito, Iván Sebastián Guzmán Gómez, respecto del cual indicó que éste asumió la postura consistente en admitir expresamente la realización de la conducta delictiva que se le imputaba, lo cual llevó a cabo en términos de los artículos 194 y 195 de la legislación adjetiva invocada. De igual manera, se advierte que se abstuvo de considerar las resoluciones pronunciadas en los autos de la causa penal 246/2006, toca de apelación 10/2009 y amparo directo 105/2009, como pruebas contrarias a los indicios que se aportaban, por el hecho de constituirse como documentales públicas; pues consideró que tales probanzas no cobraban relevancia en la acreditación de los elementos del cuerpo del delito en estudio. Así, la responsable arribó a la conclusión de que se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de falso testimonio, previsto y sancionado en el artículo 156, fracción II, del Código Penal para el Estado de México, vigente en la época de los hechos, y se hacía probable la responsabilidad del inculpado en su comisión. Corolario de lo anterior, con libertad de jurisdicción, determinó que era procedente revocar el auto por el que se emitió la negativa a librar la orden de aprehensión apelado y, en su lugar, determinar que sí procedía librar orden de aprehensión en contra de Iván Sebastián Guzmán Gómez, como probable responsable en la comisión del delito de falso testimonio. Del examen de las documentales que anexó el Magistrado de la Sala responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que éste atendió a los efectos del fallo protector, pues a través del acuerdo emitido por esa autoridad el once de julio de dos mil dieciocho, en inicial acatamiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca penal 27/2017, a través de la cual determinó confirmar la diversa de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dictada en los autos de la causa penal 01/2017, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México, en la que se negó librar la orden de aprehensión solicitada contra Iván Sebastián Guzmán Gómez, por ser probable responsable en la comisión del delito de falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 156, fracción II, del Código Penal para el Estado de México, vigente en la época de los hechos. Asimismo, dicha responsable el uno de agosto de dos mil dieciocho emitió la resolución, por la que, de manera fundada y motivada, revocó el auto por el que se emitió la negativa a librar la orden de aprehensión apelado, lo cual llevó a cabo, absteniéndose de considerar las resoluciones pronunciadas en los autos de la causa penal 246/2006, toca de apelación 10/2009 y amparo directo 105/2009, como pruebas contrarias a los indicios que ahora se aportaban, por el hecho de constituirse como documentales públicas; concretándose exclusivamente al nuevo material probatorio venido después de dictada la sentencia condenatoria, y limitándose a las exigencias del artículo 16 Constitucional referentes sólo a la presencia de un hecho delictuoso y la probabilidad de participación de los implicados, todo a título de valoración preliminar y no con el estándar del dictado de una sentencia definitiva; y, con libertad de jurisdicción, resolvió lo que legalmente correspondía. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, solicita una prórroga a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y acusa recibo del oficio 20681/2018. De lo anterior se toma conocimiento, y con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 258 de Ley de Amparo, se concede por única ocasión la prórroga de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído para que dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de nueve de julio de dos mil dieciocho, es decir cien unidades de medida y actualización.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano